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Los partidos tienen hasta el 20 de agosto para llegar a un acuerdo de investidura en las Cortes

Los ocho partidos que han obtenido representación en las Cortes de Aragón tienen de tiempo hasta el 20 de agosto para lograr un acuerdo para la investidura del nuevo presidente de la Comunidad, y en caso contrario habrá que disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones.

Las Cortes se constituirán el 20 de junio y, según el reglamento de la Cámara, desde ese momento la Presidencia del Parlamento, previa consulta con las fuerzas con representación y oída la Mesa de las Cortes, propondrá un candidato dentro de los días siguientes.

Formulada la propuesta, se convocará el pleno de investidura, en el que el candidato deberá obtener, en la primera votación, el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara.

Si no lo consiguiera, se celebrará una nueva votación veinticuatro horas después y la confianza se entenderá otorgada si en ella obtuviera mayoría simple, señala el reglamento de la Cámara.

Dos meses, plazo máximo

La mayoría absoluta supone recibir el voto positivo de la mitad más uno de los diputados, es decir, 34. La mayoría simple se consigue cuando el número de votos afirmativos es superior al de negativos.

Si en ninguna de estas votaciones el candidato consigue la confianza de la Cámara, se tramitarán sucesivas propuestas por el mismo procedimiento. Entre ellas debe de transcurrir un plazo no superior a diez días.

Pero si pasan dos meses desde la constitución de las Cortes, es decir, se llega al 20 de agosto sin que ningún candidato consiga ser investido, el Parlamento se disolverá y se convocarán nuevas elecciones.

Los trámites para solicitar la dependencia se simplifican para resolverlos en menos de seis meses

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) ha modificado el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y el acceso a las prestaciones por dependencia, con el objetivo de que dentro de año y medio el proceso se solvente en menos de seis meses (plazo máximo marcado por la legislación), cuando en la actualidad la gestión en Zaragoza se prolonga más de ocho meses.
La medida entrará en vigor el 10 de junio y supone una simplificación de los trámites, que serán más rápidos y ágiles y se desarrollarán íntegramente por vía informática.
A partir de ese día ya no será necesario personarse físicamente para informarse sobre los requisitos para solicitar la prestación, que se hará por teléfono o telemáticamente, lo que permitirá reducir los plazos del procedimiento, así como también la documentación requerida.
El gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Joaquín Santos, y el jefe del servicio de Coordinación de la Gestión de las Prestaciones, Óscar Embid, han presentado el contenido de la orden que ha salido publicada en el Boletín Oficial de Aragón este lunes 13 de mayo (imagen superior de Gobierno de Aragón).
El anterior procedimiento implicaba que los usuarios acudieran a los centros de servicios sociales primero para recibir orientación e información, posteriormente para presentar la solicitud y parte de la documentación y después para elaborar el plan individual de atención (PIA) y presentar el resto de la solicitud, lo que hacía que el procedimiento se demorarse sin posibilidad de acortar plazos, como ha explicado Óscar Embid.
Todo más fácil y rápido
El nuevo procedimiento se inicia con la petición de cita por teléfono (en adelante también por vía telemática), bien en los centros de servicios sociales o, en el caso de la ciudad de Zaragoza, en la Dirección Provincial del IASS. En esa llamada se le dará cita al solicitante y se le informará tanto del procedimiento como de la documentación que debe llevar para la entrevista con el trabajador social.
En la entrevista con el trabajador social se unifican los principales trámites: información y orientación, formalización de la solicitud, aportación de toda la documentación, indicación de las preferencias de servicios o prestaciones del solicitante e informe social sobre las mismas.
A continuación, un trabajador del IASS acude al domicilio del solicitante para llevar a cabo la valoración del grado de dependencia.
Y finalmente el solicitante recibe en su domicilio la resolución de dependencia y de los servicios o prestaciones que se le reconocen (bien en una resolución única o en dos resoluciones simultáneas).
Más intervención de los profesionales
La nueva orden flexibiliza las posibilidades de intervención de los profesionales del sistema de servicios sociales, que podrán intervenir en cualquier fase del procedimiento para emitir informes adicionales, observaciones o cualquier otra iniciativa que estimen oportuno.
El nuevo reglamento contempla que todo el procedimiento se tramitado por vía telemática, aunque este método no se aplicará de forma inmediata. Desde el 10 de junio, cuando entra en vigor, los expedientes seguirán haciéndose en papel. Pero desde ese momento y de forma progresiva se irá incorporando hasta su totalidad la tramitación informática para cuya implantación total no hay fecha concreta, según ha subrayado Óscar Embid.
La aportación de documentación en el procedimiento también se reduce. Si el usuario da permiso y gracias a la tramitación telemática, el IASS podrá consultar datos en poder de todas las administraciones necesarios para completar la solicitud (DNI, prestaciones públicas, catastro, agencia tributaria…) sin que el usuario deba entregar la documentación. Asimismo, se elimina la necesidad de algunos documentos que se venían exigiendo.
Los expedientes de dependencia, por la propia situación de las personas dependientes, suelen experimentar un gran número de modificaciones, bien por su situación personal o familiar, “que exigen una rápida respuesta por parte de la Administración”, ha precisado Embid.
Por ello, la orden introduce dos alternativas a la tramitación ordinaria: La modificación directa por parte del IASS en todos aquellos supuestos que no conlleven una modificación sustancial del régimen de la prestación que disfruta el usuario y la actualización de los datos en el expediente informático sin necesidad de modificar el PIA (plan individualizado de atención).
Garantías para los usuarios
El nuevo reglamento introduce también dos medidas con importantes repercusiones económicas para los beneficiarios: señala que solo se procederá a la disminución del grado cuando exista una mejoría real de la situación del dependiente (en el 2012 el Gobierno estatal endureció los baremos lo que provocó la reducción de los grados sin que el usuario hubiera mejorado).
Asimismo, la orden también establece que la revisión del PIA no podrá suponer una disminución de las prestaciones económicas que recibe el usuario cuando no se produzca una variación del grado ni de las condiciones de la prestación. Esta medida se lleva a cabo porque, las reducciones de prestaciones aprobadas en 2012 por el Estado conllevaban, en algunos supuestos de revisión de grado de dependencia, que pese a operarse un cambio en éste las prestaciones se reducían.
Por último, la orden publicada este lunes contempla que dado el gran volumen de solicitudes que se registran en la ciudad de Zaragoza (en torno al 43% del total de Aragón), será la Dirección Provincial de Zaragoza del IASS la que se encargue de toda la tramitación y no los centros de servicios sociales municipales.
Dos procesos en uno
El director del IASS, Joaquín Santos, ha explicado gráficamente que la implantación del nuevo sistema suponía “fundir en un solo proceso lo que ahora se hace en dos fases. Por un lado, se realiza la valoración de la persona que ha solicitado la prestación por dependencia. Por otro lado, ayuntamientos y comarcas revisan el expediente para hacer una propuesta de prestación. Ahora, esos dos procesos se funden en uno solo, con evidente beneficio para los usuarios”.
La medida supondrá incrementar las dotaciones materiales y humanas del IASS, “que asumirá más competencias”, ha indicado Santos, quien no ha querido precisar la cuantía presupuestaria que podrían suponer esos refuerzos.
Santos sí ha concretado que los planes del IASS apuntan a que en el plazo de 18 meses “podamos ponernos al día”, lo que significaría que la totalidad de los expedientes fueran tramitados dentro del plazo legal máximo de seis meses.
En la actualidad, en Teruel ya se está cumpliendo ese plazo, “en Huesca se está muy próximo a conseguirlo”, pero en Zaragoza la gestión se prolonga entre ocho meses y un año, ha indicado Santos.
Reducir las listas de espera
El responsable del IASS ha insistido en la necesidad de reforzar las capacidades de los servicios sociales en Aragón porque se produce un incremento paulatino de las solicitudes para prestaciones por dependencia (un 16% más a lo largo de la presenta legislatura), debido al envejecimiento de la población y al ‘efecto llamada’ por la mejora de las prestaciones y la agilización de las concesiones.
Santos ha informado de que actualmente hay 30.321 personas atendidas, 13.554 más que al inicio de la legislatura, si bien el mayor número de solicitudes, 7.130, se han recibido en el último año.

Actualmente 6.730 personas se encuentran en lista esperando la resolución, lo que supone un 54 % menos.

En el siguiente gráfico se resume el nuevo procedimiento para solicitud de prestaciones por dependencia:

Aprobado el reglamento para la cesión sin privatizar de los campos de fútbol municipales a los clubes

El gobierno municipal ha aprobado el marco jurídico con las condiciones generales para la cesión sin privatización de los campos municipales de fútbol a los clubes que tradicionalmente los han gestionado a precario.

La aprobación de este documento garantiza la seguridad jurídica de esta fórmula de gestión, mediante entidades sin ánimo de lucro, a las que el Ayuntamiento de Zaragoza reconoce su labor de promoción del deporte base en los barrios de la ciudad.

Este acuerdo es fruto del proceso de negociación que la Concejalía de Vivienda y Deporte ha llevado a cabo junto a los clubes gestores de estos equipamientos y que “cierra la puerta a posibles planes de privatización de estas instalaciones en el futuro”, ha subrayado el concejal de Vivienda y Deporte, Pablo Híjar.

Derechos y deberes

En rueda de prensa, Híjar ha detallado que es un paso imprescindible de tener un marco jurídico y ha abundado en que Zaragoza es de las primeras administraciones en “regularizar sin privatizar” los campos de fútbol y se aborda desde el punto de vista administrativo y legal para permitir la cesión de uso a los clubes reconociendo su labor social, ha apostillado.

Híjar ha explicado que se regularizan los derechos y deberes y se mejora el ámbito social y medioambiental, además de la igualdad en el deporte, que ya han cumplido siete clubes con la creación de equipos femeninos.

Asimismo, el Ayuntamiento se hará cargo de las cuotas que no paguen los niños por su situación familiar y los clubes podrán deducirse estos importes del canon anual.

“Ha sido un proceso largo y este acuerdo marco es mirado por otras ciudades y administraciones por regularizar una gestión sin acudir a la privatización”, ha asegurado el concejal.

Incentivos y deducciones

El acuerdo recoge que el Consistorio incentivará la gestión sostenible desde el punto de vista energético y medioambiental, ya que el canon se verá reducido cada año en el mismo porcentaje en que consiga rebajarse el consumo de agua y luz respecto al año anterior.

Los clubes podrán deducirse también, en hasta un 80 por ciento el total, las inversiones que realicen en los campos, y también los gastos de mantenimiento, en este caso hasta un máximo del 20 por ciento del canon.

A partir de este documento base, que ya tiene el visto bueno de los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento, se podrá proceder a la firma de cada uno de los acuerdos con los clubes.

Cada acuerdo permitirá la cesión de la instalación por un plazo de ocho años –cuatro iniciales y otros cuatro prorrogables–, y atenderá a las particularidades de cada caso para determinar las condiciones de cesión (en la imagen superior de zaragoza.es, campos de fútbol de Las Fuentes, junto al parque Torre Ramona, cedidos a CD Juventud).

De esta forma, se regularizan la cesión de los campos de fútbol municipales a los mismos clubes con un modelo de cogestión que cumplirá con la legislación, mejorará la transparencia y la participación de los usuarios y usuarias, y determinará los derechos y obligaciones de cada parte.

Los patinetes eléctricos no podrán circular por aceras u otras zonas reservadas para peatones

Los patinetes eléctricos tendrán prohibida la circulación por las aceras y zonas peatonales. Deberán desplazarse por carriles bici, calzadas de calles limitadas a 30 km/h  y otras vías en las que en la actualidad está permitida con restricciones la circulación de bicicletas, siempre que se muevan despacio. Así se establecerá en la nueva normativa municipal sobre circulación de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) y bicicletas compartidas, que contemplará también restricciones para el aparcamiento de este tipo de vehículos en aceras y áreas peatonales y la imposición de multas por incumplimiento de las normas.

La llegada masiva a Zaragoza de los vehículos de movilidad compartida, en especial bicis y patinetes, está generando un gran debate ciudadano, sobre todo por los riesgos y molestias que conlleva la presencia en movimiento o estacionados de estos artilugios en las aceras y zonas reservadas para peatones.

La actual normativa municipal establece que los patinetes movidos por tracción humana pueden circular por aceras y calles peatonales, puesto que se considera que su velocidad de movimiento apenas excede a la de los propios peatones.

Esta reglamentación está siendo aprovechada por los usuarios de los patinetes eléctricos, que han llegado recientemente de forma masiva a la ciudad de la mano de las empresas de alquiler Koko y Lime, quienes se desplazan por aceras y zonas peatonales con evidente riesgo para los viandantes, puesto que sus vehículos pueden superar los 20 km/h.

Además, la presencia de estos patinetes y de las bicis compartidas estacionados en aceras, isletas peatonales, áreas para viandantes, bloqueando espacios y dificultando el paso a personas de movilidad o visibilidad reducida, está generando no pocas protestas entre la ciudadanía y por parte de asociaciones de personas afectadas por reducciones motoras o visuales.

Patinete aparcado en una acera junto a un paso de peatones

Restricciones

Los técnicos de la Concejalía de Movilidad tienen ya muy avanzado el proyecto del nuevo reglamento para regular el uso de estos vehículos, que se prevé presentar el próximo mes de noviembre, al menos en lo que respecta al patinete eléctrico.

La nueva normativa municipal prohibirá la circulación de los patinetes eléctricos por las aceras (las bicicletas ya la tienen cancelada desde hace varios años), según confirmaron fuentes de Movilidad y corroboró la propia concejala del ramo, Teresa Artigas, en un programa de radio de la Cadena Ser.

La nueva normativa zaragozana coincidirá con lo establecido en las regulaciones para VMP de ciudades como Barcelona o Madrid y los patinetes eléctricos tendrán acotada su circulación a carriles bici, calzadas de calles con velocidad limitada a 30 km/h, además de algunas zonas en las que en la actualidad se permite el paso de bicicletas de forma restringida, siempre que lo hagan a velocidad reducida.

En cuanto al aparcamiento de estos vehículos y de las bicicletas compartidas en las aceras y otras zonas peatonales, la reglamentación va a reducirla de manera muy notable y se impondrán multas a patinetes y bicis mal estacionados con riesgo o molestia evidente para los viandantes.

En aceras estrechas se prohibirá totalmente su aparcamiento y en otras zonas se limitará a espacios concretos, siempre fuera del centro del tránsito, en portales o en lugares de escasa visibilidad para el peatón.

Asociaciones como Acera Peatonal vienen insistiendo en que la circulación y estacionamiento de patinetes eléctricos está prohibida por la Ley de Tráfico y el actual reglamento estatal de circulación, aunque los responsables gubernamentales de la Dirección General de Tráfico no se han pronunciado de forma tan tajante y han anunciado que en breve va a publicarse la nueva normativa estatal sobre VMP, que podrá servir de referencia para las regulaciones locales.

Bici de la empresa Mobike multada por mal aparcamiento en la acera. Foto: @Elalparcero

Nuevas zonas de aparcamiento

La normativa aconsejará que patinetes y bicis se estacionen en las zonas de aparcabicis y además se habilitarán nuevos espacios en la calzada para colocar estos vehículos.

Esos espacios se detraerán a los coches, en una medida más para reducir su presencia en las calles zaragozanas, y se situarán preferentemente junto a pasos de peatones de forma que se facilite la visibilidad de los mismos, ahora obstaculizada por los coches.

La nueva reglamentación contemplará la imposición de multas por conducción indebida y por estacionamiento inapropiado. De hecho, la Policía Local ya ha comenzado a sancionar por aparcamientos inapropiados en las aceras, según ha confirmado la propia concejala Teresa Artigas.

Los agentes han impuesto ya alguna sanción por bicis y patinetes de alquiler mal estacionados, cuya cuantía ha sido de en torno a 60 euros. La caución la debe abonar la empresa titular de los vehículos, como ocurre en otras ciudades con reglamentación de VMP aprobada. Posteriormente, la compañía puede tratar de averiguar qué usuario fue el responsable del indebido aparcamiento para cargarle la sanción a su cuenta.

En cuanto al cobro de tasas municipales a las empresas de vehículos compartidos por ocupación de la vía pública, el nuevo reglamento es seguro que establecerá algún tipo de gravamen, según informaron las fuentes municipales consultadas, aunque no se ha determinado todavía la forma en que se determinará.

En su momento, la concejala Artigas habló de que el Ayuntamiento podría optar por  la concesión de licencias a estas empresas mediante cobro de cuotas y limitación de vehículos en la calle, o bien por sacar a concurso estas nuevas modalidades de movilidad compartida, en cuyo caso también llevaría implícito el pago de tasas municipales.