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El Ayuntamiento expedienta al Real Zaragoza por vertidos sin control en la parcela de la Ciudad Deportiva

El Ayuntamiento de la ciudad ha abierto expediente sancionador al Real Zaragoza tras el descubrimiento de cinco vertidos incontrolados en los terrenos de la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza, alguno de hasta 85 metros de longitud y otros que databan de hace 20 años. El club será sancionado con varios miles de euros de multa por una infracción calificada como “muy grave”.

Al realizar una inspección de oficio, los agentes de Medioambiente de la Unidad Verde del Consistorio zaragozano constataron que en la parte más noroccidental y elevada de la parcela se apreciaba desde el exterior un vertedero incontrolado.

Tras entrar al recinto se comprobaron dichos puntos de vertido, que además se trata de suelos especial protección regadío, según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El expediente abierto que se tramitará para el estudio de la sanción al Real Zaragoza Fútbol Club incluye la necesidad de la restauración ambiental de la zona por parte de sus propietarios y que tiene que ser “de forma inmediata” (en la imagen superior de Ayuntamiento de Zaragoza, un vehículo de la Unidad Verde junto a la zona de los vertidos ilegales).

Hace más de veinte años

En el informe de la inspección se determina que algunos de los focos de vertido son de hace más de veinte años, tras observar el histórico de la ortofotografía aérea de la cartoteca del Gobierno de Aragón.

Los focos de residuos se encuentran en el fondo de taludes, por lo que se descarta que la intención fuera almacenarlos para trasladarlos posteriormente al CTRUZ, puesto que el coste de recuperarlos sería muy alto, indican los agentes en su informe.

Al respecto, el consejero municipal en funciones de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, ha aseverado que “se constata la mala fe” y ha apostillado que la ordenanza municipal califica de “muy grave” este vertido y aunque no ha concretado el coste porque se tienen que analizar todas las condiciones ha estimado que será de varios miles de euros.

Vertidos de todo tipo

En rueda de prensa, Cubero ha detallado que los vertidos son tanto de material de obra, escombros o movimiento de tierras, además de las siegas y restos de poda de las instalaciones que gestiona el Club.

Ha anunciado que en el próximo mandato, como concejal de Zaragoza en Común (ZeC) estará muy vigilante con la tramitación de este expediente.

Se considera que la “mala praxis” se viene produciendo independientemente de las empresas o el personal propio que ha realizado las tareas de mantenimiento, puesto que las que actualmente trabajan lo hacen desde 2014.

Cubero ha apostillado que tanto los propietarios del terreno como las empresas de mantenimiento deberían haber entregado esos residuos en una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, según el Real Decreto por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Asimismo, se considera que se ha vulnerado la Ley de residuos y suelos contaminados, puesto que estos focos de residuos suponen un deterioro grave para el medio ambiente.

El club dice que ya ha actuado

Por su parte, el Real Zaragoza ha notificado, en primer lugar, que no ha recibido “información alguna sobre la apertura de ningún expediente municipal”. Además, asegura que contrató un servicio “que completó la recogida de escombros”.

En concreto, la Ciudad Deportiva, tal y como ha explicado el club en un comunicado hecho público en su página web, recibió a principios de mayo la visita de un inspector que detectó residuos tanto de obra como de origen vegetal.

De acuerdo con sus indicaciones, han aclarado, y antes de cualquier información oficial por parte del Ayuntamiento, “que aún no se ha notificado”, según apuntan, el club “contrató un servicio de gestión de residuos, avalado por el Gobierno de Aragón, que completó la recogida de escombros”.

Desde ese momento, tal y como han expresado en el comunicado, el Real Zaragoza Sociedad Anónima ha trabajado “para solucionar los vertidos de origen vegetal también detectados en la inspección”.

La Universidad Rey Juan Carlos abre una investigación sobre el expediente de Beamonte

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha abierto una investigación oficial sobre el expediente académico del presidente del PP aragonés y candidato a la presidencia de Aragón, Luis María Beamonte, quien ocultó que terminó su carrera de Derecho en esta universidad 35 años después de empezarla en Zaragoza.

Fuentes de la URJC han señalado a Efe que, tras una primera revisión preliminar, se ha decidido trasladar el expediente al Servicio de Inspección de la universidad para comprobar si el procedimiento académico mediante el cual Beamonte obtuvo la licenciatura de Derecho en la URJC en 2017 “fue correcto”.

Estas fuentes insisten en que el traslado del expediente al Servicio de Inspección “no significa que hayan detectado irregularidad alguna” en esa revisión previa, sino que es preferible que la investigación sea llevada a cabo por este servicio, que es “el departamento encargado de investigar estos asuntos”.

De esta manera, el Servicio de Inspección podrá comprobar ahora “si la legislación, los planes académicos, las convalidaciones se cumplen” en la consecución del título de Beamonte, teniendo facultad para, de forma “confidencial”, interrogar a profesores relacionados con este asunto, “si así lo precisara la investigación”.

En el caso de que en esta investigación se detectara algún tipo de “indicio de irregularidad comprobable”, se actuaría “en consecuencia”, bien llevando el caso ante un juez, en el caso de que la irregularidad detectada pudiera ser constitutiva de delito, o bien con la apertura de un expediente sancionador por mala praxis.

Concluyó la carrera en 2017

Según adelantó hace dos semanas el diario El País, en el expediente académico del candidato del PP a la Presidencia de Aragón consta que concluyó la carrera en 2017 -la había empezado en 1982 en Zaragoza- con dos sobresalientes en sendas asignaturas pendientes y con 45 convalidaciones.

Sin embargo, el líder de los populares aragoneses (en la imagen superior hablando en un acto electoral celebrado este mièrcoles 22 de mayo en Zaragoza) no desveló después de acabar la carrera en la URJC que sí era licenciado, en un momento en el que, el diario Heraldo de Aragón, le había acusado en una información de “mentir” en su currículum por decir que tenía la carrera de Derecho.

Desde la Rey Juan Carlos han reiterado que no pueden dar información sobre el expediente de un alumno por una cuestión legal, dado que están sometidos a la Ley de Protección de Datos, aunque el propio dirigente aragonés aclaró en Zaragoza que si la URJC quiere enseñar los exámenes que realizó “no tiene ningún problema”.

Beamonte defendió hace una semana en rueda de prensa que había ocultado que había terminado su carrera de Derecho porque la acabó “en una universidad involucrada en los escándalos de los máster de Pablo Casado, Cristina Cifuentes y Carmen Montón”.

Beamonte, tranquilo

El líder del PP aragonés y candidato a la Presidencia de Aragón ha asegurado este jueves que está muy tranquilo ante la investigación oficial sobre su expediente académico abierta por la Universidad Rey Juan Carlos y que espera que esto se solucione “cuanto antes”.

“A mí me parece muy bien que se revise por parte de la universidad lo que se quiera revisar”, ha insistido Beamonte, preguntado en un acto electoral del PP en Zaragoza por la investigación para verificar si el proceso por el que obtuvo la licenciatura de Derecho en 2017 “fue correcto”, 35 años después de empezar la carrera en Zaragoza.

“Les puedo asegurar que estoy absolutamente tranquilo”, ha reiterado Beamonte, quien ha confirmado que nadie de la URJC se ha puesto en contacto con él.

Los trabajadores de FCC demandan a la empresa por no aplicar la legislación sobre igualdad

El comité de empresa de parques y jardines ha demandado a la dirección de FCC por falta de información relativa a la aplicación del II plan de igualdad, la implantación del derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y sobre las medidas adoptadas para fomentar la igualdad entre ambos sexos en la empresa.

El pasado viernes el comité de empresa de parques y jardines interpuso la citada denuncia porque en la información requerida no figuran datos sobre la proporción de mujeres y hombres en los diferentes niveles profesionales, ni sobre las medidas adoptadas para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en la empresa.

Los representantes de los jardineros han considerado que la empresa está incumpliendo el art 64.3 del vigente Estatuto de los Trabajadores.

Dicho artículo reza: “el comité de empresa también tendrá derecho a recibir información, al menos anualmente, relativo a la aplicación en la empresa del derecho de igualdad de trato de oportunidades entre mujeres y hombres, en la que deberá incluirse el registro previsto en artículo 28.2 y los datos sobre la proporción de mujeres y hombres en los diferentes niveles profesionales, así como, en su caso, sobre medidas que se hubieran adaptado para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en la empresa, y de haberse establecido un plan de igualdad, sobre la aplicación del mismo”.

Sanción grave

Desde el comité de parques y jardines han apuntado que “este nuevo incumplimiento” del derecho de información, audiencia y consulta a los representantes de los trabajadores, en los términos legales que estuvieran establecidos, como a su vez el no cumplimiento de las obligaciones en materia de planes y medidas de igualdad efectiva para hombres y mujeres, conlleva una sanción grave con una cuantía económica que va de 626 euros a 6.250 euros”.

Así mismo han recordado que “FCC ya ha sido condenada por otros motivos relacionados con el incumplimiento de la entrega de información a los representantes legales de la plantilla”.

El comité de empresa ha incidido en que “si estuviera en vigor el nuevo pliego de condiciones este incumplimiento supondría una sanción muy grave e, incluso, la rescisión inmediata del contrato a FCC por incumplir la legislación vigente y el convenio”.

Trabajo sanciona a la empresa de dos gimnasios municipales

El concejal de Deporte del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Híjar, ha confirmado la información ofrecida por UGT de que la Inspección de Trabajo ha multado con 245.000 euros a la empresa Homsa Sport, ahora propiedad del Grupo Forus, que gestiona dos gimnasios municipales.

La razón de esta sanción, que todavía no es firme, es que los 40 trabajadores de estos servicios estaban percibiendo sus salarios con arreglo al convenio estatal y no al provincial, como marca la ley, por lo que la empresa estaría dejando de pagar a cada empleado entre 4.000 y 6.000 euros anuales.

La compañía gestiona las áreas de fitness de los centros deportivos municipales José Garcés y Siglo XXI.

En rueda de prensa, Híjar ha considerado que este hecho da la razón a los trabajadores y al propio Ayuntamiento, al poner de manifiesto que la gestión privada es “lo menos eficiente” que se han encontrado en el ámbito de las instalaciones deportivas.

Municipalización

Además, ha apuntado que “seguramente” este incumplimiento sería motivo de sanción por parte del Consistorio si la multa es firme, algo que el equipo de gobierno estudiará, pero ante lo que ha avisado ya de que hay “pocos mecanismos”, dado que los pliegos datan de 2003 y 2006, una época en la que estaban redactados “a medida de las empresas”.

Esos pliegos recogen que el convenio de referencia es el estatal, aunque el concejal ha recordado que “ningún pliego puede ir contra ley”.

Asimismo, ha querido dejar claro a plantilla y usuarios de estos centros deportivos que no deben aceptar “chantajes” de esta empresa en cuanto a su viabilidad ya que ha obtenido beneficios por más de 10 millones de euros desde 2016.

Por todo ello, Híjar ha vuelto a defender la municipalización de los servicios públicos y ha animado a los trabajadores de otras contratas a que hagan lo mismo que los de estos dos gimnasios y denuncien, aunque aboga por que se alcancen acuerdos antes de llegar a este punto.

Un juzgado confirma el cierre de un bar por no impedir que se sacaran bebidas a la calle

El Juzgado nº2 de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza ha confirmado el cierre administrativo contra el bar “La Enagua”, situado en la zona de Moncasi, por utilizar el espacio público como ampliación del aforo del establecimiento y confirma la resolución del Ayuntamiento en la que deja sin efecto la Declaración Responsable por incumplir la obligación de no sacar bebidas a la calle.

Desde la Asociación de Vecinos y Comerciantes La Huerva se ve esta sentencia como “histórica” pues, además de reconocer el uso de la calle como ampliación del aforo del establecimiento, se incide en “el expreso deber de evitar que se saquen las bebidas para su consumo en la vía pública”.

Además, la sentencia reconoce que “bajo la apariencia de un bar, lo que en realidad se ha establecido es un local de venta de bebidas para llevar”.

Obligación del local

Este hecho es sumamente importante, pues reconoce la obligación de cualquier tipo de local, independientemente de su licencia, a establecer las medidas necesarias para que no se saquen bebidas al exterior.

El presidente de La Huerva, Carlos Monge, afirma que “es una sentencia demoledora y vergonzante para el propietario del establecimiento. En ella se reconoce su mala praxis y que faltó a la verdad en el momento de pedir la declaración responsable.

Además, también afirma que ha favorecido el consumo de alcohol en la calle de una manera consciente y sostenida en el tiempo, y que su establecimiento desarrollaba una doble actividad planificada desde el primer día en un lugar propicio para ello por su historia y por el tipo de clientela de la zona”.

Aragón Press

Un juzgado ratifica la sanción a Echenique por la situación laboral irregular de su asistente

El Juzgado de lo Social número 2 de Zaragoza ha ratificado la sentencia que la Tesorería General de la Seguridad Social impuso en abril de 2017 al secretario general de Organización de Podemos, Pablo Echenique, por la contratación irregular de un asistente personal, y declara que sí que existió relación laboral especial por cuenta ajena entre ellos. El juzgado confirma la existencia de “relación laboral especial por cuenta ajena” entre el político y el trabajador entre marzo de 2015 y abril de 2016, así como la sanción de 1.039 euros.

La sentencia, dictada por la jueza Itziar María Ochoa el pasado 10 de enero, estima la demanda interpuesta por la Seguridad Social contra Echenique y declara que esta relación era laboral, a los efectos de alta y cotización del asistente, Eduardo P.S., en el sistema general de empleados del hogar de la Seguridad Social.

La infracción que reconoce la jueza se refiere al periodo entre marzo de 2015 y abril de 2016 en el que Eduardo P.S., según la sentencia, acudía de lunes a sábado, y algún domingo, una hora por la mañana al domicilio del número dos de Podemos para ayudarle a levantarse, asearse y vestirse, pero nunca fue dado de alta en la Seguridad Social.

El precio de los trabajos estaba fijado en once euros por hora, que Echenique abonaba en efectivo.

Relación laboral por cuenta ajena

La demanda se formuló de oficio por parte de la Seguridad Social con el objetivo de que se declarase esta relación laboral por cuenta ajena, a lo que Echenique alegó en su día que esta se enmarcaba en un supuesto de arrendamientos de servicios y que no se daban las condiciones necesarias para considerar esta relación como laboral por cuenta ajena.

En un tuit publicado este martes tras conocer la sentencia, Echenique asegura su intención de recurrirla y mantiene que la ley de dependencia estatal y la orden aragonesa que regula las prestaciones del sistema para la atención a la dependencia posibilitan que los asistentes profesionales pueden “funcionar como autónomos”.

“La sentencia no atiende a esta legislación que puede afectar a miles de familias. Por eso, la recurriré”, apunta Echenique.

El secretario de Organización de Podemos ha mantenido que siempre creyó que su asistente estaba dado de alta en el régimen de autónomos de la Seguridad Social y que, por lo tanto, había contratado a un profesional autónomo, pero la sentencia rebate “dichas creencias” acerca de la “no laboralidad” de la relación, en tanto en cuanto no se aportaron facturas por la prestación de estos servicios “ni consta documento alguno que avalase dicha naturaleza no laboral”.

Ayuntamiento sanciona a Dragados con 22.800 € por paralizar la obra de pisos sociales en Las Fuentes

El Consejo de Administración de la sociedad municipal Zaragoza-Vivienda ha acordado sancionar a la empresa Dragados con 22.800 euros por la paralización de la construcción de un bloque de 80 alojamientos con usos compartidos, situado en la calle Fray Luis Urbano, en el distrito de Las Fuentes.

El vicepresidente de Zaragoza-Vivienda, Pablo Híjar, ha informado de que esta sanción se le aplicará a la constructora por los 38 días de retraso “deliberado” que ha acumulado entre septiembre y octubre de 2018, lo que ha determinado que sólo haya certificado un 23,22 por ciento de la obra cuando tenía que ser del 36 por ciento (en la imagen superior de Aragón Digital, estado actual de la obra, sin presencia aparente de trabajadores).

“Creemos que se juega con una demanda social e histórica del barrio de Las Fuentes y el movimiento vecinal lo exige cuando además vemos que Dragados que tiene cuadrillas en las obras de pisos lujosos mientras las viviendas sociales las tiene paralizadas”, ha denunciado el concejal.

Modificación de contrato

La obra de los pisos sociales de Las Fuentes se licitó por 6,8 millones y fue adjudicada a Dragados al realizar una oferta de 5,9 millones, es decir, una rebaja del 13% en una propuesta que además incluía otras acciones complementarias que fueron valoradas por la mesa de contratación.

Ahora Híjar considera que “la multinacional intentar someter a posición de fuerza al Ayuntamiento de Zaragoza para recuperar la pérdida por la baja en la oferta o aumentar sus beneficios”.

La empresa ha pedido una modificación de contrato que “es una vieja práctica que se debería abandonar, por la que se presenta a concurso haciendo baja importante en la licitación y luego pretende recuperar dinero mediante una modificación de contrato con presión sobre el plazo de ejecución”, ha descrito. Ante esta posible pretensión de Dragados ha dejado claro que no va a ser aceptada por el Ayuntamiento.

En rueda de prensa, Pablo Híjar ha puntualizado que la obra “no está parada oficialmente, pero Dragados no tiene cuadrillas trabajando y la construcción no avanza”.

Chantaje

El concejal de Vivienda ha reconocido que hay “contactos de forma permanente, pero Dragados no dice si va a continuar o no” y por eso temen que lo pretendan dilatar en el tiempo e intentar lograr algo que “es imposible que logren”.

Por ello, ha considerado que “lo mejor es que sean honrados y asuman su compromiso o que sean honestos y dejen sacarlo a nueva licitación, aunque parece que prefieren hacer grandes torres para hacer negocios en el mercado privado”.

Pablo Híjar ha indicado que si Dragados corrige los plazos de ejecución los 22.800 euros de sanción “se podrían reducir”, aunque ha apuntado la posibilidad de que la empresa lo recurra.

“Espero que la tentación no sea responder con recursos y dilatar aún más la obra. Pido honestidad y si la quiere continuar que siga, aunque no ganará el dinero que pensaban con el chantaje al equipo de gobierno de la modificación de contrato, pero no existe esa posibilidad porque chantajea a los vecinos de Las Fuentes”.

El trato de Chip Audiovisual (Grupo Henneo-Heraldo) a sus empleados desata una crisis en Aragón TV

La Asociación de la Prensa de Aragón (APA) y Chunta Aragonesista (CHA) han sido las primeras entidades en solicitar una reunión inmediata del consejo de administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) para revisar las condiciones laborales “totalmente inadecuadas” que la productora Chip Audiovisual (Grupo Henneo-Heraldo) impone a sus empleados encargados de cubrir el grueso de los programas informativos de Aragón TV, que la citada productora tiene subcontratados. Por su parte, Podemos ha solicitado la comparecencia en las Cortes del consejero de Presidencia del Gobierno aragonés, Vicente Guillén, para que explique la situación en la que se encuentran las plantillas de la CARTV y de las empresas con contratas.

La reacción de la APA, CHA y Podemos, que probablemente den lugar a nuevas iniciativas por parte de partidos y entidades con representación en la CARTV, ha tenido su origen en la sanción de carácter grave de tres días de suspensión de empleo y sueldo impuesta por Chip Audiovisual al meteorólogo Eduardo Lolumo por aparecer en antena con una camisa negra el pasado 12 de octubre, color que utilizan los empleados de la citada productora todos los jueves para protestar por sus “pésimas condiciones laborales”.

Reacciones inmediatas

El color de la camisa utilizada por Lolumo ha sido entendido por la cuestionada Chip Audiovisual como un desafío y por ello le ha abierto expediente sancionador al popular meteorólogo, lo que le fue comunicado el pasado 26 de octubre.

La decisión de la productora ha sido contestada de inmediato por los trabajadores de la plantilla de Chip y por el resto de empleados de Aragón TV. El comité de empresa salió en defensa de Lolumo para denunciar que “es injustificada y desproporcionada y solo pretende amedrentar a la plantilla y coartar nuestro derecho a la protesta” (en la foto superior, trabajadoras/es de Aragón concentrados ante las puertas de la cadena en protesta por la actitud de la productora).

Por su parte, los meteorólogos de las principales cadenas televisivas de ámbito estatal vistieron de negro este 1 de noviembre en solidaridad con su compañero sancionado.

Mas alto pero no mas claro. Unidos somos invencibles¡SI TOCAN A UNO, NOS TOCAN A TODOS!

Publicada por Roberto Gimenez Lardies en Martes, 30 de octubre de 2018

 

Conflicto permanente

Los trabajadores de Chip Audiovisual vienen reclamando desde hace tiempo mejoras salariales y laborales que apenas han tenido respuesta por parte de la empresa. Por ello, a comienzos de verano iniciaron medidas de protesta concretadas en ceñirse al reglamento en sus tareas diarias y vestirse de negro los jueves, un color que se ha convertido en símbolo de la lucha del personal de los medios públicos por su dignidad laboral y profesional.

La actividad de Chip Audiovisual en Aragón TV responde a una controvertida situación en la que la cadena pública autonómica tiene subcontratadas con productoras la gestión de la mayor parte de los programas. Los informativos están cedidos a la empresa del Grupo Henneo-Heraldo, propiedad de la familia zaragozana Yarza.

De esta forma la televisión autonómica externaliza toda la producción, grabación, redacción y edición de vídeos mientras se reserva la línea editorial a través de sus editores y la mayoría de la realización.

Situación confusa

Según explica la Asociación de la Prensa, “la situación ha sido siempre confusa y difícil de entender. Pero lo peor es que, de esta manera, más de ciento treinta periodistas, meteorólogos, cámaras, productores, grafistas y otros técnicos cubren lo que en teoría es un servicio público desde un grupo empresarial privado y en unas condiciones laborales totalmente inadecuadas”.

Tras la dura sanción por parte de Chip A Lolumo, en lo que se considera un atentado empresarial a la libertad de expresión y manifestación de su plantilla, la APA solicita la “inmediata intervención” del consejo de administración de CARTV para “resolver los problemas de más de 130 trabajadores de la información (muchos de ellos asociados nuestros) que prestan sus servicios en un medio público, pero bajo las drásticas condiciones impuestas por una empresa privada”.

Por su parte, CHA ha reclamado que la CARTV exija explicaciones de lo ocurrido para estudiar las medidas que deban tomarse al respecto, y ha defendido la necesidad de que la Corporación “intervenga para solucionar lo antes posible el conflicto que enfrenta a la productora con sus más de 130 trabajadores y trabajadoras”.

En parecida línea, Podemos indica en una nota de prensa que “es inadmisible que en el seno de una televisión pública se sancione a un trabajador por reclamar mejores condiciones laborales” y considera que “el problema es que esta sanción es sólo la punta del iceberg” de lo que cree que es “un cúmulo de irregularidades” en materia laboral.

La portavoz de Podemos en las Cortes, Maru Díaz, ha denunciado que ante esta situación el Gobierno aragonés se ha mostrado “indiferente”.

Sanción de 300.000 euros a Vodafone por negar datos al Ayuntamiento

El Servicio de Inspección Tributaria del Ayuntamiento de Zaragoza ha sancionado con 300.000 euros a la operadora de telefonía móvil Vodafone por negarse a facilitar información sobre la superficie pública que ocupan sus redes (suelo, subsuelo o vuelo sobre la vía pública).

El dato sobre la superficie pública que ocupan sirve para calcular la tasa municipal que las operadoras de telefonía están obligadas a pagar por “utilización privativa y aprovechamientos especiales” de la vía pública y que se estima que supondría unos dos millones de euros de ingresos para el Ayuntamiento de Zaragoza.

Según ha informado el consistorio, la compañía se negó a contestar hasta en dos ocasiones a los requerimientos practicados por la Inspección Tributaria, motivo por el que se le abrió expediente con una sanción máxima de 600.000 euros.

A raíz de esta decisión, Vodafone ha aportado finalmente los datos exigidos y se está procediendo a elaborar la liquidación de la tasa municipal que deberá abonar correspondiente a los ejercicios 2014, 2015 y 2016, además de la sanción de 300.000 euros.

El Servicio de Inspección Tributaria está analizando la situación del resto de operadoras de telefonía móvil y la red de la que son propietarias para exigirles el pago de la tasa municipal que corresponda.