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La Junta Electoral acepta el recurso de CHA y revisa el recuento de votos en Zaragoza

La Junta Electoral de Zaragoza ha aceptado el recurso de Chunta Aragonesista (CHA) y revisará las actas de escrutinio de las 800 mesas electorales de la capital aragonesa y del resto del partido judicial de Zaragoza. El proceso ha comenzado a las 10.00 horas de este sábado.

CHA ha presentado el recurso después de que haya perdido su representación en la Diputación Provincial de Zaragoza, ya que, tras un recuento de los votos y detectarse un error en el escrutinio, su escaño se ha decantado para el PSOE.

En concreto, con este recuento de 26 mesas electorales, Chunta ha perdido 210 sufragios en la capital aragonesa, mientras que el PSOE habría ganado hasta 2.400 más.

Este error se ha registrado en la aplicación informática y ha afectado al recuento de votos en varios puntos de España.

El Ayuntamiento lleva a los tribunales el cómputo de la deuda del tranvía impuesto por Hacienda

El Ayuntamiento de Zaragoza va a interponer un recurso contencioso administrativo contra el Ministerio de Hacienda por incluir la deuda del tranvía en el cómputo total, lo que actualmente impide al Consistorio acudir a financiación externa para realizar inversiones.

El Ayuntamiento lleva este asunto a los tribunales después de que la secretaría general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda no haya admitido el requerimiento previo presentado por el Consistorio el pasado 22 marzo.

En este documento se exigía al Ministerio que rectificara el cómputo por “no ajustarse a Derecho”, explica el Ayuntamiento en un comunicado.

Fuentes municipales insisten en que Hacienda ha cambiado los criterios de cálculo y ha elevado la deuda municipal de la ciudad hasta los 189 millones de euros al incluir en ella toda la deuda del tranvía.

El Consistorio recuerda que durante los últimos diez años esta deuda del tranvía no había computado y que el Ayuntamiento es socio minoritario de la sociedad mixta Zaragoza que gestiona el tranvía, al poseer “sólo el 20 % del accionariado”.

El TACPA desestima el recurso de FCC al pliego de Parques y Jardines y le multa con 15.500 euros

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) ha desestimado el recurso que FCC interpuso contra los pliegos del Gobierno de Zaragoza de Parques y Jardines y ha multado a la contrata con 15.500 euros por “mala fe”.

Esta nueva sentencia dada a conocer este viernes por el tribunal aprecia la concurrencia de “temeridad y mala fe” en la interposición del recurso por parte de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), por lo que le obliga a pagar esta multa.

Un pliego de condiciones que, tal y como ha descrito el consejero de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, no era “un cheque en blanco” para la empresa.

“Este pliego de condiciones incluía un 33 % más de inversión en el servicio, pero no era un cheque en blanco, sino que estaba sujeto a cuestiones laborales, ambientales de género con criterios ecologistas y laborales”, ha matizado.

Pliego paralizado un año

En este sentido, ha celebrado en una rueda de prensa la recién conocida sentencia, que da la razón al consistorio, aunque ha considerado que la cantidad fijada por el TACPA es poca.

“Me parece que 15.500 euros por haber tenido un pliego de condiciones de 65 millones de euros paralizado durante un año y medio es muy barato”, ha manifestado el concejal de Zaragoza en Común (ZeC).

Aún así, se ha congratulado de la resolución del tribunal aragonés al considerar que “ya no es ZeC ni un loco comunista” quien dice que empresas como FCC actúan de mala fe.

De hecho, ha señalado que estas grandes empresas son “un cáncer” para las ciudades, y con los cánceres, ha continuado, “lo que hay que hacer es extirparlos”.

Proceso de adjudicación

En cuanto al proceso de adjudicación de Parques y Jardines, tareas que actualmente continúa prestando FCC en reconocimiento de obligaciones, Cubero ha anunciado que “en breves días” concluirá un informe final que da luz verde a conocer la nueva empresa adjudicataria.

Y aunque la previsión es que en “una semana o diez días” pueda estar adjudicado el nuevo pliego, el edil ha incidido en que “eso no quiere decir que la empresa empiece a operar al día siguiente”.

En cualquier caso, se ha congratulado por que en ese momento “ya estará cerrado este proceso y anulada la mala fe de FCC”.

Preguntado por el número de propuestas que han concurrido al concurso, el consejero municipal ha apelado a la rigurosidad del proceso, aunque sí que ha adelantado que el consistorio ha recibido “bastantes ofertas”.

Una decena de entidades recurren la licencia comercial otorgada por la DGA a Torre Village

Una decena de entidades entre asociaciones, sindicatos y partidos políticos han presentado un recurso de Reposición ante el Gobierno de Aragón contra la licencia comercial concedida por éste a la gran superficie Torre Village que se promueve en los antiguos terrenos de Pikolín de la carretera de Logroño en Zaragoza. El recurso se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) sentenciara contra el plan especial municipal otorgado a esta iniciativa gracias a los votos de PP, PSOE y Cs, grupos que, pese al fallo judicial, han seguido facilitando la vía administrativa al polémico centro comercial.

En el recurso, los firmantes argumentan una ausencia de planeamiento urbanístico válido que ampare ese desarrollo y acusan a la Administración autonómica de dejación de sus potestades de control que le corresponden y de posicionarse “indebidamente a favor de los intereses de los grandes empresarios en lugar de los pequeños y medianos comerciantes que defienden la ciudad consolidada”.

Entre las “diferentes y graves infracciones” señalan la inexistencia de control ambiental, lo que provocaría la nulidad de pleno derecho de la orden dictada por la Consejería, o el incumplimiento de la Ley de Comercio de Aragón, que establece que los grandes centros comerciales están sometidos a licencia comercial y a la obligación de supervisar y proteger “el interés general” y a “comprobar la ausencia de afección al interés general de la actividad” con informes de los departamentos o administraciones públicas competentes en cada rama de los ámbitos que puedan verse afectados.

Problemas de seguridad o de salubridad

Dicen que tampoco se ha tenido en cuenta el apartado de la ley que obliga a denegar cuando “el establecimiento vaya a producir de modo inevitable y en corto plazo un abandono de importantes zonas comerciales de la ciudad o población que no sean susceptibles de otros usos y que conlleve también el desuso de infraestructuras construidas con motivo de su creación, pudiendo generar esta situación problemas de seguridad ciudadana o de salubridad en la población”.

Las entidades recuerdan la existencia de informes municipales como el del Instituto Municipal de Fomento Empresarial donde se concluye que “la apertura de este centro afectará al comercio de proximidad puesto que la renta disponible es la misma”.

Un informe que, denuncian, “no sólo no se ha tenido en cuenta, sino que ni siquiera se ha solicitado otro para analizar las repercusiones” que este centro tendría en el comercio urbano de proximidad.

Aseguran que tampoco se han contemplado las resoluciones de la Diputación Provincial ni del Ayuntamiento de Huesca, que se posicionaron en contra de dicho proyecto y que fueron remitidas a la Administración autonómica.

Proyecto insostenible

“Este proyecto comercial no es sostenible medioambientalmente y supone un ataque al pequeño comercio de la ciudad de Zaragoza y su entorno” señalan los recurrentes que informan de que siguen abiertas y en estudio todas las vías legales contra las actuaciones relacionadas con el desarrollo del complejo Torre Village, una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón anuló el plan especial del Ayuntamiento de Zaragoza.

El recurso está firmado por la Federación Asociaciones de Barrios de Zaragoza; las asociaciones Yo compro en Las Fuentes y alrededores y San José Barrio Comercial; Ecologistas en Acción-Ecofontaneros; las federaciones de Empresarios de Comercio y Servicios de la provincia de Huesca; de Servicios de los sindicatos UGT y CC.OO; Izquierda Unida y Podemos Aragón.

PP, PSOE y Cs fuerzan el recurso a la sentencia de Torre Village y dan un balón de oxígeno a los promotores

PP, PSOE y Cs han forzado con sus votos en el Pleno de este lunes 25 de marzo que el Ayuntamiento de Zaragoza recurra ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) por la que se anula el Plan Especial municipal que permite la construcción del centro comercial Torre Village. La decisión de derecha y socialistas supone un balón de oxígeno para los promotores del outlet, que podrán seguir con las obras al menos hasta que el Supremo decida sobre la admisión del recurso municipal. Los mismos grupos han aprobado también un voto particular del PSOE para modificar el Plan de Ordenación Urbana (PGOU) de forma que encajen los usos comerciales previstos en el área de Torre Village.

Mientras los defensores del recurso alegaban que debe presentarse para defender los intereses municipales porque la sentencia del TSJA no es firme, sus detractores, ZeC y CHA, alertaban de  un hecho incuestionable y es que la decisión da pie a los promotores a continuar con el desarrollo del proyecto pese a que éste se desarrolle en base a una decisión municipal (auspiciada también por PP, PSOE y Cs) que ha sido declarada ilegal por el TSJA, lo cual entraña el peligro de que cuando el Supremo se pronuncie ya esté prácticamente hecho el centro comercial y éste deba ser admitido por la vía de los hechos.

El portavoz de ZeC, Pablo Muñoz, ha asegurado al respecto que derecha y PSOE lo que pretenden es “que sea imposible aplicar la sentencia del TSJA por la fuerza de los hechos, porque el centro esté ya construido, como ocurrió con el hipermercado de la plaza Utrillas, que no se pueda pensar siquiera en pagar indemnizaciones a los promotores porque las tiendas ya estén en funcionamiento” (en la imagen superior facilitada por Torre Village, estado de las obras del centro comercial).

Informe del letrado

Tanto Muñoz como Asensio (CHA) han insistido además en que no tenía sentido plantear el recurso de casación ante el Supremo porque habitualmente el tribunal rechaza solicitudes de este tipo en casos de litigios urbanísticos juzgados por los tribunales superiores, como ha señalado el letrado municipal en su informe sobre la sentencia de Torre Village.

En ese informe del responsable jurídico municipal también se indica que si continúan las obras se producirá un importante perjuicio patrimonial para el Ayuntamiento porque en caso de que se rechace el recurso o el Supremo avale la sentencia del TSJA, si el Consistorio quiere aplicarla debería afrontar costosas indemnizaciones por paralizar un centro ya construido y quizá en funcionamiento.

Pese a las advertencias del letrado municipal, PP, PSOE y Cs han persistido en recurrir la sentencia del TSJA, como ya hicieran en la gerencia de Urbanismo celebrada hace escasos días.

La decisión de recurrir la sentencia contra el Plan Especial municipal impulsado por los citados grupos que permitía la construcción del centro comercial de Torre Village supone que la sentencia del TSJA dejará de tener efectos jurídicos hasta que se resuelva el citado recurso y por tanto se paralizan las decisiones ya adoptadas por el gobierno municipal de ZeC de suspender las licencias de obras en los terrenos de la antigua Pikolin, puesto que dicha suspensión se adoptaba en base a la sentencia del TSJA.

Por tanto, los promotores seguirán solicitando licencias y ejecutando obra hasta la resolución definitiva del Supremo, ya que sus peticiones se ampararán en el Plan Especial municipal que permite el desarrollo del proyecto, que sigue vigente al recurrirse la sentencia en su contra.

El expediente, votado por PP, PSOE y Ciudadanos frente a la posición contraria de ZeC y CHA, al igual que en la Comisión de Urbanismo del miércoles pasado, incluye también un voto particular del Grupo Socialista para modificar el PGOU para que quepan los usos comerciales en los terrenos donde se ubicaba la antigua fábrica de Pikolín, en la carretera de Logroño

El Ayuntamiento inicia el contencioso contra Hacienda por cargarle la deuda del tranvía

El consejero municipal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha anunciado que presentará un recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio de Hacienda en la Audiencia Provincial si dentro de un mes no se ha respondido al requerimiento registrado este viernes ante la Delegación del Gobierno en Aragón en el que se pide que Hacienda retire los 189 millones de euros del tranvía de la deuda del Consistorio.

Rivarés ha explicado que este requerimiento contra la resolución del Ministerio Hacienda es una medida previa a la interposición del recurso contencioso-administrativo por la “absurda imputación de la deuda del tranvía de 189 millones que no corresponde al Ayuntamiento”.

En rueda de prensa, ha explicado que cuando una administración denuncia a otra la legislación exige presentar un requerimiento de aviso explicativo y un mes después si la administración demandada no contesta, o contesta de forma no satisfactoria, se interpone ante la Audiencia el contencioso-administrativo.

En el escrito, de 17 folios, constan cuatro requisitos que el Consistorio le reclama a la Hacienda estatal.

Primer paso hacia los tribunales

En el primero se pide anular la decisión del 6 de marzo en la que se acuerda imputar la deuda “que no es del Ayuntamiento”; luego se solicita suspender el acto administrativo; que todas las acciones que haya generado en planes de saneamiento se retrotraigan y deje sin efecto la comunicación cursada; y el último se detalla que es un paso previo a la interposición del contencioso-administrativo, “que se pondrá en el plazo de un mes si no se responde de forma satisfactoria en el plazo”, ha dejado claro Rivarés.

El concejal ha añadido que no esperan respuesta satisfactoria por parte de Hacienda, por lo que ha dado por seguro la presentación del recurso contencioso-administrativo por parte del Ayuntamiento, “la presentación de este requerimiento es nada más que el primer paso hacia los tribunales”, ha explicado Rivarés (en la foto superior de zaragoza.es, el concejal de Hacienda (dcha) informa sobre el recurso, en compañía del portavoz de ZeC, Pablo Muñoz).

PP, PSOE y Cs acuerdan recurrir al Supremo la sentencia de Torre Village y abogan por legalizarlo

Los grupos de PP, PSOE y Ciudadanos han vuelto a unirse frente al Gobierno de ZeC, en esta ocasión para que el Ayuntamiento de Zaragoza recurra la sentencia del TSJA que declaraba “nulo de pleno derecho” el plan especial que permitía la construcción de un “outlet” en la antigua fábrica de Pikolín.

La resolución del TSJA, que será ahora recurrida en casación al Tribunal Supremo (TS) tanto por el Consistorio como por la promotora -la empresa Iberebro-, anulaba el plan especial que permitió que se iniciaran las obras para la construcción del macrocentro comercial Torre Village en estos terrenos.

Este plan especial fue aprobado con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos frente a la posición contraria del Gobierno y, según la sentencia, contradice al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), de mayor rango, que cataloga la zona como industrial y no como comercial.

Del mismo modo, estas tres formaciones políticas han secundado un voto particular del Grupo Socialista que aboga por modificar el PGOU solo en estos terrenos para que quepa el plan especial de Torre Village.

Algo que ya ha adelantado el propio consejero municipal de Urbanismo y Sostenibilidad, Pablo Muñoz, que no sucederá en lo que queda de mandato, en el que no va a permitir “recalificaciones a la carta” para hacer “legal” lo “ilegal”.

Perjuicio para la ciudad

Ha alertado del “gravísimo” perjuicio que supone esto para el modelo de ciudad, para el pequeño comercio y para el propio espeto a la norma y a la legalidad y ha avisado de que ZeC iniciará junto con los comerciantes una “batalla campal comercio a comercio” contra este proyecto.

Se ha detenido especialmente en la “semana horrible” que lleva a su juicio el PSOE: que primero “se carga” el presupuesto de la ciudad, luego hace lo propio con el Plan de Inversiones en Vivienda financiado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y ahora “se carga” la estructura comercial y el respeto a las normas.

“Se está alejando mucho del bloque de la izquierda”, ha lamentado Muñoz, quien ha acusado a los socialistas también de acercarse a la derecha y conformar un “tripartito de la excavadora” con un modelo “catastrófico” para el pequeño comercio.

Los colectivos en contra de Torre Village subrayan que no se puede hacer urbanismo a la carta

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que declara nulo el plan especial del Ayuntamiento de Zaragoza para la construcción del centro comercial Torre Village manifiesta con “contundencia” que no se puede hacer “urbanismo a la carta”, según los colectivos que presentaron el recurso contencioso administrativo contra esta decisión del pleno municipal.

Estas organizaciones, entre las que se encuentran la plataforma ‘Yo compro en las Fuentes’, la Federación Aragonesa de Barrios de Zaragoza (FABZ), CCOO, UGT, Podemos, IU o Ecologistas en Acción, han acogido con “satisfacción” esta sentencia que les da la razón, y han indicado que este respaldo les ayuda a seguir defendiendo el comercio de proximidad.

En una rueda de prensa convocada para valorar el fallo del TSJA, los representantes de estos colectivos, que presentaron el recurso el 23 de diciembre de 2016, han hecho una defensa de un modelo de ciudad compacto asentado en el pequeño comercio como elemento vertebrador de los barrios.

Pero, además, han indicado que Zaragoza es la ciudad española con más ratio de metro cuadrado de superficie comercial por habitante, por lo que consideran que no hay demanda suficiente para la apertura de otro complejo comercial de estas características, más si cabe cuando en la ciudad hay centros comerciales “en estado comatoso”, en referencia a Plaza y César Augusta, ha indicado el presidente de FABZ, Manuel Arnal.

Puestos de trabajo que destruyen otros

Ante las voces que defienden el proyecto por su capacidad para generar empleo, desde CCOO y UGT han asegurado que Torre Village no generará puestos de trabajo sin destruir otros en la ciudad.

Gerardo Montori, de CCOO, ha apuntado que por cada dos puestos de trabajo que se crean en las grandes superficies se destruyen tres en el comercio de proximidad, que es, a su juicio, el que consolida la ciudad.

En la misma línea se ha pronunciado la representante del comercio de San José, Montse Pérez, quien ha hecho hincapié también en la función social del comercio por cuanto “mantiene los barrios vivos” y se preocupa por los clientes mayores de edad que viven solos.

Además, ha añadido María José Palud, de ‘Yo compro en las Fuentes’, lo que plantea Torre Village es un espacio abierto con calles y comercios, es decir, “lo que ya tenemos en nuestros barrios”.

Preocupación por el pequeño comercio

Todos han manifestado su preocupación por la pérdida de establecimientos en las calle comerciales de la ciudad, como la avenida San José, la calle Delicias o Miguel Servet, donde han comentado que está desapareciendo el comercio tradicional “dejando un gran vacío que no lo cubren otras actividades”.

“No puede ser que se abra espacio fuera de la ciudad cuando hay dentro y calificado convenientemente para uso terciario”, ha ahondado Arnal.

Otra de las asociaciones que firmó el recurso es Ecologistas en Acción. Su portavoz, José Ángel Moncayuela, ha explicado que su rechazo a este macrocentro comercial fue “claro” desde el principio porque, a su juicio, este tipo de proyectos, además de “desestructurar” la ciudad, provoca “problemas de movilidad” y “potencia el uso del coche particular”.

Por último, estos colectivos, que no han entrado a valorar la presentación de un posible recurso por parte de la empresa promotora porque “el ordenamiento jurídico lo permite”, han apuntado que la sentencia es “diáfana” y han asegurado que estarán vigilantes para que el proyecto no se vuelva a impulsar desde el ayuntamiento tras las elecciones municipales del 26 de mayo.

Vigilantes

“La plataforma que se creó no se ha disuelto”, ha subrayado Arnal, quien ha añadido que estarán “expectantes” para que esto “no se menee políticamente y si no, actuaremos con contundencia”.

En la sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJA, los magistrados expresan que el plan especial ha entrado en cuestiones que afectan a la estructura general del urbanismo de la ciudad y que corresponden en exclusiva al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Inciden en que un plan especial no puede nunca sustituir al PGOU en la clasificación del suelo, fijación de la estructura general y, en este caso concreto, en materia de limitación de usos.

La empresa de Torre Village recurrirá al Supremo y continuará con las obras del centro comercial

La empresa promotora del proyecto de Torre Village, Grupo Iberebro, ha confirmado que recurrirá ante el Tribunal Supremo (TS) la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anula de pleno derecho el plan especial de este ‘outlet’ en los terrenos de la antigua fábrica de colchones Pikolín. El plazo para presentar el recurso de casación es de un mes y mientras tanto el parque comercial continúa con las obras, ya que esta sentencia es provisional, han precisado desde la promotora.

Torre Village cuenta con un 70 por ciento de los trabajos de edificación completados, todos ellos “amparados” en las preceptivas licencias de obra otorgadas por el Ayuntamiento de Zaragoza, asegura la empresa.

Por su parte, la zona ‘outlet’ del complejo comercial posee licencias de actividad, concedidas por la misma administración local. Además el porcentaje de comercialización del proyecto se sitúa por encima del 60 por ciento.

Outlet a cambio de que Pikolin continuara en Zaragoza

El acuerdo entre el Ayuntamiento de Zaragoza y Grupo Iberebro se retrotrae a 2008 cuando, a través de un convenio firmado por ambas partes, se comprometían a cumplir distintos aspectos.

Entre ellos el Ayuntamiento contraía la responsabilidad de tramitar, gestionar y ejecutar el planeamiento preciso para la transformación de usos de los terrenos de la antigua fábrica de Pikolin con miras a la futura implantación de una superficie comercial, explica Iberebro, empresa propiedad de la familia Solans, dueña a su vez de Pikolin (en la foto superior, Alfonso Solans, máximo accionista de ambas firmas, en el acto de colocación de la primera piedra de Torre Village, en presencia de la consejera de Economía de la DGA, Marta Gastón).

Por su parte, Grupo Iberebro garantizaba la continuidad de la fábrica de Pikolin dentro del término de Zaragoza, asegurando el mantenimiento de la totalidad de los puestos de trabajo en la misma.

Bajo este acuerdo marco y “habiendo respetado todas y cada una de las exigencias preceptivas” de la Administración, Grupo Iberebro puso en marcha una iniciativa empresarial con una inversión de más de 100 millones de euros, que contemplaba la implantación de la nueva fábrica de Pikolin en el parque logístico empresarial Plaza (año 2017) y el desarrollo del complejo comercial TorreVillage, que, según la empresa, generará 1.000 empleos directos y 8.000 indirectos.

La apertura del proyecto comercial está prevista para otoño de este año, coincidiendo con las Fiestas del Pilar, aunque la sentencia del TSJA deja las previsiones en el aire.

Un macro complejo comercial

Torre Village es un complejo comercial y de ocio del Grupo Iberebro, que ocupará una superficie bruta alquilable de 73.800 metros cuadrados, de los que 18.600 estarán destinados a tiendas de moda con descuento, 11.200 metros cuadrados a ocio y restauración y 44.000 metros cuadrados a una zona comercial anexa.

Ubicado en Zaragoza, el centro comercial, que contará con un total de 120 operadores, ha supuesto una inversión de 200 millones y generará más de 1.000 empleos directos.

El proyecto nace para un cliente consumidor de tiendas on line y de villages de otras comunidades autónomas. Con un área de influencia que abarca Aragón, País Vasco, La Rioja, Navarra, Soria, Lérida y el sur de Francia.

Nulo de pleno derecho el plan especial

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha dictado sentencia en el caso de los terrenos de la antigua fábrica de colchones de Pikolín.

En ella, declara nulo de pleno derecho el Plan Especial del Área de Intervención aprobado por el Ayuntamiento de Zaragoza para la construcción del complejo comercial Torre Village.

El Tribunal, estimando el recurso presentado, declara la nulidad del Plan Especial del Área por vulneración del principio de jerarquía normativa y por infracción de instrumento de planeamiento de rango superior, al ir más allá de lo que el Plan General de Ordenación Urbana establece, introducir usos no contemplados, y por convertir en dominante un uso no contemplado como tal en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El TSJA declara nulo el plan de Torre Village, cuyas obras de construcción podrían paralizarse

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha dictado sentencia en el caso de los terrenos de la antigua fábrica de colchones de Pikolín. En ella, declara nulo de pleno derecho el Plan Especial del Área de Intervención aprobado por el Ayuntamiento de Zaragoza, con los votos de Pp, PSOE y Cs, para la construcción del complejo comercial Torre Village, cuyas obras ahora podrían paralizarse.

El Tribunal, estimando el recurso presentado, declara la nulidad del Plan Especial del Área por vulneración del principio de jerarquía normativa y por infracción de instrumento de planeamiento de rango superior, al ir más allá de lo que el Plan General de Ordenación Urbana establece, introducir usos no contemplados, y por convertir en dominante un uso no contemplado como tal en el PGOU.

Recreación del proyectado centro comercial

Recurso vecinal

El pasado 23 de diciembre de 2016, ‘Yo compro en Las Fuentes’ y otros diez colectivos más presentaron recurso contencioso administrativo en el TSJA contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, de 24 de octubre de 2016, de aprobación definitiva del Plan Especial del Área de Intervención H-61-5. En su recurso solicitaban a la Sala que se declarara la nulidad absoluta del acuerdo o, en su caso, se anulara la resolución.

Los magistrados en su sentencia expresan que el Plan Especial ha entrado en cuestiones que afectan a la estructura general del urbanismo de la ciudad y que corresponden en exclusiva al Plan General de Ordenación Urbana. Inciden en que un Plan Especial no puede nunca sustituir al PGOU en lo que a clasificación del suelo se refiere, fijación de la estructura general y, en este caso en concreto, en materia de limitación de usos. Entienden, por ello, que se ha vulnerado el principio de jerarquía normativa.

Vía inadecuada

Reconocen los magistrados en su sentencia que el PGOU dista de ser claro a la hora de identificar el uso dominante de los sectores de las Zonas H –terrenos en los que estaba ubicada la antigua fábrica de Pikolín y en los que ahora se prevé la construcción del outlet Torre Village–, y que la ampliación de los usos no se ha hecho por la vía adecuada, que sería la modificación del PGOU, si no completando en el Plan Especial la regulación de usos posibles y añadiendo usos admisibles no previstos en el PGOU.

Por ello, concluyen que el Plan Especial transforma la configuración inicial del PGOU, que establecía los terrenos como polígono industrial, en un parque comercial o centro comercial con establecimientos de venta de saldos y ocasión alterando con ello las limitaciones de uso establecidas previamente e introduciendo nuevos usos no previstos en el PGOU.

En este sentido, aclaran que la situación no es comparable al plan parcial que permitió la construcción del complejo Puerto Venecia.

Posible paralización

El concejal responsable de Urbanismo, Pablo Muñz, ha señalado que todavía han de estudiar la sentencia, pero que en todo caso abre la posibilidad de que el Ayuntamiento decida paralizar las obras del centro comercial (foto superior).

La iniciativa contó desde el principio con una fuerte oposición vecinal, respaldada por el equipo de gobierno de ZeC.

Los opositores a Torre Village argumentan que Zaragoza está ya saturada de grandes superficies y que un nuevo centro no está justificado, porque además supone un nuevo revés al comercio de proximidad, que la actual Corporación defiende como articulador de la vida en los barrios.

Además se agumenta en contra que Torre Village promovería las compras mediante largos desplazamientos con vehículos privados, en contra de las políticas de movilidad sostenible auspiciadas por ZeC e imprescindibles para luchar contra el cambio climático.

En cualquier caso, la sentencia del TSJA determinará algún aplazamiento en la concesión de licencias de apertura y otras, siempre que el proyecto no quede definitivamente aparcado.