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Centenares de personas marchan en defensa de la Sanidad pública

Centenares de personas se han manifestado este jueves 25 de abril para defender la sanidad pública, denunciar su situación «precaria» en Aragón y reclamar medidas que, sobre todo, eliminen las listas de espera. Las organizaciones convocantes de la marcha aseguran que existen recursos suficientes, pero “no se están gestionando bien”.

Eso ha llevado a una precarización de la profesión agravada durante los años de la crisis, “y lo peor es que no hay intención de los gobiernos por solucionarlo”, comentaba María Isabel Monserrat, de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública.

Los manifestantes se han concentrado a las puertas del Paraninfo para marchar luego por paseo Independencia, portando pancartas con lemas como “Gobierne quien gobierne, la Sanidad Pública se defiende”, “Nuestra Salud no es un negocio” o “Stop privatizaciones”. A lo largo del recorrido han proferido consignas contra el presidente Lambán y la consejera de Sanidad, Pilar Ventura. «No se enteran de nada», aseguraron.

Listas de espera

El acto, convocado por la Mesa Aragonesa de la Salud y al que también concurrieron otros colectivos como los pensionistas o la plataforma de afectados contra iDental, ha hecho hincapié en las listas de espera en Aragón. «Son un problema endémico, que va repitiendo año tras año, y que también lleva a derivar pacientes a centros privados para poder ir reduciendo la demora quirúrgica», añadió Monserrat.

“Si los quirófanos funcionaran mañana y tarde, no haría falta que se sacaran a operar fuera para que se lucren entidades que nada tienen que ver con Sanidad”, añade Montserrat. En este sentido, piden el fin de los conciertos de la sanidad pública con la privada.

Sanidad, el pasado miércoles, contestó a los datos aportados por estos colectivos en relación a las listas de espera y aseguraron que su evolución durante la legislatura «ha sido favorable», así como que son «necesarias».

Por otro lado, las asociaciones manifestantes también exigieron eliminar el copago y cualquier tipo de exclusión sanitaria, así como asegurar la entrada inmediata del paciente en la lista de espera o una mejora en las condiciones laborales de los facultativos sanitarios.

Movilización ciudadana en defensa de la sanidad pública y sus profesionales

Varios colectivos se manifestarán este jueves, 25 de abril, en defensa de la sanidad pública y de sus profesionales bajo el lema ‘¡Gobierne quien gobierne la sanidad pública se defiende! Las listas de espera matan’. La movilización se iniciará a las 19.00 horas en la plaza de Aragón y finalizará en la plaza del Pilar en Zaragoza.

La manifestación ha sido convocada por la Mesa Aragonesa de la Salud, que conforman la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Aragón (ADSPA), CAVAragón, CGT Sanidad, la Comisión de Salud de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), el Foro de presidentes de los Consejos de Salud de Zona, la Plataforma por la Salud Mental y la Plataforma contra la privatización de la sanidad en Aragón.

En representación de estos colectivos, han dado a conocer los detalles de este acta convocatoria Yolanda Lorente (CGT), Isabel Monserrat, Ana Núñez y Carmen Sánchez, quienes han alertado del deterioro progresivo de la sanidad pública mientras la privada se expande y lo han vinculado a que se esté “empujando” a los ciudadanos a contratar seguros privados y al futuro de las pensiones, ha dicho Núñez.

Núñez ha observado que se ha destinado en el último mes 2,5 millones para derivar pacientes a la sanidad privada y reducir así las listas de espera, estimando que es “un arma electoral”, pero no una medida efectiva para garantizar una sanidad pública dado que responde a una “privatización intencionada”. “Con la salud no se juega”, ha dicho tajante.

Listas de espera

En Aragón, 2017 finalizó con 19.818 personas esperando a ser operadas, de las que 1.696 superaban los seis meses; mientras que en 2018 esa cifra se redujo un 2,2 por ciento, con 19.391 personas en total en la lista de espera, de las que 1.864 llevaban más de seis meses. Hace dos años, el 4 por ciento de esas intervenciones se derivaron a la privada, el 5 por ciento en 2018 y en algunas especialidades la espera puede llegar a ser de años, alertan.

Asimismo, “ha habido casos puntuales” de pacientes que no han querido operarse en la privada y a quienes se ha sacado de la lista de espera para situarles en el último lugar, ha asegurado Carmen Sánchez.

Según Yolanda Lorente, el deterioro de la sanidad pública responde a un “expolio continuado” que trasvasa recursos a la privada y a la “falta de personal”. En atención primaria “no se está fidelizando” al personal, se promueven contratos “precarios”, existe una sobrecarga de trabajo y no se atiende al paciente “como se debería”. Además, como la atención primaria “no funciona como es debido, se sobrecarga la atención especializada”, ha continuado Lorente.

Medio rural

La situación en el medio rural “es desastrosa”, ha señalado Isabel Monserrat, para sostener que si la sanidad “no llega a todos los lugares y es universal, para todos los ciudadanos, no tendremos una sanidad pública decente”.

Mientras tanto, según los datos de estos colectivos, entre 2006 y 2015 los beneficios del sector de la sanidad privada aumentaron un 42 por ciento. Actualmente representa el 29 por ciento del gasto sanitario total, su volumen de negocio crece cada año un 4 por ciento y la partida pública de conciertos representa el 26 por ciento de su facturación.

La privada posee el 57 por ciento de los hospitales y el 33 por ciento de las camas, realiza el 29 por ciento de las intervenciones quirúrgicas, atiende el 23 por ciento de las urgencias y dispone del 56 por ciento de las resonancias magnéticas, del 48 por ciento de las tomografías para detectar tumores y del 36 por ciento de los TAC (pruebas de contraste).

Recortes y falta de especialistas

En estos mismos años, se han producido “recortes” en hospitales públicos, mencionando que la suspensión de actividad vespertina en el Clínico supuso retrasar cien intervenciones semanales. No se fomentan las plazas fijas y las plantillas estables, sino que “reina la temporalidad laboral y los contratos eventuales, faltan recursos materiales y profesionales”, han asegurado, indicando que la media de enfermeros por cada mil habitantes es de 5,3 y faltan especialistas en zonas como Teruel, Alcañiz, Jaca o Barbastro.

En atención primaria, la lista de espera alcanza la semana y existe también una saturación en las jornadas de trabajo de los profesionales, que impide ofrecer una atención “de calidad” al paciente. Han alertado también de la aplicación de copagos en sectores como los pensionistas, los enfermos crónicos, pluripatológicos y las personas en situación administrativa irregular. En algunos de estos casos, los pacientes renuncian a los tratamientos prescritos por no poder asumir su coste.

Lorente ha advertido también de los determinantes de la salud, como el amianto que ha causado 40 muertes de trabajadores en Aragón o las 93.000 muertes anuales en España por contaminación y elementos químicos.

Dotaciones

Estos colectivos exigen, por todo ello, una “dotación suficiente” en los presupuestos de las distintas administraciones que ponga fin a la sobrecarga laboral y que garanticen una atención de calidad al paciente; crear un turno de tarde en los hospitales y posibilitar el rendimiento de los centros públicos al cien por cien; establecer garantías y plazos para la atención y asignar y entregar un código al paciente que garantice su entrada inmediata en la lista de espera.

También, democratizar y dotar de una transparencia “absoluta” al sistema de salud en cuanto a sus datos, actividad, gastos, calidad y adjudicaciones; establecer la incompatibilidad para que los profesionales públicos trabajen en la privada y tengan una dedicación “absoluta” a la sanidad pública.

Reclaman que se controle el gasto farmacéutico privado, que se elimine el copago y cualquier tipo de exclusión sanitaria, así como que se prohíban los conciertos y las fórmulas de colaboración público-privada, dedicando los recursos cien por cien al sistema público.

Ana Núñez ha detallado que esta es la cuarta jornada de lucha estatal en defensa de la sanidad pública y ha aseverado que “la pelea solo se ganará en la calle, entre trabajadores y afectados”, por lo que ha animado a asistir a la manifestación este jueves en Zaragoza.

El Supremo rechaza 2 recursos del Ayuntamiento y confirma la deuda municipal de 50 millones con FCC

El Tribunal Supremo ha inadmitido por “falta de fundamentación suficiente” dos recursos presentados por el Ayuntamiento de Zaragoza contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que obligaban al consistorio a revisar los precios del contrato de limpieza con FCC y confirmarían una deuda de 50 millones.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, mediante dos providencias de 28 de marzo de 2019, inadmite sendos recursos interpuestos por el Ayuntamiento, por lo que se confirman las sentencias del 25 de junio de 2018 dictadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA que le obligan a revisar la mano de obra del contrato de limpieza viaria y recogida desde el año 2009 hasta la actualidad.

Según ha informado la empresa en un comunicado, las dos providencias del Supremo han sido comunicadas este jueves a las partes y se sitúan en la misma línea de la providencia dictada por el mismo órgano a mediados de marzo.

Se confirmaría así, según FCC, una deuda del Ayuntamiento con la empresa superior a los 50 millones de euros al aplicar la regularización anual pertinente entre los años 2009 y 2018, así como la correspondiente a 2019.

FCC añade que el impago de esta deuda genera unos intereses diarios de cerca de 3.000 euros y confía “en la responsabilidad de todos” para buscar una solución ante esta situación.

Cubero solo reconoce 180.000 € de revisión de precios en Limpieza, frente a los 50 millones que dice FCC

Este lunes, FCC anunció que el Tribunal Supremo había inadmitido a trámite el recurso del gobierno municipal contra una sentencia que avalaba las revisiones de precios por el servicio de Limpieza de 2009. FCC calcula que, si el Tribunal sigue el mismo criterio con las otras dos sentencias recurridas, el Ayuntamiento deberá abonar unos 50 millones de euros. Sin embargo, el consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, insiste en que la sentencia de ayer sólo afecta a 180.000 euros.

Cubero ha recordado que en 2015 hubo una sentencia firme con un tema similar de revisión de precios y mano de obra de la contrata del autobús urbano. En esta sentencia se dio la razón al Consistorio defendiendo que la mano de obra no se debía de incluir en la revisión de precios.

Pero además, hubo otra sentencia del TSJA en la que se decía lo contrario, que en el caso de FCC “sí debería incluirse la mano de obra en la revisión de precios”.

De esta forma, el consejero ha explicado que, ante dos sentencias contradictorias, el Ayuntamiento, con informes de la Asesoría Jurídica, decidió recurrir al Tribunal Supremo y ahora el Supremo ha dado la razón a la sentencia del TSJA y no a la sentencia firme en el conflicto de Auzsa.

El litigio continúa

Cubero ha dejado claro que de lo que se trata ahora es de un litigio de 180.000 euros por unos meses de 2009. “Parece FCC interpreta que todas las revisiones de precios desde el 1 de enero de 2010 hasta hoy, el Supremo les dará la razón y el Ayuntamiento deberá abonar en las cantidades más favorables, y eso es lo que daría los 50 millones de euros”, ha añadido el concejal.

“El Supremo lo que ha hecho es no admitir a trámite un recurso de casación donde estaba en cuestión 180.000 euros de revisión de precios, pero las revisiones de precios de 1 de enero de 2010 hasta la actualidad están todavía en litigio”, ha resaltado Cubero, quien ha aseverado que seguirán peleando “porque creemos que ante sentencias contradictorias el Supremo debería de pronunciarse”

Aún así, Cubero ha insistido en que como Ayuntamiento no tienen estimación de cuál sería la cuantía más desfavorable para las arcas municipales. “Ahora habría que calcular cómo han sido las revisiones salariales de los trabajadores desde 2010 hasta hoy y aun así no son 50 millones de euros”, ha destacado.

Aragón Press / C.O.S.

Comienza el proceso de propuestas a la Estrategia de Cambio Climático, Calidad del Aire, Salud y Recursos

El proceso de aportaciones a la Estrategia de Cambio Climático, Calidad del Aire y Salud de Zaragoza (ECAZ 3.0) comienza este lunes, 19 de noviembre, con dos reuniones informativas en torno al documento inicial y el proceso de incorporación de propuestas y aportaciones,

Las reuniones se realizarán una en horario de mañana (de 10.00 a 12.00 horas) y otra de tarde (17.30 a 19.30 horas), para que cada persona o entidad pueda acudir en función de su disponibilidad y necesidades.

La ECAZ 3.0 se configura como el nuevo instrumento de planificación municipal en esta materia que persigue tres metas: la lucha y adaptación frente al cambio climático, la mejora de la calidad del aire y la salud y la eficiencia y reducción en el uso de los recursos.

Estas metas se concretan en tres objetivos a alcanzar hasta 2030: reducir las emisiones CO2 en un 40 por ciento, los residuos domésticos que llegan a vertedero en un 50% y la inmisión (concentración) de NO2 en un 60%, todo ello respecto a los niveles de 2005.

Ejes de actuación y herramientas

El documento inicial de la ECAZ 3.0 se despliega en torno a cuatro ejes de actuación: diseño urbano, servicios públicos municipales, movilidad sostenible e industria y otros sectores de actividad.

También incorpora el papel que distintos recursos pueden tener para garantizar la sostenibilidad urbana: las energías renovables, la alimentación sostenible, la gestión sostenible del agua y el aprovechamiento de los residuos como recursos.

Además cuenta con dos herramientas transversales, la salud y la educación, comunicación y participación ambiental.

Entre los diversos apartados del documento (marco jurídico, diagnóstico, escenarios energéticos, análisis de impactos e indicadores) destaca el Plan de Acción, que reúne 40 acciones, actuaciones y medidas.

Documento inicial y participación

Previamente, este documento y su proceso de elaboración se han presentado el 29 de mayo de 2018 al Consejo Sectorial de la Agenda 21 Local de Zaragoza, el órgano de participación en sostenibilidad de la ciudad.

Posteriormente, el 5 de junio de 2018, Día Mundial del Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Zaragoza se ha dado a conocer el Documento Inicial de la ECAZ 3.0 a la ciudad y más de 60 entidades y organizaciones suscribieron su compromiso con ella.

El Ayuntamiento de Zaragoza inicia ahora un proceso para recabar propuestas y aportaciones de mejora a la ECAZ 3.0 procedentes de la ciudadanía, agentes sociales, instituciones, organizaciones y entidades, de forma más profunda, extensa y participativa. Constará de cuatro fases, a desarrollar entre noviembre 2018 y enero 2019.

Superadas estas fases habrá una presentación pública del documento definitivo de la ECAZ 3.0 en el que quedarán incorporadas las aportaciones validadas y aceptadas, prevista en enero de 2019.

Todas las sesiones tendrán lugar en el Centro Ambiental del Ebro, Plaza Europa 1-3 (junto al Puente de la Almozara) y es preciso inscribirse en el apartado de la ECAZ 3.0 en http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/.

Se abre la vía judicial contra el ICA con una campaña de reclamaciones

La Red de Agua Pública Aragonesa (RAPA) ha distribuido alrededor de 20.000 hojas de protesta contra el Impuesto de Contaminación de Aguas (ICA) para elevar a la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, una iniciativa que abrirá la vía judicial ante el contencioso-administrativo.

El portavoz de la RAPA, Enrique Gracia, y el secretario general de la Unión de Consumidores de Aragón, UCA, José Ángel Oliván, han presentado los primeros resultados de esta segunda campaña en contra del ICA tras la realizada el pasado año.

Esta nueva campaña surge después de que el Instituto Aragonés del Agua (IAA) del Gobierno de Aragón haya girado el cobro de los recibos del ICA de 2017 y el plazo para presentar la reclamación ante un registro oficial vence el próximo 5 de enero de 2019.

Protesta masiva

La diferencia entre el recurso que se sugería presentar a los ciudadanos y la reclamación es que en este segundo caso tienen que ser los propios usuarios los que la tramiten.

La Administración tiene la obligación de responder individualmente en el plazo de un año y no mediante un decreto en el BOA. Además, con una sola es suficiente para que se abra la vía judicial, pero se pretende que haya una protesta masiva ciudadana.

En rueda de prensa, ambos representantes han destacado que “el amplio conocimiento” de los vecinos sobre el ICA y además “están muy enfadados” para señalar que las preguntas más frecuentes versan sobre las consecuencias de no pagar este impuesto.

El sábado, manifestación

Oliván ha dejado claro que la campaña de la RAPA “no es de insumisión, sino de protesta” por lo que explican que se tiene que pagar el impuesto y seguidamente presentar ante cualquier registro oficial antes del 5 de enero el resguardo del banco y la reclamación que se puede descargar en mareaazuldearagon.blogspot.com.

Cartel de la manifestación del sábado

“Es una campaña muy madura” ha señalado Oliván para mostrar la satisfacción de la RAPA porque también se ha recogido el mismo número de firmas –20.000– en contra de este impuesto en las 70 mesas que se han instalado en las calles y en las que han participado alrededor e 200 voluntarios.

Esta primera fase culminará con la manifestación del sábado, 10 de noviembre, a las 19.00 horas, que partirá de la plaza Aragón, a la altura del Paraninfo, para llegar hasta plaza de España, frente a la DPZ.

Con el lema “ICA no, Aragón no paga estafas” la pancarta inicial la portarán representantes sociales y alcaldes y concejales interesados en acudir y se ha animado a los ciudadanos a que la secunden.

“Somos un movimiento de Aragón y las más castigadas son las pequeñas poblaciones por lo que la campaña contra el ICA seguirá y no se parará hasta que se rectifique en profundidad el modelo”, ha dicho Enrique Gracia.

Recelos hacia la propuesta del PSOE

Sobre la propuesta del PSOE que propone reducir en tercio el importe del tramo de menor consumo, que afecta al 66 por ciento de los consumidores, y gravarlo a los que más gastan, el portavoz de la RAPA ha dicho que “hay que conocerlo con detalle porque puede no ser lo que parece”.

Al respecto, ha observado que la propuesta socialista “beneficiaría a los hogares de una sola persona, pero perjudicaría a las familias y al comercio por lo que los propietarios tendrán que cerrar el negocio o repercutirlo a los precios y, entonces los clientes lo pagaremos de forma indirecta”.

Enrique Gracia ha rechazado el modelo centralizado de gestión del agua que propugna el Gobierno de Aragón y que “ha desaparecido en Australia y centro Europa porque incrementa los precios y deteriora los servicios”.

“La DGA quiere tener el cotarro de la gestión del agua, sin hacer un modelo a escala y trabajar con empresas locales y por eso complican las cosas y generan más endeudamiento”.

Gracia ha defendido que los ayuntamientos puedan gestionar la depuración de sus aguas porque sería más económico y que el ICA tenga una parte solidaria para ayudar a poblaciones con más dificultades.

Ha abundado en que desde la RAPA se propugna un cambio “profundo” del ICA para que una parte del impuesto sea para acometer depuradoras y que los ayuntamientos, mediante la tasa que apliquen, gestionen la depuración de las aguas residuales y así pagarán menos los vecinos de las poblaciones más eficientes.

El Justicia analizará si la DGA ha vulnerado los derechos de los reclamantes del ICA

El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, ha abierto un expediente de oficio con el objetivo de garantizar que no se hayan visto vulnerados los derechos de los ciudadanos aragoneses que han reclamado contra el ICA, en su mayoría zaragozanos.

Dolado ha tomado esta decisión tras la resolución número 2018-01 de 25 de mayo de 2018 publicada en el BOA del pasado 4 de junio de 2018, en la que se daba respuesta conjunta a todas las reclamaciones al Instituto Aragonés del Agua sobre el Impuesto de Contaminación de las Aguas.

Dada la singularidad de esta resolución en cuanto a su forma, y existiendo en esta Institución diversas quejas sobre el fondo de la cuestión en cuyos expedientes se ha podido constatar que la petición de los ciudadanos y la forma de realizarla ante la administración no es siempre coincidente, se ha decidido abrir un expediente de oficio para estudio y análisis de la resolución en cuanto a sus aspectos formales, ha señalado el gabinete de prensa del justicia.

Dicho expediente no analizará el fondo del asunto, dado que sobre el mismo, ya existen diversas resoluciones del Justicia como resultado de quejas individuales de ciudadanos.

Todo ello se realiza a fin de salvaguardar las posibles vulneraciones de derechos individuales de los ciudadanos recurrentes, en ejercicio de las facultades que le confieren al Justicia los artículos 1 y 13 de su Ley reguladora.

El 30% de los zaragozanos no ha pagado el ICA

El 30% de los zaragozanos no ha pagado el primer recibo, correspondiente a 2016, del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA). Así lo ha confirmado la directora general del Instituto Aragonés del Agua, Inés Torralba, que se ha mostrado, a pesar de esto, contenta con la respuesta de los contribuyentes a esta tasa.

“Estamos satisfechos porque hemos alcanzado la recaudación media en la ciudad a pesar de toda la confusión y las informaciones en los medios, el 70% lo ha abonado”, ha explicado.

A los considerados como impagados se les enviará próximamente un segundo acuso de recibo, por correo certificado esta vez, en el que se les notificará los plazos en los que pueden hacer el pago. En concreto, si el contribuyente recibe la factura antes del día 15 de mes, se tendrá que abonar antes del cinco del siguiente, y si lo recibe pasado el día 15, lo podrá pagar hasta el 20.

Aquellos que vuelvan a no pagar se les comenzará a sumar un recargo ejecutivo que irá aumentando conforme se retrase el pago. Aquellos que han interpuesto un recurso están en el aire pendientes de resolución.

Torralba ha señalado que es posible que a muchos zaragozanos simplemente se les haya pasado el plazo por lo que confía que el porcentaje de pagos aumente con esta segunda ronda de notificaciones. La directora general ha añadido que el gasto económico de este segundo envío es de unos cuatro euros por cada recibo, y ha confirmado que se irá haciendo de manera laminada por toda la ciudad “para evitar un colapso en las oficinas de Correos”.

Y es que el 30% de los 369.000 contribuyentes en esta tasa supera las 100.000 personas, sin embargo a esa cifra hay que descontar los que sí que han presentado un recurso, por lo que la directora lo ha cifrado en cerca de 80.000 casos.

Mesa técnica del ICA

Datos que ha dado a conocer Torralba después del tercer encuentro que ha mantenido la Mesa Técnica encargada del estudio del ICA, y en el que tienen representación diferentes entidades vecinales y de consumo. El fin de esta órgano era sentar las bases de la propuesta de reforma que se estudiará en la Comisión de las Cortes creadas para este tema.

Precisamente en este encuentro se ha llegado a un acuerdo en los diez puntos imprescindibles que debe contener la nueva norma. Unos principios que desde RAPA han calificado como “filosóficos” y aplicables “prácticamente a cualquier campo de la vida”, y ante los que, han dicho, “no podíamos estar en contra”. Posición parecida a la de la Federación de Municipios y Comarcas, que ha valorado el esfuerzo del Ejecutivo por escuchar las peticiones de su organización para sacar adelante la norma más justa para Aragón.

Puntos que se resumen en la defensa de la eficiencia y la sostenibilidad, la coordinación y colaboración entre administraciones y entidades, la racionalidad en la gestión del tributo, la información y participación, el principio de recuperación de costes, la progresividad, el principio de quien contamina paga, la solidaridad, universalidad y equidad tributaria.

“Nuestro papel es circunstancial, lo dijimos al principio, no es aquí donde se van a decidir las cosas sino en las Cortes. Confío en que recogan estos puntos y los incorporen cuando estudien la reforma”, ha sentenciado el portavoz de Rapa José Ángel Oliván.

Aragón Press

RAPA sigue la lucha contra el ICA y presenta 31.500 recursos en la DGA

La Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) ha presentado este martes 20 de febrero más de 31.500 recursos “sólidamente fundados” a la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativa del Gobierno de Aragón, continuando así la lucha ciudadana por la supresión del ICA y la reforma de los planes de saneamiento.

Desde la RAPA, José Ángel Oliván ha considerado que, tras el silencio administrativo del Instituto Aragonés del Agua (IAA), la Junta “va a darles la razón”, aunque no sea de forma inmediata, pues “disponen de un plazo largo para hacerlo”.

Asimismo, Oliván ha calificado de “irresponsabilidad” dejar la solución de los recibos impagados para más adelante, pues sería preferible resolverlo “antes de que desemboque en resoluciones jurídicas que obliguen al Gobierno de Aragón a devolver el dinero del recibo correspondiente al ICA”.

En este sentido, ha señalado que a la hora de abordar el tema del ICA, el Ejecutivo aragonés se enfrenta al doble problema que representan los recursos representativos de los barrios zaragozanos y la situación en la que se encuentran los aproximadamente 100.000 impagados, según han calculado.

Competencia municipal

Respecto al futuro de la mesa técnica, que se reúne el próximo jueves, la RAPA “no tiene ninguna expectativa”, pues el Gobierno de Aragón “no negoció con nadie” la composición de este grupo de trabajo y la “conformó de forma unilateral”, ha apuntado Oliván.

Por su parte, la presidenta de la RAPA, Maribel Torrecilla (foto superior), ha recordado el modelo de financiación que proponen para suprimir el ICA y que la depuración de las aguas “vuelva a ser competencia de los ayuntamientos”.

Al respecto, ha dicho que el gasto tendría una triple participación con la creación por un lado de una tasa autonómica de depuración equivalente al precio medio por metro cúbico facturado en Zaragoza, que se aplicaría a los municipios que reciben la depuración a través del IAA y se facturaría a los usuarios a través de la entidad que preste el servicio, con criterios de progresividad.

Por otro, se fijaría un tributo complementario o “solidario”, equivalente a la diferencia entre la tasa autonómica y el precio por metro cúbicos de depuración facturado en España. Este tributo se aplicaría a todos los municipios, tengan o no sistema de depuración, y se facturaría directamente a los ayuntamientos, no a los usuarios.

Y, por último, los costes no cubiertos por los ingresos tributarios se cubrirían con otros ingresos del presupuesto general del Gobierno de Aragón.

A la presentación de las reclamaciones en la sede del Gobierno aragonés han estado presentes también los representantes de las asociaciones vecinales, sociales y de consumidores de Zaragoza.

Impuesto sobre aguas turbulentas que agitan la política aragonesa y ahora las calles zaragozanas

El Impuesto sobre Aguas Turbulentas, perdón, el Impuesto por Contaminación de las Aguas (ICA) se mueve en un maremoto político cuyas olas llegan este domingo a las calles de Zaragoza. En la capital aragonesa, decenas de miles de personas se han rebelado contra un tributo que consideran injusto. Es probable que muchas de ellas se manifiesten además para oponerse al pago que consideran doble por depurar el agua. El Gobierno de Aragón afirma que el gravamen es para todo el territorio, que todo el mundo paga igual y que su afán no es recaudatorio. Los impulsores de la campaña de oposición al impuesto sostienen todo lo contrario: que su razón de ser es sufragar el fracasado plan aragonés de depuración de las aguas, que ha generado un agujero millonario en las cuentas del Pignatelli.

Ese desencuentro inicial y esencial sobre la naturaleza y el origen del impuesto enturbia todo lo demás e impide el debate. ¿Eso o el agobio del Gobierno de Aragón por solventar los compromisos económicos contraídos con las empresas constructoras de las sobredimensionadas depuradoras?

Sea lo que fuere, es evidente que al presidente Lambán (PSOE) está polémica le pone de los nervios. En la rueda de prensa que ofreció el pasado jueves para exponer su propuesta de modificación del ICA se respiraba tensión y mostró un tono desabrido ante algunas preguntas de los periodistas, producto sin duda de la desazón que le produce un problema que su gobierno no ha generado, pero al que debe hacer frente sin posibilidad de elusión.

Al final de su comparecencia ante los medios y después de reiteradas alusiones a la justicia del impuesto, de decenas de apelaciones a la solidaridad, de reiterar la naturaleza finalista y no recaudatoria del tributo, Lambán acabó soltando una sentencia que tiene todos los visos de contradecir su argumentación previa: “Compartimos la opinión de que el sistema de depuración de las aguas anterior a nuestra llegada al gobierno tenía unos costes desproporcionados. Pero no queda más remedio que pagarlo”.

Sufragar un plan “nefasto”

¿De verdad hay que pagarlo si se trata, como la propia DGA reconoce, de sufragar un plan “nefasto”, que no sirvió para el fin que estaba concebido y cuyos costes no son de recibo? Desde el movimiento social que se ha levantado en Zaragoza y en Aragón contra el ICA lo tienen claro: “No”.

Poco después de la comparecencia mediática del presidente, representantes de la RAPA (Red de Agua Pública de Aragón), entidad al frente de la revuelta contra el impuesto, explicaban ante micrófonos y cámaras por qué la ciudadanía zaragozana no debía pagar el impuesto.

Cuando se pone en marcha el plan aragonés de depuración, impulsado por representantes del PAR en gobiernos de coalición con el PP y el PSOE, “ya se depuraba el 70% de las aguas residuales de Aragón, de las que más de la mitad correspondían a Zaragoza”, señalaba Enrique Gracia Ballarín en nombre de la RAPA.

Y continuaba: “para solucionar el 30% de los vertidos lanzaron un plan de saneamiento cuyos costes el ICA aplicado a las zonas que no depuraban no alcanzaba sino al 20-30% de dicho plan. Comprometieron 300 millones con las empresas constructoras de las depuradoras hasta 2045 y necesitaban que la recaudación por el impuesto creciera. Por eso entra Zaragoza, pese a haber solucionado ya su depuración, para que aporte 540 millones hasta ese año 2045 a través del tributo”.

La RAPA y demás organizaciones opuestas al ICA, entre las que se incluyen la FABZ (Federación de Asociaciones de Barrios) Podemos o Zaragoza en Común, insisten en que Zaragoza paga dos veces por lo mismo, por depurar, para sufragar “la actuación deshonesta de unas empresas que hincharon los proyectos, con la connivencia de determinados responsables administrativos y políticos”. Gracia Ballarín lo explicaba con un gráfico ejemplo: “es como si para el traslado de pacientes en las zonas rurales se necesitaran 200 coches y las empresas encargadas del suministro, en lugar de poner utilitarios. trajeran limusinas”.

Lambán explica su propuesta sobre el ICA, escoltado por el consejero Olona. Foto: Europa Press

Una iniciativa “fracasada”

El actual Gobierno de Aragón no contradice esos argumentos. Al contrario, el presidente Lambán calificaba el anterior plan de depuración como una iniciativa “fracasada” en la que se concibió una política de tratamiento del ciclo del agua “equivocada”.

Pero, al margen de esa evidencia, sostenía que “es necesario aplicar el impuesto aprobado por las Cortes de Aragón casi por unanimidad y es necesario cobrarlo en Zaragoza porque en 2013 se firmó un convenio al respecto”, que contemplaba el despacho de recibos en la capital aragonesa a partir de 2016, algo a lo que se opuso con vehemencia el entonces concejal de Economía zaragozano, Fernando Gimeno, quien ahora, como consejero de Hacienda de la DGA, defiende con fervor lo contrario frente a sus conciudadanos rebeldes.

Y es que en este punto del maremoto Gimeno, Lambán y el resto del Gobierno aragonés niegan tajantes que las/os zaragozanas/os estén pagando dos veces por lo mismo. Al contrario, el presidente sostenía que cotizan igual que el resto de los aragoneses porque en la capital “han pagado y pagan al Ayuntamiento por depuración de las aguas y por eso tienen un ICA con exención del 60%, mientras en el resto de Aragón se paga al 100%”.

¿Y en concepto de qué paga la ciudadanía zaragozana el ICA si ya lo hacen por la depuración? Pues porque este impuesto “tiene naturaleza medioambiental, para cumplir las exigencias de las directivas marco de la Unión Europea, relativas a todo el ciclo hidráulico, cuyo objetivo es reducir la contaminación y propiciar el ahorro de agua”, explicaba Lambán.

Pagar a empresas

“Para nada es un tributo medioambiental”, replicaban desde la RAPA, cuyos responsables argumentan que el dinero recaudado por el ICA tiene como destino “pagar a las empresas constructoras de las depuradoras gigantes”.

Las entidades opositoras al impuesto se muestran de acuerdo en que las aguas residuales deben depurarse y que eso implica poner en marcha servicios que hay que sufragar. Pero reclaman que se paralice el cobro del impuesto y que se revise todo el plan de depuración para a continuación determinar su financiación.

Y van todavía más allá, para ellas/os, el debate, la polémica del ICA, trata en realidad “de que determinadas empresas tienen más poder que nuestras instituciones. Eso no puede ser. Nadie, por muy poderoso que sea, debe estar por encima de las entidades públicas. La lucha del ICA es por la pervivencia del sistema democrático”.

¡Ostrás! Eso son palabras mayores. ¿Comparte el presidente de Aragón ese análisis?. Pues miren, no. Es más, Lambán insistía una y otra vez en que el ICA es un impuesto “justo”, que se cobra a todos los aragoneses por igual, y alababa hasta más de una decena de veces su carácter “solidario”. Por eso la ciudadanía zaragozana debe asumir su pago, como una aportación solidaria al conjunto de Aragón para asegurar la depuración de las aguas.

También él sabía poner ejemplos al respecto: “Muchos municipios no necesitarían depuradoras si no fuera por la población turística que reciben en determinadas épocas y que mucha proviene de otras localidades más grandes de Aragón. De hecho, 640.000 aragoneses pasan las vacaciones en su territorio y 104.000 tienen una segunda residencia en él”. Y a esto añadía que “casi todos los aragoneses pasamos por Zaragoza y somos consumidores de sus servicios y su oferta comercial”. Así que… “no es nada descabellado pedirle solidaridad a Zaragoza”, sentenciaba.

Gracia Ballarín (centro), flanqueado por el diputado de Podemos Pedro Arrojo (izda) y por el dirigente de la UCA, Javier Oliván. Foto: Aragón Digital

Depuradoras sobredimensionadas

Vale, vale. ¿Pero todo eso justifica que las depuradoras de Benasque o Sallent de Gállego-Formigal se presupuesten en 8,2 millones de euros?, se preguntan en la RAPA, cuyos dirigentes aseguran que las licitaciones actuales de depuradoras por parte de la DGA siguen siendo exageradas, inadecuadas y con tecnología bioquímica, mucho más cara y menos respetuosa con el medio natural.

El Gobierno aragonés, por boca de su presidente y de su consejero de Medio Ambiente, Joaquín Olona, sostenía lo contrario: se están licitando depuradoras (24 el pasado año y faltan otras 300) con criterios totalmente distintos y tecnologías ecológicas, como por ejemplo la de Jaulín. Olona, además, daba otro dato, el coste medio del ciclo hidráulico completo en Aragón, incluidas amortizaciones y gestión de depuradoras, “se sitúa en 0,59 euros por metro cúbico”.

“Claro, porque contabilizan desde el momento que llegan las aguas residuales a las depuradoras, una cantidad que es casi el doble, por los vertidos pluviales, que la que consumimos y vertemos en nuestros domicilios”, explicaban desde la RAPA.

Y añadían: “al contabilizar mucha más cantidad de agua, el precio por metro cúbico sale mucho menor. Pero la realidad es que en Aragón, con el pago del ICA al 100%, sin exenciones, y atendiendo a los consumos de una familia de tres miembros, se está pagando 1,08 euros por metro cúbico, lo cual es una barbaridad, porque la media española está en 0,67 euros”.

Esa, a su juicio, cruel evidencia, y el hecho de que el ICA, también a su juicio, supone una invasión de las competencias municipales y un pago doble por el mismo concepto, ha llevado a los detractores del ICA a promover los recursos contra el impuesto, que en Zaragoza se aproximan a los 30.000, y que en Madrid, con similares argumentos reclamatorios, han sido aceptados por su Tribunal Superior de Justicia.

Manifestación y ¿negociación?

Muchas/os de esas/os recurrentes se espera que estén presentes este domingo en la manifestación contra el ICA y por una gestión pública y transparente del agua. Están citadas/os a las 12 h en la glorieta de Sasera para llevar las olas de contestación que ha generado el ICA hasta las puertas del Pignatelli.

¿Quedará finalmente inundado el despacho de Lambán? No se sabe, pero el presidente acuciaba a la negociación, en especial al Ayuntamiento de Zaragoza y ofrecía rebajar los cinco euros de la cuota fija del ICA, además de reordenar el tramo variable para lograr un impuesto “más progresivo”.

Pues ni por esas. Las posiciones siguen muy separadas y enfrentadas.

Los opositores al polémico tributo, incluido el equipo de gobierno municipal zaragozano, que consideran la propuesta de Lambán como una maniobra disuasoria frente a la movilización, insisten en que sólo hay una vía: derogar el impuesto, devolver los recibos cobrados desde 2016 y después negociar cómo se desarrolla y cómo se financia el plan de depuración.

¿Quién surfeará mejor las acometidas del acuático impuesto? No se sabe, pero mucho tendrá que ver en ello las dimensiones de la ola popular que este domingo amenaza con inundar las calles de la capital aragonesa.