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Rivarés precisa que a FCC se le tienen que pagar menos de 10 millones y se hará con una revisión de la deuda

El consejero municipal de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha precisado que a FCC, que gestiona la contrata de limpieza viaria, habrá que abonarle menos de 10 millones de euros por las revisiones de precios de los años 2011 a 2013 a las que varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) condena al consistorio a pagar a la multinacional. El Tribunal Supremo ha inadmitido los recursos municipales y ahora el Consistorio ha de hacer frente a los pagos mediante un reajuste de la deuda municipal.

Rivarés ha desmentido que sean 50 millones tal y como había indicado la empresa FCC que, según Rivarés, había hecho un cálculo de la proyección que supondrían esas revisiones de precios a partir de 2014 y sobre las que se ha mostrado partidario de hacer un plan negociado de pagos con FCC “como se he hecho con otros pufos”.

En rueda de prensa, Rivarés ha explicado que son tres sentencias. La primera es de una revisión de precios de mano de obra de 2009 que condena al Ayuntamiento a pagar 181.0000 euros, que “no es problema porque se paga del Fondo de Contingencia del Ayuntamiento”.

La segunda sentencia atañe a la revisión de precios de 2010 y 2011 y obliga a pagar 6 millones de euros más intereses, que se tiene que abonar íntegra; y la tercera sentencia es de los años 2012 y 2013 y condena al pago de 10,8 millones de euros, que ya está pagada, más intereses, que están pendientes de abonar.

Pagos de menos de 10 millones

De esta forma, se tendría que pagar los 6 millones con sus intereses de la segunda sentencia y los intereses de la tercera que ascienden a un millón de euros aproximadamente, lo que sumaría menos de 10 millones de euros, ha calculado Rivarés.

“Se pagarán cuando las sentencias sean firmes y falta mes o mes y medio y se abonarán de dos formas” ha subrayado el concejal. Se propondrá un reajuste del plan de reducción de deuda que se consultará con el Ministerio de Hacienda, que permita bajar a finales de este año el nivel de endeudamiento al 109 por ciento.

Al llegar a ese nivel de endeudamiento se permitirá pedir dinero del Fondo de Impulso Económico (FIE) para pagar los “pufos del pasado” así como pedir préstamos bancarios a un interés del 0,4 por ciento y eliminar los préstamos actuales del 1,3 por ciento. “Se amortizará mucha deuda y se seguirá en los límites legales del endeudamiento para pedir préstamos bancarios”.

Críticas al Tribunal Supremo

Asimismo, ha matizado que el Tribunal Supremo al inadmitir los recursos del Ayuntamiento sobre las sentencias del TSJA a estas revisiones de precios que pide FCC “lo que está diciendo es que no opina sobre quien tiene la razón y no entra en la versión del TSJA”. “El Supremo desaparece como tribunal de apelación y eso es grave”.

Ha recordado que en otras sentencias sobre revisiones de precios de mano de obra, pero de la anterior contrata de autobús urbano, Tuzsa, el TSJA dio la razón al Ayuntamiento y evitó que la hacienda municipal desembolsara 12 millones de euros.

Rivarés ha criticado la forma en cómo se pleiteaba en anteriores mandatos en los que “se dio patada para adelante pero si se hubieran pagado las sentencias, hubiera sido infinitamente menor la cuantía porque la ciudad se habría evitado intereses”.

Críticas a anteriores gestores municipales

Al respecto, ha señalado que esta corporación ha pagado más de 105 millones de euros en sentencias condenatorias y el anatocismo (intereses sobre intereses) de 34 millones de euros.

Asimismo, ha considerado que cuando FCC cobre el pago de estas sentencias el Gobierno de Zaragoza “da por hecho que aumentará el sueldo de la plantilla de FCC que está congelado desde 2009” y se ha preguntado si lo hará después de diez años.

Ha observado que cuando FCC reclame las revisiones de precios a partir de 2014 afectará a las próxima legislatura y la siguiente hasta el 2027 y “es un drama para la ciudad y tiene responsables porque son sentencias de impagos de 2009 a 2014”.

PP, PSOE y Cs bloquean la inclusión en la plantilla municipal de las 14 plazas del servicio 010

Los grupos municipales de PP, PSOE y Ciudadanos han retirado este viernes 23 de noviembre del orden del día el expediente de modificación de la plantilla para incluir las catorce plazas del servicio remunicipalizado del 010 y el consejero Alberto Cubero ha asegurado que lo traerá de nuevo en diciembre con nuevos informes.

Cubero ha hecho un repaso a todo lo ocurrido con el 010 a lo largo de esta legislatura y ha comparado la situación de estas catorce empleadas con la de otras tres trabajadoras sociales que, también con un sentencia favorable de un juzgado de lo social, reclamaron lo mismo y ha sido aprobado por unanimidad en el punto anterior (en la foto superior, las trabajadoras del 010 en los juzgados).

Ha recordado que el interventor no ha modificado su informe al entender que la última sentencia del contencioso-administrativo que declara nula de pleno derecho la internalización no es efectiva al obligar el juzgado de lo social a admitir a las catorce trabajadoras como personal indefinido no fijo.

Además, ha advertido de que hay representantes sindicales que le han dicho que “eso no es justo” y que recurrirán si no sacan las plazas del 010 en una Oferta de Empleo Público (OPE), por lo que incluirá también un informe jurídico de los posibles efectos.

Posturas de los grupos

El concejal del PP José Ignacio Senao ha afirmado que a Cubero “no le interesan” los funcionarios salvo que sea para un “interés partidista o personal” y le ha acusado de utilizar a estas trabajadoras para “su obsesión de municipalizar” y “colocar a su gente y a sus amigos” al margen de la legalidad.

Marta Aparicio, del PSOE, ha coincidido en que el consejero ha utilizado a las trabajadoras para un “experimento”, porque “poco le importa” un problema que no tendrá que gestionar él, que “sabe” que no estará en el Gobierno de la ciudad.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Sara Fernández, quien pidió la retirada del expediente, ha criticado que Cubero solo hable de la sentencia de lo social, que decidió no recurrir en contra de los intereses del Ayuntamiento y le ha dicho que “no puede decidir lo que le dé la gana por intereses partidistas”.

Desde CHA, Leticia Crespo ha sostenido que lo que se ha intentado este viernes es lo que se debería haber hecho desde el principio y ha considerado que ya no hay “excusas” para oponerse a la municipalización, porque las condiciones se cumplen, aunque tiene la sensación de que “dan igual” las cosas que se aportan.

Nueva propuesta para ampliar el servicio Bizi, mientras el tráfico ciclista sigue sin normativa

Ciclista en medio del tráfico de vehículos a motor y peatonal en el paseo Independencia

El Ayuntamiento de Zaragoza ha remitido al Consejo Consultivo de Aragón un nuevo expediente de ampliación del servicio Bizi, mientras la ciudad permanece en un estado de “excepcionalidad” respecto a la regulación del tráfico ciclista, tras las sucesivas sentencias judiciales que han echado abajo los planes para la circulación de bicis, sobre todo en lo que respecta a calles peatonales o de circulación restringida.

En el Pleno municipal de este miércoles 26 de julio, los grupos han quedado enterados de la providencia del 15 de junio de este año de la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmite a trámite el recurso de casación presentado por el Consistorio contra otros autos de esa misma sala y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon varios artículos de la Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas.

Este nuevo varapalo judicial vuelve a poner en entredicho la normativa para conseguir que Zaragoza “siga siendo la ciudad de las bicis”, porque este vehículo “está claro que es el medio de transporte del futuro en las ciudades”, según ha reconocido la propia concejal de Medio Ambiente, Teresa Artigas.

Situación excepcional

La concejal ha señalado que, tras recibir la notificación del Supremo, “se ha trabajado para dar respuestas y soluciones a esta situación de excepcionalidad que vive la ciudad en materia de normativa ciclista” y ha deseado que la Dirección General de Tráfico elabore una nueva norma estatal que regule los cambios en materia de movilidad que se han producido en las ciudades.

La DGT podría presentar un borrador de esta norma en octubre “y esperemos que nos de luz”, si bien, mientras tanto, “los servicios municipales dan respuesta a qué hacemos con la circulación ciclista en los bulevares y en las calles de acceso restringido”.

Para las calles de acceso restringido, Artigas ha apuntado que se presentó un borrador de nueva instrucción a los grupos y al Observatorio de la Bicicleta y “estamos esperando esas aportaciones”, mientras que en el caso de los bulevares “el paseo de Sagasta es el último bulevar que nos queda por resolver”.

Artigas ha destacado que la Ordenanza Ciclista de Zaragoza “fue pionera a nivel estatal, pero este bloqueo ha generado que vivamos una situación de excepcionalidad” y desde el Consistorio “tenemos que dar seguridad jurídica y física a la circulación ciclista”, ha manifestado, para reivindicar la autonomía municipal en la toma de decisiones en materia de movilidad.

Efectos negativos

La concejal de CHA Leticia Crespo ha recordado que la sentencia señala que las calles peatonales y los bulevares son peatonales y para las calles de acceso restringido se aplican las mismas normas para todos los vehículos, incluida la bicicleta, por lo que a su juicio urge una nueva señalización en determinadas calles, sobre todo el Casco Histórico, donde ahora se admiten bicis, cuando la sentencia las prohíbe.

El concejal de Ciudadanos Alberto Casañal ha comentado que “no queda otra que acatar la sentencia”, mientras que la concejal del PSOE Lola Ranera ha advertido de que se está produciendo una situación de “inseguridad ciudadana” en zonas como el Casco Histórico que puede determinar “una desaceleración del uso de la bicicleta” y el borrador que plantea Artigas “no vale para nada, normalice la situación”, ha exigido a la concejal de Medio Ambiente y Movilidad.

El concejal del PP Sebastián Contín ha advertido que “no hay nadie que sepa concretar en esta ciudad por dónde pueden circular las bicicletas y por dónde en exclusiva los peatones y si no podemos explicarlo ¿cómo va a mantenerse la convivencia entre peatones y bicicletas?”,  se ha preguntado, para solicitar que se potencie la circulación ciclista “lo más posible, pero sin perjudicar a los peatones”.

Usuarios de Bizi tomando un vehículo en una estación

Ampliación de Bizi

Tras el debate plenario sobre la regulación ciclista, el Ayuntamiento de Zaragoza ha remitido al Consejo Consultivo de Aragón un nuevo expediente de ampliación del servicio Bizi con el objetivo de que este órgano emita el correspondiente dictamen sobre la modificación del contrato del 2008.

El Gobierno de Zaragoza ha informado en una nota de prensa que la propuesta cuenta con los correspondientes informes favorables de Intervención y Asesoría Jurídica municipal y que la ampliación mantiene el calendario de instalación de las nuevas estaciones, que está previsto que comience a finales de este año.

La ampliación se prolongaría a lo largo de 2018 y 2019, a razón de 40 estaciones y 400 bicicletas cada año, hasta alcanzar un total de 250 estaciones y 2.500 bicicletas, han informado fuentes municipales.

Modificaciones

Desde el consistorio han recordado que el ayuntamiento ya remitió al Consejo Consultivo una propuesta de ampliación en enero, que recibió un dictamen negativo por incluir aspectos que el organismo consideraba que modificaban de manera sustancial el contrato firmado en 2008, como la implantación de un modelo nuevo de bicicleta o la ampliación de la vigencia del contrato.

Estos puntos han sido eliminados en la propuesta ahora remitida, por lo que el equipo de Gobierno ha mostrado su confianza en que el nuevo expediente cuente con el visto bueno del órgano autonómico que “ya en su dictamen anterior admitió aspectos esenciales, como el interés público de la ampliación o el hecho de que la propia ampliación y la forma de pago directa estaban contemplados en el contrato”.

Además, las mismas fuentes han destacado que la ampliación del servicio Bizi, que cuenta actualmente con 130 estaciones y 1.300 bicicletas, ha sido reclamada en numerosas ocasiones por entidades vecinales, juntas de distrito, en el Pleno municipal y por la ciudadanía.