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Más de 30.000 personas se benefician de la Ley de Dependencia en Aragón

Cada vez, es mayor el número de aragoneses que consiguen acceder a las prestaciones de la Ley de Dependencia. Actualmente, superan los 30.000, una cifra que casi se ha duplicado en los últimos cuatro años, según datos del Gobierno de Aragón, y que se espera seguir aumentando para paliar una de las grandes lacras sociales de hoy día: la soledad en la Tercera Edad.

la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno aragonés, Mariví Broto, que ha presidido la asamblea de la Asociación Aragonesa para la Dependencia (Arade), ha presumido del esfuerzo “considerable” del Ejecutivo en este campo que, asegura, ha permitido pasar de los 16.000 atendidos en 2015 a los 30.000 en la actualidad.

Más plazas concertadas

Broto también ha subrayado el aumento de casi el 60 % en las plazas concertadas en residencias en esta legislatura, pasando de 1.224 en 2015 a las actuales 1.929.

“En un año y medio más, con el presupuesto que tenemos, acabaríamos con las listas de espera”, ha asegurado la consejera.

Por otro lado, Broto ha coincidido en la reivindicación de la gerente de Arade y ha pedido al Gobierno de España que se comprometa con la Ley de Dependencia pues, ha señalado, estos avances se han ejecutado sin que aumente el porcentaje aportado por Madrid.

En este sentido, la consejera ha lamentado que no se hayan aprobado los Presupuestos Generales del Estado porque suponían “un incremento importante” en la inversión en Dependencia.

La Asociación Aragonesa para la Dependencia es la principal asociación de la Comunidad que engloba entidades privadas de atención a las personas mayores entre las que se encuentran residencias para la tercera edad, centros de día, empresas de ayuda a domicilio y de teleasistencia.

Financiación

La gerente de Arade, Paquita Morata, coincidiendo con la Asamblea Anual que han celebrado este viernes junto a las 77 entidades privadas que colaboran, ha subrayado que el sector de la dependencia ocupa en Aragón a casi 2.000 personas de forma directa y a 4.000 más de forma indirecta, el 95% de ellas, mujeres. Una labor que “debe ser reconocida por la sociedad y abrirse a los barrios y a los pueblos, ya que ejerce una función fundamental en la vertebración del territorio”, ha indicado Morata.

Arade ofrece asistencia hoy a 5.263 mayores en la Comunidad a través de una amplia red de Residencias y Centros de Día, a los que habría que sumar los beneficiarios de los servicios de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia.

En ocasiones, no todas las personas disponen de los recursos económicos suficientes para acceder a ellos y, por eso, desde el colectivo se pide más implicación de la Administración para que se pueda ejecutar al 100% la Ley de Dependencia

Morata ha reclamado tanto al Gobierno central como a las autonomías que la Ley de Dependencia tenga la financiación “suficiente” para cubrir la necesidad existente y acabar así con las listas de espera

La gerente de Arade ha remarcado este viernes en declaraciones a los medios previas a la asamblea anual de la asociación que la colaboración público-privada es “muy importante” para las personas que no pueden costearse por sí mismas una plaza en una residencia.

200 plazas más en residencias para personas dependientes

El Consejo de Gobierno ha aprobado modificar el acuerdo marco de plazas en centros residenciales para mayores dependientes para incrementarlo con 553.368 euros, lo que supone la creación de 200 plazas concertadas más.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mariví Broto, ha explicado que el acuerdo marco, válido para cuatro años, se aprobó en 2014 por un importe de 63,03 millones de euros, distribuidos en cuatro anualidades.

En 2016 y en 2017 se autorizó su modificación con un incremento de 2 millones y de 1,2 respectivamente, todo ello derivado de la reactivación de los mecanismos de reconocimiento de los mayores dependientes.

A esos incrementos se suma el aprobado este martes 18 de septiembre, con lo que el número de plazas incluidas en el acuerdo marco y que se concertarán es de 1.935, un 80 por ciento más que al inicio de la legislatura, cuando había 1.073.

Conciertos

Las plazas se concertarán con entidades privadas y públicas gestionadas por los Ayuntamientos y las comarcas en todo el territorio aragonés y serán para mayores dependientes, sobre todo aquellos que tienen una valoración de Grado III (grandes dependientes que no pueden valerse por sí mismos).

A fecha de 31 de agosto, en Aragón reciben prestación o servicio 27.788 personas dependientes, 11.111 más que al inicio de la legislatura, lo que según Broto requiere gestionar “de forma adecuada”.

Este Gobierno, ha agregado, apuesta por los servicios en lugar de por la prestación económica para los dependientes.

La DGA endurece las condiciones a los centros sociales que quieran concertar con la Administración

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de ley de Ordenación de las Entidades Privadas de Servicios Sociales, una norma que emana de la Ley de Servicios Sociales de 2009 y que incluye entre sus novedades la necesidad de una acreditación para aquellos centros que quieran colaborar con el sistema público de servicios sociales en la provisión de prestaciones públicas sociales o en el desarrollo de medidas o programas impulsadas por las Administraciones públicas.

Esta acreditación es diferente de la autorización administrativa que ya se exige en la actualidad para poder abrir como centro de estas características y que este proyecto de ley también recoge.

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que se trata de “un paso más en la calidad de estos centros” y ha detallado que esa nueva acreditación supone “mejoras respecto a los mínimos” que se obligan en la autorización y también implica contar con un modelo de gestión que sea el mismo que el de los centros públicos.

Broto ha comentado que en el caso de la autorización necesaria para la apertura de todos los centros se determinan los servicios y los requisitos que tienen que tener estos establecimientos en instalaciones y personal.

La consejera ha apuntado que con este proyecto de ley y el de Igualdad y protección integral contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en Aragón, más conocida como Ley de Igualdad LGTBI (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales), que también ha recibido el visto bueno del Consejo de Gobierno este martes, su Departamento ha presentado nueve leyes esta legislatura, algunas en tramitación todavía en las Cortes autonómicas.

Inscripción

Broto ha recalcado el “compromiso claro desde el primer día para atender a las personas y acabar con el desmantelamiento de los servicios sociales”.

Así, el principal objetivo del proyecto de ley de Ordenación de las Entidades Privadas de Servicios Sociales es ordenar la actividad desarrollada por las entidades privadas, de iniciativa social o mercantil en materia de servicios Sociales.

Para su habilitación, se exige la correspondiente inscripción de las autorizaciones y acreditaciones, en su caso, en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales.

El proyecto de ley define las condiciones mínimas para obtener dicha habilitación, si bien su concreción y desarrollo le corresponde a la regulación reglamentaria que se apruebe con posterioridad, que detallará la regulación general prevista en la ley.

Esta norma también será la que establezca el calendario de plazos de adecuación de los centros, tanto de titularidad privada, como también pública, a los requisitos establecidos para la acreditación.

En relación con el ámbito de aplicación, la ley va dirigida a las entidades privadas, de iniciativa social o mercantil y a todos los centros y servicios sociales que gestionen y se encuentren ubicados o actúen en el territorio de la Comunidad autónoma, con independencia de donde radique la sede o el domicilio social del titular.

El IASS amplía 92 plazas en residencias para mayores dependientes

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales ha ampliado en 92 plazas el Acuerdo Marco en residencias para mayores dependientes, dado que se habían ocupado las 1.571 existentes hasta ahora, por lo que el número total de plazas incluidas en este documento es 1.663, un 45 % más que al inicio de legislatura.

A estas plazas hay que sumar las 250 que se han sacado en convocatoria extraordinaria gracias a un convenio con la Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias (FAMCP), según han indicado fuentes del Gobierno de Aragón.

Estas plazas están dirigidas a dependientes de grado II y III que no reciban ninguna prestación y que opten por una plaza en diferentes residencias municipales y comarcales del medio rural.

El Acuerdo Marco de plazas en centros residenciales se aprobó en 2014 por un importe de poco más de 63 millones de euros para los años 2015, 2016, 2017 y 2018, si bien la demanda existente hizo que en agosto del pasado año se autorizara una modificación con un incremento de 2 millones de euros.

Incremento de servicios y puestos de trabajo

La modificación que recientemente se aprobó en Consejo de Gobierno supone un incremento de 1.237.153 euros.

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mariví Broto, ha destacado la importancia de que además de las prestaciones a la Ley de Dependencia, incrementen los servicios y ha apuntado que la ampliación de este acuerdo es ejemplo de ello.

Además ha añadido que con esta ampliación también se incrementan los puestos de trabajo, que ascienden a cerca de 50, y sumarán en total unos 200 creados esta legislatura en residencias.

Los ciudadanos adjudicatarios de una de estas plazas pagan el 80 % de su renta personal y el resto, hasta el precio público de la plaza, 1.200 euros, es abonado por la Administración autonómica.

Plazas para 250 dependientes en zonas rurales

De izda a dcha, Joaquín Santos (director IASS), Javier Lambán (presidente DGA), Mariví Broto (consejera Derechos Sociales) y Carmen Sánchez (presidenta FAMCP)

Un total de 250 personas dependientes de grado II y III que no estén recibiendo ninguna prestación podrán ingresar en 52 residencias rurales en aplicación del convenio que han firmado este martes el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), al que se han adherido 20 municipios y las comarcas del Aranda, Sobrarbe y La Litera.

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha asistido a la firma del convenio, que han protagonizado la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, y la presidenta de la FAMCP, Carmen Sánchez.

El coste de cada plaza es de 1.200 euros por mes y los beneficiarios pagarán hasta el 80 por ciento de sus ingresos, abonando el Departamento la diferencia hasta la cantidad mencionada.

Residencias con dificultades

En rueda de prensa, la consejera María Victoria Broto ha hecho notar que muchas residencias podrán continuar su actividad gracias a este convenio, reconociendo que “algunas están en situación de dificultad y necesitan tener más personas atendidas”. El presupuesto del convenio es de aproximadamente 1,5 millones de euros, aunque dependerá de lo que aporten los beneficiarios.

Ha observado que gran parte de los 1.000 empleos creados durante esta legislatura en este ámbito es femenino y ha comentado que el Gobierno de Lambán se encontró con una situación de “desmantelamiento de los servicios sociales y una gran dificultad”.

La presidenta de la FAMCP ha señalado que estas ayudas permitirán a los municipios a mantener “en perfecto estado” sus residencias y los ciudadanos podrán acceder a las mismas “vivan donde vivan”, destacando las medidas implementadas por el Gobierno de Lambán para vertebrar el territorio.

Javier Lambán ha considerado que el Gobierno de España “debería reconocer que no hace las aportaciones correspondientes” a la atención a la dependencia, ya que paga el 16 por ciento del total y debería abonar la mitad, por lo que “incumple” la normativa. Ha confiado en la que la próxima Comisión Bilateral Aragón-Estado no se convierta en un “juego floral bilateral”.

Convenio

Respecto al objeto del convenio, éste contempla articular un sistema de colaboración entre el IASS y la FAMCP para facilitar el acceso de personas en situación de dependencia, de Grado III y II, a centros residenciales de titularidad de las entidades locales que se adhieran al mismo, para lo que el IASS publicará en el Boletín Oficial de Aragón una convocatoria dirigida a personas en estas situaciones que deseen acceder a plaza residencial.

En dicha convocatoria se relacionarán los centros residenciales de las entidades locales que reúnan los requisitos establecidos y que se hayan adherido a este convenio. La persona en situación de dependencia señalará el o los centros residenciales a los que desee acceder.

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales garantiza a la entidad local, siempre y cuando exista solicitud de personas en situación de dependencia que cumplan los requisitos y que deseen acceder a centros residenciales de las mismas, al menos una plaza en cada centro residencial que se haya adherido a este convenio y hasta un máximo de 250 plazas en todo Aragón.

Por encima de la plaza adjudicada, el número de plazas a adjudicar será proporcional al número de solicitudes para cada centro. En su caso, en cada centro residencial se establecerá una lista de espera.