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La Policía Local detecta un incremento en el consumo de drogas entre conductores

La Policía Local de Zaragoza ha detectado un aumento en el consumo de drogas entre conductores en los controles de la última campaña llevada a cabo esta semana, con el triple de positivos que los registrados el año pasado.

Según ha informado el ayuntamiento, la Policía Local ha realizado entre el 3 y el 9 de junio una nueva campaña para el control de la tasa de alcohol y presencia de drogas en conductores en coordinación de la Dirección General de Tráfico (DGT) que se suma a las que se llevan a cabo a lo largo de todo el año.

Durante este período se han realizado un total de 1.520 pruebas de alcoholemia con 24 denuncias administrativas por positivos, ocho más que en la campaña de 2018 y siete con denuncia penal (tres más que un año antes).

En cuanto a drogas, han resultado positivas las 12 pruebas realizadas: 10 han conllevado denuncia administrativa (el pasado año, por estas mismas fechas, fueron 3) y se han denunciado 2 delitos penales (el año pasado fue 1).

Sanciones

El ayuntamiento recuerda que únicamente se somete a la pruebas de drogas a los conductores que, incluso habiendo dado 0 en alcohol, presentan signos de encontrarse bajo el efecto de alguna sustancia.

Las sanciones, en el caso de una denuncia administrativa (tasa de alcohol en sangre superior a 0,5 gramos por litro o de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro) pueden alcanzar los 1.000 euros y suponer la retirada de entre 4 y 6 puntos del carnet.

Si la tasa de alcohol en aire espirado es superior a 0,60 miligramos por litro o la tasa de alcohol en sangre de más de 1,2 gramos por litro, se considera delito, por lo que la pena prevista es de prisión de tres a seis meses y, en cualquier caso, la retirada del carnet por hasta cuatro años.

La Policía Local de Zaragoza insiste en que el alcohol está presente como factor concurrente o desencadenante en un tercio de los accidentes mortales y que su presencia en la conducción, dependiendo de su tasa, multiplica entre 2 y 15 el riesgo de sufrir un accidente.

Sanciones a más de 180 conductores de camiones y furgonetas

La Policía Local de Zaragoza ha denunciado a 181 conductores de furgonetas, camiones y autobuses en la última campaña de control de vigilancia y control, desarrollada del 18 al 24 de febrero, en colaboración con la Dirección General de Tráfico.

Durante la campaña se han controlado 1.315 vehículos, de los que 181 han sido denunciados, frente a los 135 que lo fueron en la anterior llevada a cabo en noviembre sobre un total de 915 vehículos inspeccionados.

En esta ocasión, el control se ha centrado en las inspecciones sobre los vehículos (autorizaciones y documentos, condiciones técnicas o elementos de seguridad), así como sobre los conductores (permisos, tiempos de conducción, descansos, alcohol y velocidad), aunque se ha complementado con la vigilancia del uso correcto de las zonas de carga y descarga.

Precisamente el uso incorrecto de estas zonas, junto a los excesos de velocidad, con 13 denuncias, y el mal uso del cinturón de seguridad, con 5, son algunas de las infracciones detectadas junto a otras cinco por deficiencias técnicas de los vehículos u otra por exceso de peso máximo autorizado.

No se ha realizado ninguna denuncia relacionada con la seguridad en el transporte ni por resultados positivos en alcohol y drogas.

Los pliegos para adjudicación del mantenimiento de parques primarán la calidad del servicio

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado este jueves 32 de enero los pliegos de condiciones para el mantenimiento de los parques y zonas verdes del sector I de la capital aragonesa (toda la Margen Derecha) en los que se primarán para la adjudicación del servicio la calidad de la prestación frente a la oferta económica pura y dura.

Tras su reelaboración tras varios recursos al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA), los nuevos pliegos también recogen un incremento de la cuantía de las sanciones por los incumplimientos más graves que se puedan producir por parte de la empresa, que se multiplican por 10 para posibilitar castigos que podrían alcanzar hasta los 300.000 euros (en la imagen superior, un inspector revisa una zona del Parque Grande Labordeta).

El nuevo contrato, que saldrá con un presupuesto base de licitación de 56.391.089 euros (IVA incluido) para cuatro años de contrato, incluye reivindicaciones históricas que garantizarán el empleo y mejoras en las condiciones laborales de la plantilla como la elaboración de planes de igualdad y conciliación familiar.

Parques más significativos

Además de la imposibilidad de realizar contrataciones vía empresas de trabajo temporal; la creación de una bolsa de empleo para que las contrataciones se aproximen a los criterios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el las administraciones públicas y la implantación de planes de vigilancia de la salud y evaluación de riesgos laborales, entre otros aspectos.

Algunos parques significativos que entran dentro de este contrato de conservación son el Parque Grande José Antonio Labordeta, el Parque Pignatelli, el Parque Bruil, el Parque Torre Ramona, Ciudad Universitaria y el Parque La Paz.

Ley de Memoria Histórica permitirá sancionar acciones como la del manto fascista de Virgen del Pilar

La colocación de un manto de la Falange a la Virgen del Pilar no podrá ser sancionada por el Ejecutivo aragonés amparándose en la Ley de Memoria Democrática ya que, según ha explicado el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, la norma todavía no ha sido publicada en el BOA.

De hecho, será este jueves 22 de noviembre cuando se haga pública aunque tendrán que pasar tres meses para que pueda entrar en vigor. Aun así, Guillén ha destacado que, cuando pueda aplicarse esta ley sí que se sancionarán acciones como esta.

Asimismo, el consejero de Presidencia ha informado que este miércoles ha llamado personalmente al arzobispo aunque no ha podido ponerse en contacto con él porque se encuentra de viaje.

Acto premeditado

No obstante, el mismo miércoles se ha remitido desde el Gobierno de Aragón una carta a la institución eclesiástica mostrando su rechazo y preocupación por lo sucedido.

Un hecho que, según Guillén, “no fue casual” (en la foto superior, responsables del Cabildo explicando que la colocación del manto fue “un error”), sino que fue “absolutamente premeditado”. En este sentido, ha precisado que en la víspera al suceso el grupo de la Falange hizo un llamamiento para que sus afines fueran a ver el manto de la Virgen.

El consejero ha insistido además en la importancia de que lo sucedido “nunca más vuelva a ocurrir”. “Lucharemos para que exhibiciones de símbolos fascistas no se hagan en lugares públicos y desde luego la Basílica de Pilar, patrimonio de todos los aragoneses, creyentes y no creyentes, no debe ser el lugar de exhibiciones de símbolos de este tipo”, ha destacado.

Cuatro multas diarias a ciclistas y solo 11 a conductores en año y medio por no respetar las bicis

La leyenda urbana de que la Policía Local no multa a los ciclistas parece que sólo es eso: una afirmación gratuita. Una media de cuatro ciclistas al día han sido sancionados desde enero de 2017 hasta mayo de 2018, según datos de la propia Policía Local facilitados a la web Zaragoza en Bici. Por contra, en ese mismo periodo sólo 11 conductores fueron multados por infracciones relacionadas con el ámbito ciclista, un dato que llama la atención del colectivo de las dos ruedas desde el que se denuncian las frecuentes faltas de vehículos que no respetan las distancias con las bicis, aparcan en carriles bici o invaden el espacio de seguridad en los semáforos de Independencia.

Los policías locales zaragozanos impusieron un total de 2051 sanciones a ciclistas en el referido periodo, de las cuales, 1.674 estaban relacionadas con maniobras que pusieron en peligro la seguridad de peatones o del propio ciclista o de otros conductores de velocípedos.

Las multas de hasta 200 euros por circular por espacios reservados para peatones (aceras o calles peatonales) son las que más sufren los ciclistas. En año y medio, 872 sanciones de este tipo ha interpuesto la Policía Local, que sanciona desde 36 a 200 euros este tipo de infracción.

“La cuantía de la multa suele determinarla la velocidad a la que se desplace el ciclista y el tipo de maniobras con riesgo para los peatones que vaya haciendo”, explica Javier Tello, miembro de Zaragoza en Bici.

Otras sanciones

La circulación de ciclistas por espacios que les están vetados pueden acarrearles multas muy severas. “Circular por las vías del tranvía puede suponer una sanción de hasta 500 euros”, indica Tello, aunque no tienen constancia de que ningún ciclista haya sufrido una reprimenda tan elevada.

La falta de precaución es el segundo motivo que más sanciones les acarrea a los ciclistas. Hasta 274 multas por este concepto han interpuesto los policías locales. Normalmente, ese tipo de correctivo suele ser resultado de la acumulación de varias infracciones con riesgo para la integridad propia o de otros circulantes, que se engloban en ese concepto más amplio y ambiguo de la falta de precaución.

Los policías locales han reprendido también a los conductores de bicicleta con 126 sanciones por desplazarse llevando auriculares y han multado a otros 123 ciclistas por no respetar los semáforos en rojo.

El siguiente puesto en el ranking sancionador lo ocupa un tipo de multa con la ambigua denominación de ‘conducción negligente’, que ha supuesto la imposición de 106 sanciones a los ciclistas. También este caso suele ser resultados de acumulación de infracciones por parte del ciclista, sin riesgo evidente propio o ajeno.

Cierran el listado sancionador las multas por no utilizar luces (89) y las derivadas del uso del teléfono móvil durante la conducción (84).

Los vehículos a motor, apenas multados

Frente al abundante listado sancionador a los ciclistas, llama la atención que en año y medio sólo han sido multados 11 conductores por no respetar la distancia de seguridad al adelantar bicicletas.

Ese es el único correctivo a conductores de vehículos de cuatro ruedas en relación con los ciclistas y sus infraestructuras viarias, según los datos aportados por Zaragoza en Bici.

Su representante Javier Tello subraya que “además, más de la mitad de esas sanciones las ha interpuesto la Policía Local a requerimiento de los propios ciclistas, que hemos aportado vídeos para demostrar la falta cometida por los conductores. Es decir, la Policía Local no sanciona apenas a coches, autobuses y otros vehículos que no respetan a los ciclistas”.

Tello denuncia que las reprimendas a los conductores son insuficientes porque “de todos son conocidas las maniobras que a diario sufrimos los ciclistas con adelantamientos indebidos, aparcamientos en carriles bici u obstrucciones indebidas por parte de vehículos. Bastaría que la Policía Local vigilara unas horas cada día en paseo Independencia para multar, como mínimo, a media docena de conductores por adelantamientos indebidos o invasión de las zonas reservadas para nosotros en los semáforos”.

Campañas de información

El representante de Zaragoza en Bici subraya que su entidad se muestra “satisfecha” con los resultados estadísticos facilitados por el Ayuntamiento, “porque demuestran que hay vigilancia hacia los ciclistas y que se sancionan las infracciones”.

Pero pone el acento en el agravio que, a su juicio, suponen las cuatro multas diarias a ciclistas frente a las casi nulas reprimendas a los conductores de vehículos a motor. “No hay, por ejemplo, ni una sola multa a motoristas que invaden los carriles bici, cuando casi a diario se producen casos de ese tipo”, recrimina Tello.

El representante ciclista no reclama tanto la aplicación de mano dura contra los conductores, como “campañas de información que traten de revertir  la actitud de los conductores hacia los ciclistas, que generen más respeto y más prudencia, porque padecemos situaciones que entrañan peligro”.

Tello subraya a ese respecto los “acosos” que padecen los ciclistas en el ya mencionado paseo Independencia, pero también en el puente de Piedra, por donde pueden circular bicis que sufren con cierta frecuencia “los pitos y las reprimendas de buses y taxis por ralentizar la circulación, cuando allí no se puede circular a más de 10 km/h”.

Tanto Zaragoza en Bici como otras entidades ciclistas “llevamos años reclamando campañas de concienciación para facilitar la convivencia de la circulación a motor con la circulación ciclista y peatonal, pero de momento no hemos conseguido nada”, denuncia Javier Tello, quien confía en que los datos de la estadística de multas “cambie el punto de mira municipal y se decidan por llevar adelante acciones informativas, para las que contarían con nuestra total colaboración”.

Las sanciones a las contratas municipales se multiplican por diez

La Oficina de Inspección de las Contratas del Ayuntamiento de Zaragoza ha controlado a 40 empresas en su primer año de funcionamiento. En los últimos tres años se han multiplicado por diez las sanciones a las compañías de las contratas, sobre todo, por no prestar servicios a los que están obligadas.

La Oficina de Inspección de las Contratas ha desarrollado unas tres intervenciones al día, “un trabajo ingente”, según ha subrayado este jueves 24 de mayo el consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero.

En rueda de prensa, Cubero ha realizado un balance de este primer año de actividad de la oficina, recordando que se “partía de cero” para garantizar el cumplimiento de los servicios que prestan más de 150 contratas al consistorio, por importe de 250 millones de euros, y en la anterior legislatura “solo tres tenían alguna inspección, el resto no se estaban controlando”.

Labor preventiva y punitiva

El consejero de Servicios Públicos y Personal ha insistido también en que la labor principal de la Oficina es preventiva y no sólo punitiva. De hecho, la potestad de sanción la tienen los distintos servicios gestores municipales de los que dependen los contratos (en la foto superior, la .

En todo caso, Cubero ha aclarado que las sanciones “se han multiplicado por diez” en los últimos tres años por el mayor control a las contratas.

Desde su creación y hasta el 23 de mayo de 2018, la Oficina de Inspección ha levantado 690 actas en diversos servicios, encontrando 24 casos con deficiencias que se deben subsanar, la mayoría de ellas sobre “servicios que se tendrían que prestar y no se están prestando”.

Esta oficina se puso en marcha en abril de 2017 y en ella trabajan seis funcionarios municipales que velan por el cumplimiento de los contratos de prestación de servicios del Ayuntamiento de Zaragoza. Su labor se desarrolla tanto “en la calle”, visitando las empresas, como en la oficina, ha comentado el consejero.

Contratos por valor de 250 millones

Más allá de los inspectores de las grandes contratas, como el bus urbano o parques y jardines, Zaragoza necesitaba que hubiera un servicio propio de inspección de los otros cientos de contratos que mantiene el consistorio con empresas y entidades para la prestación de servicios.

La oficina controla servicios prestados por contratas, como los centros de convivencia de mayores, la grúa y la gestión del depósito municipal, centros deportivos o el estacionamiento regulado, entre otros, y vela por el cumplimiento de los contratos, los aspectos laborales y la calidad en la prestación del servicio en nombre del ayuntamiento.

El volumen económico de los contratos inspeccionados es de alrededor de 250 millones de euros anuales. “Se trata de garantizar que el dinero público que se invierte en estos contratos vaya a donde tiene que ir y con los parámetros de calidad tanto laboral, como de prestación de servicio que el Ayuntamiento de Zaragoza exige”, ha indicado Cubero.

Los vehículos de limpieza se controlarán con 84 nuevos GPS

El Gobierno de Zaragoza aprobará este viernes la compra e instalación de 84 nuevos GPS en otros tantos vehículos de la contrata de limpieza pública, cuya localización y recorrido podrán ser ahora controlados para evitar que la concesionaria cobre por servicios que no realiza.

El consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, ha explicado en rueda de prensa que estos localizadores se instalarán en 28 barredoras, 18 vehículos auxiliares de barrido, 4 autocamiones, 4 recolectores, 7 baldeadoras, 5 vehículos auxiliares de baldeo, 2 decapadores, 2 fregadoras, 4 furgones de limpieza, 2 furgones, 2 tractores y 6 vehículos ligeros.

El coste total de estos dispositivos será de algo más de 42.000 euros, a lo que hay que añadir unos gastos de mantenimiento de 13.058,50 euros anuales, algo “perfectamente asumible” dado que se trata de la segunda mayor contrata de la ciudad, de más de 50 millones al año.

Sanciones

Cubero ha señalado también que han encontrado resistencias por parte de la empresa concesionaria, FCC, a la instalación de los GPS, lo que a su juicio demuestra la necesidad de su instalación.

Asimismo, ha recordado que la empresa ya ha sido sancionada por tener “camiones escondidos detrás de las tapias” en lugar de prestar el servicio por el que cobraban al Consistorio, sanciones que son todas recurridas al contencioso.

Esta medida, que según el consejero mejorará la calidad del servicio al tener “garantías totales” de que se está prestando, entrará en funcionamiento cuando todos los dispositivos estén comprados a instalados, para lo que prevé un plazo de un mes o mes y medio.

Movilización en FCC

Por otro lado, los trabajadores de la contrata municipal de Parques y Jardines que gestiona FCC han aprobado emprender movilizaciones contra la empresa y han convocado una nueva asamblea a finales de abril en la que se decidirá el calendario de actuaciones y huelgas.

Desde el comité de empresa han justificado estas nuevas movilizaciones porque la dirección de FCC ha anunciado que la vigencia del pacto finalizó el 31 de diciembre de 2017 y que la empresa no puede legalmente negociar el convenio colectivo para 2018.

Ayuntamiento abre tres expedientes a FCC y le impone otra sanción

El Gobierno de Zaragoza aprobó este viernes 8 de septiembre la apertura de tres expedientes sancionadores a FCC por incumplimientos en el contrato de limpieza pública. En concreto, la inspección municipal ha detectado en tres ocasiones diferentes que faltaba un trabajador y dicha ausencia no fue comunicada por la empresa al Ayuntamiento.

Diariamente FCC comunica al Ayuntamiento los efectivos que salen a realizar las labores de limpieza y, en caso de que haya alguna incidencia, por ejemplo, que un trabajador se ausente por algún motivo, lo tiene que indicar, puesto que es preciso deducirlo de la certificación.

Los tres expedientes son de carácter leve y tendrían una sanción económica de entre 200 y 1.000 euros. Además, en el mismo Gobierno se aprobó imponer una sanción de 500 euros a FCC por un expediente sancionador abierto por este mismo motivo.

Prácticas sospechosas

El consejero de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento, Alberto Cubero, ha manifestado que estos incumplimientos del contrato antes no originaban expedientes sancionadores y simplemente se resolvían deduciendo de la certificación la parte correspondiente al trabajador que la inspección había descubierto que faltaba.

“Esto favorecía que FCC recurriera a la picardía de intentar engañar al Ayuntamiento facturándose trabajos no realizados puesto que lo peor que le podía pasar era que finalmente no los cobrase. Era necesario ser rigurosos y aplicar sanciones a este tipo de prácticas tan poco responsables”, ha apuntado.

Aprobada la ley de Memoria Democrática con multas de hasta 150.000 €

El Gobierno de Aragón ha aprobado este martes 18 de julio, día en que se cumple el 81 aniversario del golpe fascista contra la II República española y el inicio de la Guerra Civil, el proyecto de Ley de Memoria Democrática basado en los principios de verdad, justicia y reparación y que incluye sanciones que pueden llegar a los 150.000 euros en las infracciones muy graves por simbología o exaltación del franquismo.

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al proyecto de ley con la previsión de remitirlo a los Cortes de Aragón de manera inmediata y la expectativa de que el parlamento lo apruebe antes de que acabe 2017, en coincidencia con el décimo aniversario de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica estatal.

“Ninguna sociedad puede olvidar su pasado si no quiere exponerse a repetirlo”, ha destacado como “leitmotiv” de la ley el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha remarcado que el texto está basado en los principios de verdad, justicia y reparación.

El proyecto de ley entiende que las instituciones de Aragón deben asumir su responsabilidad en el reconocimiento de las injusticias y la debida atención hacia las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, atendiendo en primer lugar el derecho de los familiares de las víctimas asesinadas que yacen en fosas y cunetas de encontrarlas e identificarlas.

Derogar la Ley de Aministía de 1977

Guillén ha precisado que el proyecto de ley, en el que han participado las asociaciones memorialistas, incluye como aspecto más “valiente” y “delicado” respecto a la estatal la realización de trabajos que conduzcan a solicitar al Gobierno central la derogación, total o parcial, de la Ley de Amnistía de 1977 en los casos en los que ampare la impunidad.

También una regulación mejor de la figura de la desaparición forzosa, como estipulan los organismos de Derecho Internacional, o la tipificación como delito de las formas que atenten contra la dignidad de las víctimas.

Además, atendiendo a la demanda de “justicia” de las víctimas, el Gobierno de Aragón reclamará al central que actúe para la anulación de los juicios franquistas para la plena reparación de los juzgados hacia sentencias emitidas por órganos ilegítimos de justicia.

También se amplía el periodo que abarca la ley, en el caso de la aragonesa entre 1931 y 1978 mientras que la estatal se circunscribe al periodo 1939-1978, y la consideración de víctima, teniendo en cuenta el género en todas las actuaciones vinculadas a la gestión de la memoria y el reconocimiento a los fallecidos en los campos de concentración en Europa.

Políticas activas de exhumaciones

Siguiendo el criterio de “verdad”, la ley arbitra medidas para realizar políticas activas en materia de exhumaciones, de acceso a la información y generación de conocimiento, con la creación de un Censo de Memoria Democrática y de un centro y un fondo de investigación en colaboración con las entidades académicas, así como una web como instrumento de comunicación de las políticas públicas en este ámbito.

Para la reparación, plantea un reconocimiento de víctimas plural, con énfasis en colectivos poco visibilizados, como las mujeres como mano de obra forzada, exiliados políticos o niños y niñas recién nacidos “sustraídos” y entregados ilegalmente a otras personas, así como a las víctimas de los campos de concentración franquistas.

La ley establece la celebración del Día de la Memoria Democrática el 3 de marzo, en coincidencia con el bombardeo de la aviación italiana sobre la ciudad turolense de Alcañiz en 1938 y que causó más de quinientos muertos como un “símbolo del sufrimiento de la población civil”, ha apuntado el consejero.

Además, el texto aborda los lugares y rutas vinculados a la Memoria Democrática de Aragón, con el establecimiento del grado de protección pertinente adecuando su gestión a la legislación de Patrimonio Cultural de Aragón.

Símbolos y sanciones

Respecto a las exhumaciones, se prevé una actualización del mapa de fosas, la aprobación de un Reglamento que contendrá un Protocolo de Exhumación, identificación genética y dignificación para fosas y enterramientos clandestinos de la Guerra Civil y del franquismo y se creará un Depósito de ADN homologado con otras bases de datos similares de las Administraciones Públicas para poder intercambiar datos en procesos de identificación de solicitantes y víctimas.

También se hará un censo de símbolos franquistas, con obligación de su retirada de los espacios públicos de placas, escudos o insignias alusivas a la Guerra Civil y el franquismo, y se revocarán los acuerdos de cualquier distinción o título honorífico o exaltación de las personas vinculadas al régimen franquista.

Y desde la máxima de no repetición, se prevé la revisión, en el ámbito educativo, de contenidos del currículo y un impulso a las actividades de sensibilización.

La ley incluye un régimen sancionador de las acciones contra la ley, de 200 a 2.000 euros las leves, de 2.001 a 10.000 las graves y de 10.001 hasta 150.000 las muy graves. Además, las administraciones locales que no retiren los símbolos franquistas no tendrán derecho a recibir subvenciones.

Creación de unidades de igualdad de género en la DGA y multas de hasta 50.000 euros por discriminación

 

  • El Gobierno de Aragón aprueba el proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres que ahora se debatirá y aprobará en las Cortes
  • En la selección de empresas para contratación pública se valorará de forma obligatoria su apuesta por la igualdad laboral
  • Todas las leyes, normas, planes o iniciativas de la Administración deberán ir acompañadas de un estudio de impacto de género

El Consejo de Gobierno de Aragón ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, que contempla, entre otras medidas, la creación de unidades de igualdad de género en cada departamento del Ejecutivo territorial, la evaluación del impacto de género en cada norma que desarrolle el Gobierno de Aragón, la eliminación de fondos públicos para colegios que segreguen su alumnado por sexo o el establecimiento de sanciones muy graves de hasta 50.000 euros por discriminación por sexo.

La nueva norma aragonesa para la igualdad de género basa su estrategia en la transversalidad y en la representación equilibrada entre hombres y mujeres en todos los órganos administrativos, así como su fomento en todo tipo de organismos y entidades públicas y privadas.

La nueva ley será de especial aplicación en los ámbitos de la Administración territorial, en la Administración local, en las universidades, en todo el sector educativo y en entidades privadas que contraten con la Administración pública.

El proyecto de ley, que ahora será trasladado a las Cortes para su discusión y aprobación definitiva, subraya en sus preliminares que uno de sus objetivos primordiales es consagrar la participación equilibrada de hombres y mujeres en el ámbito de la decisión pública, aunque no concreta proporciones al respecto.

También insiste en la necesidad de un uso integrador y no sexista del lenguaje y de la imagen en todos los ámbitos, pero en especial en el administrativo. A este respecto precisa en sus disposiciones adicionales algunas reglas mínimas para un lenguaje no sexista, como eliminar el genérico masculino cuando sea posible, feminizar términos o hacerlos abstractos, o recurrir a fórmulas de desdoblamiento, entre otras medidas.

En relación con también con el uso de la imagen de la mujer, la nueva norma presta especial atención a la transmisión de una apariencia igualitaria y no discriminatoria en los medios de comunicación públicos y privados, tanto en contenidos informativos como publicitarios.

La consejera Broto y el consejero Guillén presentan el proyecto de ley de Igualdad. Foto: Europa Press

Entramado administrativo y contratación pública

Una de las principales novedades del proyecto de ley elaborado por el Gobierno PSOE-CHA estriba en la creación, dentro de los organismos administrativos para promover la igualdad, de las que denomina como Unidades de Igualdad de Género en cada uno de los departamentos de la DGA. No especifica cómo se constituyen esas unidades ni quiénes las han de integrar, pero la norma indica que sus funciones serán la de informar sobre las políticas de igualdad, realizar estudios al respecto, velar por el lenguaje inclusivo, asesorar, realizar informes sobre igualdad y desarrollar acciones formativas entre el personal administrativo.

Un representante de cada Unidad de Igualdad de Género participará en la denominada Comisión Interdepartamental de Igualdad, que coordinará la actividad de las unidades, hará seguimiento de todos los temas relacionados con la igualdad, identificará los obstáculos para su desarrollo y evaluará la eficacia de las medidas adoptadas.

Por encima de estos órganos exclusivamente administrativos se situará  el Consejo Aragonés por la Igualdad de Género, que será un órgano consultivo y de participación con representantes de asociaciones y organizaciones de mujeres, agentes sociales y económicos, entidades locales y entidades sin ánimo de lucro involucradas en el ámbito de la igualdad.

Todo este nuevo entramado potenciador y supervisor de las políticas de igualdad responde a un objetivo garantista por parte del Gobierno de Aragón, para que la reglamentación sobre igualdad resulte verdaderamente efectiva, según señaló la consejera de Derechos Sociales, Mariví Broto, que este lunes 19 de junio presentó el proyecto.

En esa misma línea se inscribe la obligatoriedad determinada por la nueva ley de que  cualquier desarrollo normativo, planes, programas o actuaciones públicas, así como proyectos de ley o reglamentos, deban incorporar de forma obligatoria una evaluación de impacto de género.

El proyecto de ley establece otra importante novedad respecto a contratación pública, ya que en la selección de empresas se valorará de forma obligatoria las medidas de igualdad que éstas hayan aplicado en su seno y en los pliegos de condiciones se dará preferencia a aquellas compañías que desarrollen medidas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Alumnas y alumnos durante la realización de un examen

Educación

La nueva ley hace especial hincapié en el ámbito de la Educación. En ese apartado se establece que no se podrán destinar fondos públicos a centros que segreguen su alumnado por sexo.

Asimismo se establece la figura del responsable de igualdad en todos los centros educativos.

Por otro lado, además de preservar un curriculo garante de la igualdad, se fomentará el acceso de alumnas a ramas formativas de ciencia, técnica y nuevas tecnologías, mientras se propiciará el acceso de alumnos a humanidades, cuidados asistenciales y otras ahora feminizadas.

Se establecerá un distintivo de calidad para los centros que preserven y promuevan la igualdad.

Por su parte, los consejos escolares deberán equilibrados en presencia de hombres y mujeres.

Empleo

Otro apartado destacado de la nueva ley es el dedicado a la igualdad laboral de mujeres y hombres. Entre otras muchas cosas, se apuesta por la visibilización del trabajo doméstico, por el desarrollo de campañas de inspección específicas para garantizar la igualdad en el mundo laboral, la intermediación entre empleadores y empleadas de hogar, el fomento de planes de igualdad en empresas (obligatorio en las de más de 250 trabajadores) con ayudas económicas a las firmas que los establezcan de forma voluntaria, y el establecimiento de un registro obligatorio de planes de igualdad.

La nueva ley pretende incorporar también la igualdad de género a la negociación colectiva, mientras que en el diseño de la oferta pública de empleo intervendrá de forma destacada el impacto de género.

Se creará un nuevo Distintivo Marca Excelencia en Igualdad para premiar a las empresas que potencien la igualdad, algo que ahora apenas ocurre, ya que la mujer es sistemáticamente discriminada a nivel salarial y laboral, tanto en estamentos privados como públicos de Aragón.

El proyecto legislativo quiere fomentar también la conciliación de la vida familiar y laboral con la flexibilidad horaria, el teletrabajo o la preferente adjudicación de plazas en cursos de formación para quienes se reincorporen por permisos de maternidad, paternidad o guarda legal.

Imagen alegórica de la discriminación laboral

Inspección y sanciones

La nueva norma hace incidencia también en cuestiones de salud, desarrollo rural y participación social y política de la mujer. A este respecto establece que las subvenciones públicas a entidades sociales, empresariales o políticas irán en consonancia al equilibrio de género en sus órganos de representación.

En cuanto a medios de comunicación públicos, aparte de otras medidas, el proyecto legislativo impone como obligatorio el desarrollo de un plan de igualdad en la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.

Respecto a las garantías para la aplicación y respeto de las medidas establecidas en la ley, ésta contempla la puesta en marcha por parte de la Administración aragonesa de un servicio de Inspección con personal específico y propio, aunque no determina de dónde saldrá esa plantilla ni cómo se la formará.

Inspectoras e inspectores serán los encargados de velar por el respeto a la normativa de igualdad y no discriminación y serán quienes inicialmente propongan las sanciones a imponer a las entidades públicas o privadas que incurran en discriminación de género por cualquier concepto.

Las tablas de infracciones van desde el apercibimiento o multa de 3.000 euros por una falta leve, hasta los entre 20.001 y 50.000 euros por falta muy grave.

En ese camino sancionador podrán aplicarse también medidas como la prohibición de acceso a ayudas oficiales. inhabilitaciones temporales o cierres de servicios.