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El Ayuntamiento prevé rebajar su deuda amortizando créditos y reduciendo inversiones

El Ayuntamiento de Zaragoza va a dedicar 21,1 millones de los 25 millones del remanente de tesorería, inicialmente previstos para inversiones financieramente sostenibles, a amortizar deuda y sanear la situación económica municipal, lastrada después de que el Ministerio de Hacienda le haya imputado los 189 millones de deuda del tranvía. Además, al estar prorrogado el presupuesto de 2018 no se solicitarán los 23 millones de créditos bancarios previstos en el proyecto de 2019. El objetivo es que la deuda municipal a final de año esté por debajo del 110% de su capacidad económica, límite legal que impide solicitar préstamos o acudir al Fondo de Impulso Económico (FIE) estatal que permitiría afrontar pagos de sentencias contrarias al Ayuntamiento, como la de FCC u otras.

Las medidas se inscriben dentro de un reajuste del plan de deuda municipal, que permitiría dejar el nivel de endeudamiento el 31 de diciembre en un máximo del 109,96% y que ahora, tras la imputación de la deuda del tranvía, se sitúa en un 116,9%, lo que impide al Consistorio acudir a financiación externa para inversiones.

El concejal de Hacienda, Fernando Rivarés (ZeC), ha presentado este martes 15 de abril el citado plan, que contempla un cambio drástico en la política económica del gobierno municipal de ZeC, donde en ningún caso se preveía destinar a amortización de deuda los fondos del remanente de tesorería, previstos inicialmente para inversiones.

El cambio se aplica, según Rivarés, “por un ejercicio de responsabilidad, para que el próximo Ayuntamiento que surja de las elecciones no esté hipotecado por la cuantía de la deuda y la imposibilidad de acudir a créditos o al FIE”.

Finanzas bloqueadas

El concejal de Economía ha insistido en que la imputación de la deuda del tranvía es “injusta y una aberración contable”, por lo que seguía adelante la previsión de su gobierno de acudir a los tribunales para tratar de rebatir la decisión de Hacienda.

Pero la resolución de ese hipotético contencioso “puede tardar tres años y entre tanto la situación financiera del Ayuntamiento no puede estar bloqueada”, ha indicado el concejal de ZeC.

Rivarés ha esgrimido un correo electrónico de responsables de la Hacienda estatal en el que se da el visto bueno al plan de reajuste de deuda porque “las previsiones son correctas, prudentes y se asume íntegramente la deuda del tranvía” (imagen superior de zaragoza.es)

Con ese respaldo de las autoridades estatales, Rivarés ha contactado con los grupos de PSOE y CHA para tratar de garantizarse su apoyo al reajuste del plan de deuda en el Pleno del próximo día 30 de abril. A ese respecto ha indicado que CHA ya le ha mostrado su buena disposición, mientras sigue pendiente el pronunciamiento del PSOE.

Próximo presupuesto

A partir de la hipotética aprobación plenaria, el reajuste se pondría en marcha de forma que la próxima Corporación, en torno al mes de septiembre, pueda pergeñar un nuevo presupuesto para 2019 en el que no se contemplaría la captación de préstamos externos con destino a inversiones para no elevar el nivel de deuda y porque “no tendría mucho sentido pensar en inversiones para tres meses de ejercicio presupuestario”, ha matizado Rivarés.

El nuevo presupuesto sí que podría solicitar fondos del FIE para hacer frente a las sentencias condenatorias que implican pagos millonarios por parte del Ayuntamiento zaragozano, así como hacer frente a la deuda del tranvía, porque ambos conceptos se han tenido en cuenta en los cálculos de los actuales responsables municipales en sus planes de reducción de la deuda.

A ese respecto, Rivarés ha precisado que el máximo que puede solicitar al FIE la Corporación zaragozana son 27 millones de euros pero para hacer frente a las necesidades actuales bastaría con pedir 11 millones.

Rivarés precisa que a FCC se le tienen que pagar menos de 10 millones y se hará con una revisión de la deuda

El consejero municipal de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha precisado que a FCC, que gestiona la contrata de limpieza viaria, habrá que abonarle menos de 10 millones de euros por las revisiones de precios de los años 2011 a 2013 a las que varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) condena al consistorio a pagar a la multinacional. El Tribunal Supremo ha inadmitido los recursos municipales y ahora el Consistorio ha de hacer frente a los pagos mediante un reajuste de la deuda municipal.

Rivarés ha desmentido que sean 50 millones tal y como había indicado la empresa FCC que, según Rivarés, había hecho un cálculo de la proyección que supondrían esas revisiones de precios a partir de 2014 y sobre las que se ha mostrado partidario de hacer un plan negociado de pagos con FCC “como se he hecho con otros pufos”.

En rueda de prensa, Rivarés ha explicado que son tres sentencias. La primera es de una revisión de precios de mano de obra de 2009 que condena al Ayuntamiento a pagar 181.0000 euros, que “no es problema porque se paga del Fondo de Contingencia del Ayuntamiento”.

La segunda sentencia atañe a la revisión de precios de 2010 y 2011 y obliga a pagar 6 millones de euros más intereses, que se tiene que abonar íntegra; y la tercera sentencia es de los años 2012 y 2013 y condena al pago de 10,8 millones de euros, que ya está pagada, más intereses, que están pendientes de abonar.

Pagos de menos de 10 millones

De esta forma, se tendría que pagar los 6 millones con sus intereses de la segunda sentencia y los intereses de la tercera que ascienden a un millón de euros aproximadamente, lo que sumaría menos de 10 millones de euros, ha calculado Rivarés.

“Se pagarán cuando las sentencias sean firmes y falta mes o mes y medio y se abonarán de dos formas” ha subrayado el concejal. Se propondrá un reajuste del plan de reducción de deuda que se consultará con el Ministerio de Hacienda, que permita bajar a finales de este año el nivel de endeudamiento al 109 por ciento.

Al llegar a ese nivel de endeudamiento se permitirá pedir dinero del Fondo de Impulso Económico (FIE) para pagar los “pufos del pasado” así como pedir préstamos bancarios a un interés del 0,4 por ciento y eliminar los préstamos actuales del 1,3 por ciento. “Se amortizará mucha deuda y se seguirá en los límites legales del endeudamiento para pedir préstamos bancarios”.

Críticas al Tribunal Supremo

Asimismo, ha matizado que el Tribunal Supremo al inadmitir los recursos del Ayuntamiento sobre las sentencias del TSJA a estas revisiones de precios que pide FCC “lo que está diciendo es que no opina sobre quien tiene la razón y no entra en la versión del TSJA”. “El Supremo desaparece como tribunal de apelación y eso es grave”.

Ha recordado que en otras sentencias sobre revisiones de precios de mano de obra, pero de la anterior contrata de autobús urbano, Tuzsa, el TSJA dio la razón al Ayuntamiento y evitó que la hacienda municipal desembolsara 12 millones de euros.

Rivarés ha criticado la forma en cómo se pleiteaba en anteriores mandatos en los que “se dio patada para adelante pero si se hubieran pagado las sentencias, hubiera sido infinitamente menor la cuantía porque la ciudad se habría evitado intereses”.

Críticas a anteriores gestores municipales

Al respecto, ha señalado que esta corporación ha pagado más de 105 millones de euros en sentencias condenatorias y el anatocismo (intereses sobre intereses) de 34 millones de euros.

Asimismo, ha considerado que cuando FCC cobre el pago de estas sentencias el Gobierno de Zaragoza “da por hecho que aumentará el sueldo de la plantilla de FCC que está congelado desde 2009” y se ha preguntado si lo hará después de diez años.

Ha observado que cuando FCC reclame las revisiones de precios a partir de 2014 afectará a las próxima legislatura y la siguiente hasta el 2027 y “es un drama para la ciudad y tiene responsables porque son sentencias de impagos de 2009 a 2014”.