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PP, PSOE y Cs fuerzan el recurso a la sentencia de Torre Village y dan un balón de oxígeno a los promotores

PP, PSOE y Cs han forzado con sus votos en el Pleno de este lunes 25 de marzo que el Ayuntamiento de Zaragoza recurra ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) por la que se anula el Plan Especial municipal que permite la construcción del centro comercial Torre Village. La decisión de derecha y socialistas supone un balón de oxígeno para los promotores del outlet, que podrán seguir con las obras al menos hasta que el Supremo decida sobre la admisión del recurso municipal. Los mismos grupos han aprobado también un voto particular del PSOE para modificar el Plan de Ordenación Urbana (PGOU) de forma que encajen los usos comerciales previstos en el área de Torre Village.

Mientras los defensores del recurso alegaban que debe presentarse para defender los intereses municipales porque la sentencia del TSJA no es firme, sus detractores, ZeC y CHA, alertaban de  un hecho incuestionable y es que la decisión da pie a los promotores a continuar con el desarrollo del proyecto pese a que éste se desarrolle en base a una decisión municipal (auspiciada también por PP, PSOE y Cs) que ha sido declarada ilegal por el TSJA, lo cual entraña el peligro de que cuando el Supremo se pronuncie ya esté prácticamente hecho el centro comercial y éste deba ser admitido por la vía de los hechos.

El portavoz de ZeC, Pablo Muñoz, ha asegurado al respecto que derecha y PSOE lo que pretenden es “que sea imposible aplicar la sentencia del TSJA por la fuerza de los hechos, porque el centro esté ya construido, como ocurrió con el hipermercado de la plaza Utrillas, que no se pueda pensar siquiera en pagar indemnizaciones a los promotores porque las tiendas ya estén en funcionamiento” (en la imagen superior facilitada por Torre Village, estado de las obras del centro comercial).

Informe del letrado

Tanto Muñoz como Asensio (CHA) han insistido además en que no tenía sentido plantear el recurso de casación ante el Supremo porque habitualmente el tribunal rechaza solicitudes de este tipo en casos de litigios urbanísticos juzgados por los tribunales superiores, como ha señalado el letrado municipal en su informe sobre la sentencia de Torre Village.

En ese informe del responsable jurídico municipal también se indica que si continúan las obras se producirá un importante perjuicio patrimonial para el Ayuntamiento porque en caso de que se rechace el recurso o el Supremo avale la sentencia del TSJA, si el Consistorio quiere aplicarla debería afrontar costosas indemnizaciones por paralizar un centro ya construido y quizá en funcionamiento.

Pese a las advertencias del letrado municipal, PP, PSOE y Cs han persistido en recurrir la sentencia del TSJA, como ya hicieran en la gerencia de Urbanismo celebrada hace escasos días.

La decisión de recurrir la sentencia contra el Plan Especial municipal impulsado por los citados grupos que permitía la construcción del centro comercial de Torre Village supone que la sentencia del TSJA dejará de tener efectos jurídicos hasta que se resuelva el citado recurso y por tanto se paralizan las decisiones ya adoptadas por el gobierno municipal de ZeC de suspender las licencias de obras en los terrenos de la antigua Pikolin, puesto que dicha suspensión se adoptaba en base a la sentencia del TSJA.

Por tanto, los promotores seguirán solicitando licencias y ejecutando obra hasta la resolución definitiva del Supremo, ya que sus peticiones se ampararán en el Plan Especial municipal que permite el desarrollo del proyecto, que sigue vigente al recurrirse la sentencia en su contra.

El expediente, votado por PP, PSOE y Ciudadanos frente a la posición contraria de ZeC y CHA, al igual que en la Comisión de Urbanismo del miércoles pasado, incluye también un voto particular del Grupo Socialista para modificar el PGOU para que quepan los usos comerciales en los terrenos donde se ubicaba la antigua fábrica de Pikolín, en la carretera de Logroño

PP, PSOE y Cs acuerdan recurrir al Supremo la sentencia de Torre Village y abogan por legalizarlo

Los grupos de PP, PSOE y Ciudadanos han vuelto a unirse frente al Gobierno de ZeC, en esta ocasión para que el Ayuntamiento de Zaragoza recurra la sentencia del TSJA que declaraba “nulo de pleno derecho” el plan especial que permitía la construcción de un “outlet” en la antigua fábrica de Pikolín.

La resolución del TSJA, que será ahora recurrida en casación al Tribunal Supremo (TS) tanto por el Consistorio como por la promotora -la empresa Iberebro-, anulaba el plan especial que permitió que se iniciaran las obras para la construcción del macrocentro comercial Torre Village en estos terrenos.

Este plan especial fue aprobado con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos frente a la posición contraria del Gobierno y, según la sentencia, contradice al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), de mayor rango, que cataloga la zona como industrial y no como comercial.

Del mismo modo, estas tres formaciones políticas han secundado un voto particular del Grupo Socialista que aboga por modificar el PGOU solo en estos terrenos para que quepa el plan especial de Torre Village.

Algo que ya ha adelantado el propio consejero municipal de Urbanismo y Sostenibilidad, Pablo Muñoz, que no sucederá en lo que queda de mandato, en el que no va a permitir “recalificaciones a la carta” para hacer “legal” lo “ilegal”.

Perjuicio para la ciudad

Ha alertado del “gravísimo” perjuicio que supone esto para el modelo de ciudad, para el pequeño comercio y para el propio espeto a la norma y a la legalidad y ha avisado de que ZeC iniciará junto con los comerciantes una “batalla campal comercio a comercio” contra este proyecto.

Se ha detenido especialmente en la “semana horrible” que lleva a su juicio el PSOE: que primero “se carga” el presupuesto de la ciudad, luego hace lo propio con el Plan de Inversiones en Vivienda financiado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y ahora “se carga” la estructura comercial y el respeto a las normas.

“Se está alejando mucho del bloque de la izquierda”, ha lamentado Muñoz, quien ha acusado a los socialistas también de acercarse a la derecha y conformar un “tripartito de la excavadora” con un modelo “catastrófico” para el pequeño comercio.

El Supremo confirma que el Ayuntamiento deberá pagar más de 50 millones de deuda a FCC

El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso formulado por el Gobierno de Zaragoza en Común y que ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón por el que la ciudad deberá pagar las revisiones de precios de la contrata de limpieza con FCC, que superan los 50 millones de euros.

Según la providencia del TS que ha hecho pública la empresa FCC, no se aprecia interés casacional por la falta de fundamentación, y condena en costas al Ayuntamiento.

El contenido sobre el que versa la deuda es la solicitud que realiza FCC, en la que se reclama que en sus revisiones de precios se tengan en cuenta las variaciones de la mano de obra y de las toneladas de basura recogida, revisiones que, según la empresa, no se producen desde 2009.

Tensiones de tesorería

Con esta decisión, las tres sentencias del TSJA tienen plenos efectos y aplicada la regularización anual entre los años 2014 y 2018 y la que corresponda de 2019, la cifra superaría los 50 millones de euros, según FCC.

La empresa alega que las tensiones de tesorería generadas a raíz de los impagos del actual equipo de Gobierno en los diferentes contratos que gestiona FCC, ya sea en el de limpieza y recogida de basuras como en el de parques y jardines, donde la deuda asciende a 5 millones de euros, “son muy difíciles de asumir por una compañía como FCC”.

Alega que el abono de esas cantidades es “fundamental para la estabilidad laboral de las personas que prestan servicio en la ciudad de Zaragoza”.

El Ayuntamiento suspende expropiaciones y licencias en Torre Village tras la sentencia del TSJA

El Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado la suspensión cautelar de las expropiaciones pendientes para la ejecución del centro comercial Torre Village, así como de las licencias aún no otorgadas, después de que el TSJA declarara nulo de pleno derecho el plan especial que dio luz verde al proyecto.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el consejero municipal de Urbanismo y Sostenibilidad, Pablo Muñoz, quien ha justificado la paralización de las expropiaciones porque desaparece la causa de las mismas y ello podría derivar en un perjuicio a terceros, incluido el propio Ayuntamiento.

En concreto, esta expropiación afecta a cuatro fincas privadas, cuyos terrenos eran necesarios para la desviación de una acequia que afecta al área solicitada por la empresa Iberebro para ejecutar el ‘outlet’.

Muñoz ha indicado que esta decisión del Gobierno va en la línea de evitar que las actuaciones derivadas de la sentencia del TSJA no afecten a terceros y para no hacer imposible el cumplimiento de la misma.

Suspensión de licencias

En cuanto a las licencias que todavía no han sido otorgadas, cuya suspensión se llevará a Comisión y a Pleno, se trata del proyecto y actividad de la manzana número 3, la licencia urbanística de la número 4 y el acondicionamiento de un local para un restaurante, todas ellas con afecciones a terceros, sin comenzar y derivadas de un plan especial anulado.

Por otro lado, ha rechazado la creación de un debate “torticero” por parte de la oposición al asegurar que solo hay dos posibilidades tras la resolución del TSJA: modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para que no entre en contradicción con el plan especial de Torre Village o que el Ayuntamiento asuma una responsabilidad patrimonial.

En el primer caso, el consejero ha insistido en que se han acabado las “recalificaciones a la carta”, mientras que ve “incierto” que el Consistorio pueda asumir responsabilidades patrimoniales, por lo que ha rechazado que se use este punto como mecanismo de presión.

Continuidad de las obras

Ha señalado que la Ley del Suelo no recoge expresamente la responsabilidad patrimonial cuando se anula una norma y que el propio convenio con la empresa Iberebro recoge que por la inejecución del mismo por causas no imputables a las partes no procede la responsabilidad patrimonial.

Sobre la continuidad de las obras a pesar de la sentencia (en la foto superior, estado actual de los trabajos en el proyecto centro comercial), ha declarado que la empresa las sigue “bajo su propia responsabilidad” y ha recordado que las naves finalizadas son “naves sin uso” y que solo actuarán en aquellos hechos relacionados con lo prohibido por el TSJA.

Por último, en relación a la presentación o no de un recurso de casación al Tribunal Supremo, que el propio alcalde anunció que se decidiría en Pleno, el Gobierno de la ciudad planteará no recurrir, al entender que la efectividad es “muy improbable”.

Un juzgado confirma el cierre de un bar por no impedir que se sacaran bebidas a la calle

El Juzgado nº2 de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza ha confirmado el cierre administrativo contra el bar “La Enagua”, situado en la zona de Moncasi, por utilizar el espacio público como ampliación del aforo del establecimiento y confirma la resolución del Ayuntamiento en la que deja sin efecto la Declaración Responsable por incumplir la obligación de no sacar bebidas a la calle.

Desde la Asociación de Vecinos y Comerciantes La Huerva se ve esta sentencia como “histórica” pues, además de reconocer el uso de la calle como ampliación del aforo del establecimiento, se incide en “el expreso deber de evitar que se saquen las bebidas para su consumo en la vía pública”.

Además, la sentencia reconoce que “bajo la apariencia de un bar, lo que en realidad se ha establecido es un local de venta de bebidas para llevar”.

Obligación del local

Este hecho es sumamente importante, pues reconoce la obligación de cualquier tipo de local, independientemente de su licencia, a establecer las medidas necesarias para que no se saquen bebidas al exterior.

El presidente de La Huerva, Carlos Monge, afirma que “es una sentencia demoledora y vergonzante para el propietario del establecimiento. En ella se reconoce su mala praxis y que faltó a la verdad en el momento de pedir la declaración responsable.

Además, también afirma que ha favorecido el consumo de alcohol en la calle de una manera consciente y sostenida en el tiempo, y que su establecimiento desarrollaba una doble actividad planificada desde el primer día en un lugar propicio para ello por su historia y por el tipo de clientela de la zona”.

Aragón Press

Los colectivos en contra de Torre Village subrayan que no se puede hacer urbanismo a la carta

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que declara nulo el plan especial del Ayuntamiento de Zaragoza para la construcción del centro comercial Torre Village manifiesta con “contundencia” que no se puede hacer “urbanismo a la carta”, según los colectivos que presentaron el recurso contencioso administrativo contra esta decisión del pleno municipal.

Estas organizaciones, entre las que se encuentran la plataforma ‘Yo compro en las Fuentes’, la Federación Aragonesa de Barrios de Zaragoza (FABZ), CCOO, UGT, Podemos, IU o Ecologistas en Acción, han acogido con “satisfacción” esta sentencia que les da la razón, y han indicado que este respaldo les ayuda a seguir defendiendo el comercio de proximidad.

En una rueda de prensa convocada para valorar el fallo del TSJA, los representantes de estos colectivos, que presentaron el recurso el 23 de diciembre de 2016, han hecho una defensa de un modelo de ciudad compacto asentado en el pequeño comercio como elemento vertebrador de los barrios.

Pero, además, han indicado que Zaragoza es la ciudad española con más ratio de metro cuadrado de superficie comercial por habitante, por lo que consideran que no hay demanda suficiente para la apertura de otro complejo comercial de estas características, más si cabe cuando en la ciudad hay centros comerciales “en estado comatoso”, en referencia a Plaza y César Augusta, ha indicado el presidente de FABZ, Manuel Arnal.

Puestos de trabajo que destruyen otros

Ante las voces que defienden el proyecto por su capacidad para generar empleo, desde CCOO y UGT han asegurado que Torre Village no generará puestos de trabajo sin destruir otros en la ciudad.

Gerardo Montori, de CCOO, ha apuntado que por cada dos puestos de trabajo que se crean en las grandes superficies se destruyen tres en el comercio de proximidad, que es, a su juicio, el que consolida la ciudad.

En la misma línea se ha pronunciado la representante del comercio de San José, Montse Pérez, quien ha hecho hincapié también en la función social del comercio por cuanto “mantiene los barrios vivos” y se preocupa por los clientes mayores de edad que viven solos.

Además, ha añadido María José Palud, de ‘Yo compro en las Fuentes’, lo que plantea Torre Village es un espacio abierto con calles y comercios, es decir, “lo que ya tenemos en nuestros barrios”.

Preocupación por el pequeño comercio

Todos han manifestado su preocupación por la pérdida de establecimientos en las calle comerciales de la ciudad, como la avenida San José, la calle Delicias o Miguel Servet, donde han comentado que está desapareciendo el comercio tradicional “dejando un gran vacío que no lo cubren otras actividades”.

“No puede ser que se abra espacio fuera de la ciudad cuando hay dentro y calificado convenientemente para uso terciario”, ha ahondado Arnal.

Otra de las asociaciones que firmó el recurso es Ecologistas en Acción. Su portavoz, José Ángel Moncayuela, ha explicado que su rechazo a este macrocentro comercial fue “claro” desde el principio porque, a su juicio, este tipo de proyectos, además de “desestructurar” la ciudad, provoca “problemas de movilidad” y “potencia el uso del coche particular”.

Por último, estos colectivos, que no han entrado a valorar la presentación de un posible recurso por parte de la empresa promotora porque “el ordenamiento jurídico lo permite”, han apuntado que la sentencia es “diáfana” y han asegurado que estarán vigilantes para que el proyecto no se vuelva a impulsar desde el ayuntamiento tras las elecciones municipales del 26 de mayo.

Vigilantes

“La plataforma que se creó no se ha disuelto”, ha subrayado Arnal, quien ha añadido que estarán “expectantes” para que esto “no se menee políticamente y si no, actuaremos con contundencia”.

En la sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJA, los magistrados expresan que el plan especial ha entrado en cuestiones que afectan a la estructura general del urbanismo de la ciudad y que corresponden en exclusiva al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Inciden en que un plan especial no puede nunca sustituir al PGOU en la clasificación del suelo, fijación de la estructura general y, en este caso concreto, en materia de limitación de usos.

La empresa de Torre Village recurrirá al Supremo y continuará con las obras del centro comercial

La empresa promotora del proyecto de Torre Village, Grupo Iberebro, ha confirmado que recurrirá ante el Tribunal Supremo (TS) la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anula de pleno derecho el plan especial de este ‘outlet’ en los terrenos de la antigua fábrica de colchones Pikolín. El plazo para presentar el recurso de casación es de un mes y mientras tanto el parque comercial continúa con las obras, ya que esta sentencia es provisional, han precisado desde la promotora.

Torre Village cuenta con un 70 por ciento de los trabajos de edificación completados, todos ellos “amparados” en las preceptivas licencias de obra otorgadas por el Ayuntamiento de Zaragoza, asegura la empresa.

Por su parte, la zona ‘outlet’ del complejo comercial posee licencias de actividad, concedidas por la misma administración local. Además el porcentaje de comercialización del proyecto se sitúa por encima del 60 por ciento.

Outlet a cambio de que Pikolin continuara en Zaragoza

El acuerdo entre el Ayuntamiento de Zaragoza y Grupo Iberebro se retrotrae a 2008 cuando, a través de un convenio firmado por ambas partes, se comprometían a cumplir distintos aspectos.

Entre ellos el Ayuntamiento contraía la responsabilidad de tramitar, gestionar y ejecutar el planeamiento preciso para la transformación de usos de los terrenos de la antigua fábrica de Pikolin con miras a la futura implantación de una superficie comercial, explica Iberebro, empresa propiedad de la familia Solans, dueña a su vez de Pikolin (en la foto superior, Alfonso Solans, máximo accionista de ambas firmas, en el acto de colocación de la primera piedra de Torre Village, en presencia de la consejera de Economía de la DGA, Marta Gastón).

Por su parte, Grupo Iberebro garantizaba la continuidad de la fábrica de Pikolin dentro del término de Zaragoza, asegurando el mantenimiento de la totalidad de los puestos de trabajo en la misma.

Bajo este acuerdo marco y “habiendo respetado todas y cada una de las exigencias preceptivas” de la Administración, Grupo Iberebro puso en marcha una iniciativa empresarial con una inversión de más de 100 millones de euros, que contemplaba la implantación de la nueva fábrica de Pikolin en el parque logístico empresarial Plaza (año 2017) y el desarrollo del complejo comercial TorreVillage, que, según la empresa, generará 1.000 empleos directos y 8.000 indirectos.

La apertura del proyecto comercial está prevista para otoño de este año, coincidiendo con las Fiestas del Pilar, aunque la sentencia del TSJA deja las previsiones en el aire.

Un macro complejo comercial

Torre Village es un complejo comercial y de ocio del Grupo Iberebro, que ocupará una superficie bruta alquilable de 73.800 metros cuadrados, de los que 18.600 estarán destinados a tiendas de moda con descuento, 11.200 metros cuadrados a ocio y restauración y 44.000 metros cuadrados a una zona comercial anexa.

Ubicado en Zaragoza, el centro comercial, que contará con un total de 120 operadores, ha supuesto una inversión de 200 millones y generará más de 1.000 empleos directos.

El proyecto nace para un cliente consumidor de tiendas on line y de villages de otras comunidades autónomas. Con un área de influencia que abarca Aragón, País Vasco, La Rioja, Navarra, Soria, Lérida y el sur de Francia.

Nulo de pleno derecho el plan especial

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha dictado sentencia en el caso de los terrenos de la antigua fábrica de colchones de Pikolín.

En ella, declara nulo de pleno derecho el Plan Especial del Área de Intervención aprobado por el Ayuntamiento de Zaragoza para la construcción del complejo comercial Torre Village.

El Tribunal, estimando el recurso presentado, declara la nulidad del Plan Especial del Área por vulneración del principio de jerarquía normativa y por infracción de instrumento de planeamiento de rango superior, al ir más allá de lo que el Plan General de Ordenación Urbana establece, introducir usos no contemplados, y por convertir en dominante un uso no contemplado como tal en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Ayuntamiento iniciará la suspensión de las licencias de Torre Village

El Gobierno municipal de Zaragoza en Común (ZeC) iniciará la suspensión de las licencias pendientes de tramitación para la construcción del ‘outlet’ de Torre Village en los terrenos de la antigua fábrica de colchones Pikolín después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) haya declarado nulo de pleno derecho el Plan Especial del Área de Intervención aprobado por el Ayuntamiento de Zaragoza para la construcción del complejo comercial Torre Village.

La sentencia del TSJA, estimando el recurso presentado, declara la nulidad del Plan Especial del Área por vulneración del principio de jerarquía normativa y por infracción de instrumento de planeamiento de rango superior, al ir más allá de lo que el Plan General de Ordenación Urbana establece, introducir usos no contemplados, y por convertir en dominante un uso no contemplado como tal en el PGOU.

El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Muñoz, ha anunciado esta decisión tras conocerse la sentencia del TSJA para dejar claro que “se iniciarán los trámites para suspender todo el procedimiento” (en la foto superior de zaragoza.es, Pablo Muñoz explica las medidas a adoptar tras la sentencia del TSJA sobre Torre Village).

“A expensas de los recursos que se puedan presentar, hoy no hay plan especial aprobado y nos regimos por el PGOU que dice que los suelos de Pikolín son de actividad industrial donde no cabe un centro comercial”.

En declaraciones a los medios de comunicación, Muñoz ha contado que las obras de urbanización que estén hechas no se levantarán, pero las no terminadas se suspenderán y habrá que esperar a ver si caben recursos y si se recurre. “Creo que la sentencia es aplastante en ese tema y habla de jerarquía y dice que es nulo de pleno derecho”.

Informe de la Asesoría Jurídica municipal

Ha aclarado que las licencias no concedidas y en tramitación se suspenderán porque no hay norma que lo soporte e incluso el procedimiento de expropiación, ha opinado, para agregar que la sentencia “pone las cosas en sus sitio y vuelve a ser una zona industrial”.

Muñoz ha avanzado que antes de ordenar paralizar las licencias pendientes, el Gobierno municipal esperará que la Asesoría Jurídica informe para ver si se recurre, pero a su parecer, “hay incoherencia con los usos” y ha deducido que no se recurrirá y ha recomendado a Pikolín que “no recurra” porque en el caso de que decida construir un centro comercial “no tendrá licencia”.

En tono irónico ha dicho que si alguien tuviera que indemnizar sería el “tripartito de moda” en referencia la PSOE, PP y Ciudadanos, para apuntar que son 3.000 euros de costas judiciales, pero lo cierto que quien votó que asuma sus responsabilidades.

Uso industrial

Ha explicado que cuando en 2016 sale adelante este proyecto la propuesta inicial del Gobierno era que fuera para uso industrial sin centros comerciales, pero hubo un voto particular a la propuesta del Gobierno para que se ampliaran a usos para centro comercial por lo que la oposición da la vuelta al expediente que somete a votación.

“Nadie se opone a que en una zona industrial haya tiendas, pero se comete una ilegalidad y de la excepción se hace norma al hacer el outlet en la zona industrial. Además, políticamente es una perversión plantear un centro comercial”, ha indicado Muñoz.

El concejal de Urbanismo ha relatado que la empresa promotora “apoyada por este tripartito de moda, PP, PSOE y Ciudadanos, contra los informes municipales que elevaba ZeC hicieron un voto particular y se aprobó y en una zona industrial se mete por la gatera un centro comercial”.

La sentencia del TSJA da la razón a los recurrentes entre los que figuran otras organizaciones como la FABZ y los empresarios de Huesca, además de asociaciones de comerciantes de los barrios zaragozanos de Las Fuentes y San José, junto a entidades políticas y vecinales enraizadas en el ámbito comercial.

Día grande para el pequeño comercio

En tono enfático ha dicho que tras esta sentencia “es un día grande para el comercio de Zaragoza. Hay futuro”. “Teníamos razón cuando decíamos que era y será ilegal”

A su parecer, el comercio de los barrios estaba abocado a la ruina y la creación del ‘outlet’ le iba a “dar la puntilla” al comercio de proximidad.

“Era el vestigio de una ruina de política de comercio porque la Comunidad autónoma era la que tenía menos centros comerciales y pasó a ser la segunda, detrás de Madrid y el 40 por ciento del comercio se había cerrado”. Ha considerado que se trata de un modelo de comercio “fracasado”.

El TSJA declara nulo el plan de Torre Village, cuyas obras de construcción podrían paralizarse

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha dictado sentencia en el caso de los terrenos de la antigua fábrica de colchones de Pikolín. En ella, declara nulo de pleno derecho el Plan Especial del Área de Intervención aprobado por el Ayuntamiento de Zaragoza, con los votos de Pp, PSOE y Cs, para la construcción del complejo comercial Torre Village, cuyas obras ahora podrían paralizarse.

El Tribunal, estimando el recurso presentado, declara la nulidad del Plan Especial del Área por vulneración del principio de jerarquía normativa y por infracción de instrumento de planeamiento de rango superior, al ir más allá de lo que el Plan General de Ordenación Urbana establece, introducir usos no contemplados, y por convertir en dominante un uso no contemplado como tal en el PGOU.

Recreación del proyectado centro comercial

Recurso vecinal

El pasado 23 de diciembre de 2016, ‘Yo compro en Las Fuentes’ y otros diez colectivos más presentaron recurso contencioso administrativo en el TSJA contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, de 24 de octubre de 2016, de aprobación definitiva del Plan Especial del Área de Intervención H-61-5. En su recurso solicitaban a la Sala que se declarara la nulidad absoluta del acuerdo o, en su caso, se anulara la resolución.

Los magistrados en su sentencia expresan que el Plan Especial ha entrado en cuestiones que afectan a la estructura general del urbanismo de la ciudad y que corresponden en exclusiva al Plan General de Ordenación Urbana. Inciden en que un Plan Especial no puede nunca sustituir al PGOU en lo que a clasificación del suelo se refiere, fijación de la estructura general y, en este caso en concreto, en materia de limitación de usos. Entienden, por ello, que se ha vulnerado el principio de jerarquía normativa.

Vía inadecuada

Reconocen los magistrados en su sentencia que el PGOU dista de ser claro a la hora de identificar el uso dominante de los sectores de las Zonas H –terrenos en los que estaba ubicada la antigua fábrica de Pikolín y en los que ahora se prevé la construcción del outlet Torre Village–, y que la ampliación de los usos no se ha hecho por la vía adecuada, que sería la modificación del PGOU, si no completando en el Plan Especial la regulación de usos posibles y añadiendo usos admisibles no previstos en el PGOU.

Por ello, concluyen que el Plan Especial transforma la configuración inicial del PGOU, que establecía los terrenos como polígono industrial, en un parque comercial o centro comercial con establecimientos de venta de saldos y ocasión alterando con ello las limitaciones de uso establecidas previamente e introduciendo nuevos usos no previstos en el PGOU.

En este sentido, aclaran que la situación no es comparable al plan parcial que permitió la construcción del complejo Puerto Venecia.

Posible paralización

El concejal responsable de Urbanismo, Pablo Muñz, ha señalado que todavía han de estudiar la sentencia, pero que en todo caso abre la posibilidad de que el Ayuntamiento decida paralizar las obras del centro comercial (foto superior).

La iniciativa contó desde el principio con una fuerte oposición vecinal, respaldada por el equipo de gobierno de ZeC.

Los opositores a Torre Village argumentan que Zaragoza está ya saturada de grandes superficies y que un nuevo centro no está justificado, porque además supone un nuevo revés al comercio de proximidad, que la actual Corporación defiende como articulador de la vida en los barrios.

Además se agumenta en contra que Torre Village promovería las compras mediante largos desplazamientos con vehículos privados, en contra de las políticas de movilidad sostenible auspiciadas por ZeC e imprescindibles para luchar contra el cambio climático.

En cualquier caso, la sentencia del TSJA determinará algún aplazamiento en la concesión de licencias de apertura y otras, siempre que el proyecto no quede definitivamente aparcado.

Las agresiones mutuas entre parejas suponen violencia machista del hombre contra la mujer

El Pleno del Tribunal Supremo (TS) ha dictado que es violencia de género toda aquella que se ejerce contra una mujer en el ámbito de la pareja o expareja, aunque sea una agresión mutua e, incluso, haya sido ella la que ha iniciado la pelea física.

En el fallo, el TS ha recalcado también que los actos de violencia que ejerce el hombre sobre la mujer en una relación afectiva de pareja constituyen “actos de poder y superioridad con independencia de cuál sea la motivación o la intencionalidad” y constituyen un delito de violencia de género.

Así, el Supremo ha revocado una sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza que, tras una agresión mutua, absolvió a una pareja del delito de maltrato, y ha considerado que “no es preciso acreditar una específica intención machista debido a que cuando el hombre agrede a la mujer ya es por sí mismo un acto de violencia de género con connotaciones de poder y machismo”.

Discusión

Los hechos sucedieron en 2017, cuando una pareja inició una discusión sobre el momento en el que debían irse a casa.

Durante la discusión “se agredieron recíprocamente, de manera que la encausada le propinó a él un puñetazo en el rostro y él le dio un tortazo con la mano abierta en la cara, recibiendo él una patada propinada por ella, sin que conste la producción de lesiones. Ninguno de los dos denuncia al otro”.

La Audiencia de Zaragoza confirmó la sentencia de absolución de la pareja de un juzgado de lo penal “al no quedar acreditada la intención de dominación o machismo del hombre a la mujer”.

Pero el Ministerio Fiscal recurrió dicha absolución ante el TS al apreciar delitos de maltrato (en la imagen superior, concentración este martes 8 de enero en la plaza España contra la violencia machista).

Ahora, el Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Magro, ha recordado que “cualquier agresión de un hombre a una mujer en la relación de pareja o ex pareja es hecho constitutivo de violencia de género”.

Y que “no existe base ni argumento legal para degradar a un delito leve una agresión mutua entre hombre y mujer que sean pareja o ex pareja, ya que no es preciso acreditar una específica intención machista debido a que cuando el hombre agrede a la mujer ya es por sí mismo un acto de violencia de género con connotaciones de poder y machismo”.

Violencia de género y violencia familiar

Probada la agresión, “el hecho es constitutivo de violencia de género y, si hay agresión mutua, como en este caso, ambos deben ser condenados, por violencia de género el hombre y familiar la mujer”, han sentenciado los magistrados.

Al hombre se le ha impuesto la pena de 6 meses de prisión con orden de alejamiento y sus accesorias y a la mujer a una de 3 meses con iguales accesorias y alejamiento.

La sentencia ha incluido el voto particular de cuatro de los 14 magistrados, los de Miguel Colmenero, Alberto Jorge Barreiro, Juan Ramón Berdugo y Carmen Lamela.

Los cuatro rechazan que se condene por violencia de género al hombre y creen que ambos debieron ser condenados como autores de un delito de lesiones, y ante la escasa gravedad de los hechos, serles aplicada la pena inferior en grado.

Han argumentado que los hechos probados no permiten entender que la agresión del varón a la mujer se produjo en el marco de una relación de “dominación, humillación o subordinación”.

“Las agresiones mutuas tuvieron lugar en un nivel de igualdad, en el que dos seres humanos, con independencia de los roles personales y sociales que cada uno pueda atribuir al otro, se enfrentan hasta llegar a la agresión física, teniendo como base una discrepancia sobre un aspecto intrascendente de su vida”, continúa diciendo el voto particular.

“Cuestión discutible”

Dicha discrepancia “pudiera haberse producido y tratado entre cualesquiera otras dos personas, sin implicar superioridad inicial de ninguna sobre la otra”, añaden.

Estos magistrados, no obstante, han reconocido que la materia tratada es “una cuestión discutible” en la que en el propio Supremo y otros tribunales han mantenido dos tendencias jurisprudenciales distintas, la de la sentencia mayoritaria y la del voto.

Pero creen que se ha perdido una oportunidad “de interpretar y aplicar la protección a la mujer contra la violencia de género, cuya conveniencia no parece ser discutida, dentro de sus auténticos límites”.

Han considerado también que se debe evitar “extender el trato desigual al varón y a la mujer (…) de una forma excesiva y mecánica o automática a todos los casos en los que, en el ámbito de las relaciones de pareja, actuales o pasadas, el varón maltrate de obra a la mujer”.