sociales

Las viviendas públicas del edificio de la antigua Imprenta Blasco estarán listas en noviembre

Las obras de rehabilitación del edificio donde se ubicaba la Imprenta Blasco avanzan a buen ritmo. De hecho, los trabajos de recuperación del edificio, en el que se habilitarán un total de 26 viviendas públicas destinadas a alquiler, acabarán en la fecha inicialmente calculada. Las previsiones apuntaban a concluir los trabajos en los primeros meses de 2020, pero el calendario que se maneja en estos momentos indica que los plazos podrían adelantarse a noviembre de 2019, cumpliéndose así los cálculos iniciales.

Este proyecto, ligado al de la recuperación de la antigua Imprenta Blasco, incluye la reutilización de las cuatro plantas del edificio para su destino original, el uso residencial, efectuando las modificaciones y actualizaciones necesarias para cumplir con las exigencias actuales, tanto funcionales como normativas, y conseguir la rehabilitación y modernización de todas las plantas.

Se están habilitando siete apartamentos en cada una de las tres primeras plantas y cinco más en la cuarta. La superficie media útil de cada vivienda, que tienen 1 ó 2 dormitorios, es de algo más de 45 metros cuadrados.

Piso piloto

En este momento ya está toda la estructura rehabilitada y las viviendas, en su mayor parte, cuentan con la tabiquería ejecutada.

Se ha habilitado una vivienda piloto, con los revestimientos y acabados ya colocados, al objeto de poder apreciar el resultado final de los apartamentos.

Las instalaciones se encuentran en ejecución y queda por actuar en zonas comunes del edificio: ascensor, escalera, patio central distribuidor a viviendas y cuartos eléctricos y de calderas.

El presupuesto total de estos trabajos, que realiza la UTE “Imprenta” (MLN SAU), es de 2,1 millones de euros.

Más de cien empresas que trabajan con el Ayuntamiento han suscrito cláusulas sociales de género

Ciento siete empresas que han accedido a un contrato público con el Ayuntamiento de Zaragoza se han comprometido con cláusulas sociales de género que ahora se van a exigir también a entidades, ong y colectivos que reciben subvenciones municipales pero también a todos los ámbitos de la administración local de la capital aragonesa.

Todas las empresas que quieran optar a alguna de las licitaciones del Consistorio zaragozano deben adoptar cláusulas sociales de género y ya han sido 687 las empresas que en los dos años que lleva funcionando la Oficina Técnica de Transversalidad de Género (OTTG) han debido analizar su situación laboral desde una perspectiva de género.

Así lo han explicado la concejala de Educación e Inclusión del Ayuntamiento de Zaragoza, Arantza Gracia, y la responsable de la OTTG, Pilar Maldonado, en una rueda de prensa para explicar las acciones que se han llevado a cabo durante estos dos últimos años.

Las cláusulas de género obligan a las empresas contratistas a que al menos un 40 por ciento de sus nuevas incorporaciones de personal sean del sexo que menos representado esté en ese sector y a trabajar para que los puestos de trabajo cualificados, de responsabilidad o gerencia sean ocupados de forma paritaria.

Plan de Igualdad

Las empresas con más de 250 personas en plantilla también deben diseñar y ejecutar un Plan de Igualdad o, si tienen menos, deberán llevar a cabo un mínimo de tres “nuevas” acciones en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral con las que no contaran previamente, como ha incidido Maldonado.

Todas deben garantizar la adopción de medidas para prevenir, controlar y erradicar el acoso sexual, por razón de sexo u orientación sexual; hacer estudios de prevención de riesgos laborales con perspectiva de género; utilizar un lenguaje no sexista en toda su publicidad, imagen o materiales, y presentar estadísticas desagregadas por sexo y edades, para poder conocer la población en la que incide el contrato.

El Ayuntamiento ahora quiere además introducir el enfoque de género también en los presupuestos con el fin de saber a quién se dirigen los esfuerzos y como contribuye la ciudad a ser más igualitaria.

Para ello, todos los datos que se recojan relativos a movilidad, subvenciones u otros estudios se realizarán por género con el fin de corregir situaciones como que la mayoría de las ayudas en materia deportiva se conceden a clubes de deportes masculinizados o que el transporte público, utilizado en mayor proporción por mujeres que por hombres, conecte con los centros educativos o sanitarios.

Pero también para invertir la proporción de mujeres que trabajan en sectores como la ayuda a domicilio o la limpieza con el fin de garantizar que ocupen también puestos intermedios o de dirección y que haya más hombres en los escalafones más bajos.

Medidas en el Ayuntamiento

Según la concejala, “de poco serviría que las empresas suscriban planes de igualdad o de conciliación si el Ayuntamiento no los tiene”, motivo por el que el trabajo en esta materia se hace desde la transversalidad y que cualquier política que se ponga en marcha se sepa a quién va dirigida.

Y es que, ha explicado Pilar Maldonado, en las instituciones, sin ser conscientes, se están repitiendo modelos y manteniendo la desigualdad y lo que permite la transversalidad es afrontar el cambio desde la raíz.

Entre las medidas ya puestas en marcha por el Ayuntamiento de Zaragoza destacan además un protocolo de prevención y atención al acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso por orientación sexual para la plantilla municipal y una instrucción para la facilitar la acreditación administrativa a las personas transexuales con su nombre y género en cualquier servicio municipal (bibliotecas o centros deportivos, entre otros) y para la utilización de un lenguaje inclusivo y no sexista en la documentación.

Asimismo, se cuenta con un plan de igualdad que incluye 72 acciones para hacer frente a las desigualdades de género en el empleo público y un plan de formación en diferentes áreas: una sensibilización general obligatoria, otra para los colectivos más masculinizados como infraestructuras o brigadas, otra especializada y otra determinada.

Los empresarios recurren ante el Tribunal de Contratos el pliego del concurso para Parques y Jardines

La gestión del servicio municipal de Parques y Jardines auspiciada por ZeC ha vuelto a sufrir un nuevo revés con el anuncio por parte de la patronal española del ramo de la presentación de un recurso judicial contra el pliego de condiciones elaborado por la Concejalía de Servicios Públicos y Personal para sacar a concurso la actividad en la zona de la margen derecha del Ebro, que ahora presta la empresa FCC (en la margen izquierda lo cubre Umbrela). El recurso se opone a buena parte de las condiciones laborales y sociales que el equipo de gobierno de ZeC pretende requerir a la empresa que vaya a cubrir el servicio, además de a una larga serie de condiciones técnicas y económicas de la futura contrata.

El concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero (ZeC), vuelve a enfrentarse a un severo obstáculo frente sus pretensiones de modificar las condiciones en la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de zonas verdes, tras descartar el interventor del Ayuntamiento la municipalización de dicha actividad impulsada por el citado concejal.

Cubero ha explicado que el pasado viernes 12 de enero el Ayuntamiento recibió un preaviso por parte de Asociación Española de Empresas de Parques y Jardines (Aseja), a la que pertenece FCC, de que iba a presentar un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) contra el pliego de condiciones de la futura contrata (la actual venció en 31 de diciembre) elaborado por el Ayuntamiento zaragozano. El plazo para presentar el referido recurso concluye este martes 16 de enero, pero Cubero da por hecho que los empresarios trasladarán su acción al tribunal.

El concejal ha explicado que el recurso afecta a 22 cláusulas del pliego de condiciones para la futura contrata de mantenimiento y limpieza de zonas verdes de la ciudad, 18 de las cuales son de carácter administrativo y cuatro de carácter técnico.

Entre las condiciones recurridas figura el precio de la contrata o la no división de la misma por bloques.

Contra los requisitos laborales y sociales

Entre éstas últimas el concejal ha destacado que la patronal de parques y jardines se mostraba contraria a la obligación establecida en el pliego de que la empresa concesionaria asuma y ponga en práctica un plan de conciliación familiar entre la plantilla de la empresa. “Estas empresas se gastan millones en marketing diciendo que defienden la conciliación, pero a la hora de la verdad la recurren”, ha apostillado Cubero.

También consideran los empresarios que es inasumible el compromiso de crear una bolsa de empleo para cubrir los puestos de la plantilla, un requisito que a juicio del concejal pretende “garantizar la objetividad en la contratación, evitando favoritismos a familiares y amigos”.

El recurso se opone igualmente a la obligación empresarial de tener que contratar de forma indefinida a la práctica totalidad de la plantilla. “Ya lo es en la actualidad”, ha precisado Cubero, “entonces, ¿qué pretenden? ¿que la plantilla se transforme en eventual?”

La condición de no minorar las actuales condiciones de la plantilla de Parques y Jardines también ha sido recurrida por la asociación empresarial, así como las sanciones contempladas en el pliego. “Les parece desproporcionado establecer una sanción máxima de 300.000 euros en una contrata de 43 millones, cuando lo que son escandalosos son los baremos actuales, que contienen una sanción máxima de 3.000 euros”, ha dicho en tono indignado Cubero, a lo que ha añadido que “parece que quieren seguir incumpliendo los pliegos”.

Contra la contratación pública responsable

Cubero considera que la reacción de la patronal es “contra la contratación pública responsable, contra las mejoras laborales y sociales de los trabajadores y contra los compromisos ambientales”, y ha subrayado el hecho de que entre las empresas recurrentes se encuentre Ferrovial, recientemente condenada por soborno en el ‘caso Palau’ que implicaba en Cataluña también a políticos de la extinta CiU. “Empresas condenadas por corrupción ahora van en contra de las mejoras laborales y medioambientales”, ha sentenciado el concejal.

El representante de ZeC ha indicado que reacciones como ésta “explican por qué defendemos la municipalización de los servicios públicos que bloquean PP, PSOE y C’s, defendiendo a estas empresas que corrompen a políticos”.

Ante esta situación, Cubero considera que “si no podemos municipalizar ni tampoco aplicar una contratación responsable, entregamos las llaves del Ayuntamiento y que gobiernen ellos”.

Mantener los requisitos

Pese a ese signo de impotencia, Cubero se ha mostrado resuelto a mantener las condiciones requeridas por el gobierno municipal en el pliego de condiciones, “porque están totalmente avaladas por responsables técnicos y jurídicos del Ayuntamiento”. Su defensa se desarrollará ante el TACPA y “también en la calle, junto con la plantilla de FCC”, ha asegurado el edil.

Tras la presentación este martes del recurso empresarial, se abre un plazo de 15 días para que el Ayuntamiento presente sus alegaciones y a continuación el tribunal podría imponer una suspensión cautelar del concurso hasta que tome una decisión definitiva al respecto.

Cubero ha indicado que en ciudades como Madrid también se recurrió ante el tribunal de contratos y ante la jurisdicción administrativa un pliego de condiciones con cláusulas sociales similar al ahora impulsado en Zaragoza y los jueces rechazaron los recursos, según Cubero, quien espera una sentencia aquí en los mismos términos.

El concejal ha insistido en que el servicio, que en la actualidad se presta mediante la fórmula de reconocimiento de obligaciones (FCC pasa facturas al Ayuntamiento por el coste del servicio ya que ha concluido la contrata y ésta no se ha prorrogado), se está prestando con normalidad desde el 1 de enero y que el recurso empresarial al futuro concurso no va a afectar a las labores cotidianas en los parques y jardines de la ciudad.

La empresa no informa

En relación con esto mismo, Cubero ha informado de que, “pese a que se lo hemos pedido hace un mes”, la empresa FCC no ha remitido todavía al Ayuntamiento el cálculo de los costes de los trabajos, “siendo que los realiza desde hace cuatro años y no creo que tenga muchas dificultades para cuantificarlos”.

El concejal ha sentenciado con sorna que FCC “no ha tenido tiempo de calcular la certificación porque estaba preparando el recurso contra el pliego”, una acción que ha cogido por sorpresa al Ayuntamiento puesto que la empresa “en ningún momento nos advirtió de que iba a acudir a los tribunales contra las condiciones de la futura contrata, que les habíamos comunicado hace tiempo de forma verbal”.

Cubero, que a lo largo de la legislatura ha impuesto decenas de sanciones a FCC por incumplimientos en la contrata de Parques y Jardines, no duda de que esta empresa tiene intención de presentarse de nuevo al concurso “y por eso intenta flexibilizar las condiciones a través del recurso de la patronal a la que pertenece”, una iniciativa que a su entender ha sido promovida por la propia FCC.

La DGA vuelve a reforzar servicios sociales, pero Podemos le recrimina la escasa dotación para el IAM

La apuesta del Gobierno de Aragón por garantizar el derecho ciudadano a una vida digna se vuelve a reforzar en 2018 y el presupuesto del departamento de Derechos Sociales aumenta de nuevo: un 6,9 % con respecto a 2017. Se incrementan todas las partidas de la consejería y sus organismos dependientes, que en un futuro inmediato tendrán su sede en el edificio de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar, para cuyas obras de acondicionamiento se destinan dos millones de euros. Pese al refuerzo presupuestario, los grupos de oposición, en especial Podemos, han sido muy críticos respecto a la dotación para el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), que sólo crece un 0,92%.

El Departamento de Derechos Sociales y Ciudadanía contará en 2018 con un presupuesto de 415,163 millones de euros, el de mayor volumen de toda la historia del Gobierno de Aragón. Así lo ha asegurado la consejera del ramo, María Victoria Broto, durante su comparecencia en las Cortes para explicar los detalles de las cuentas de su departamento para este año.

Éstas, ha dicho, responden al objetivo del Gobierno de apostar por los derechos subjetivos y acabar así con las desigualdades frente a las “políticas neoliberales” que consideraban que el gasto social era “prescindible” y que lo fundamental era cumplir con la estabilidad presupuestaria, lo que se ha demostrado que “no es cierto”.

Creación de empleo

Pero además de garantizar derechos, el presupuesto de su consejería supone también inversiones y reactivación de la economía a través de la creación de empleo, como demuestran los 6.180 puestos de trabajo vinculados a la prestación de servicios sociales.

Broto ha detallado que durante esta legislatura el presupuesto de su departamento ha crecido un 30 % y que los de este año son “continuistas” en la intención de seguir construyendo un edificio que estaba “desmantelado”.

De los 415,1 millones, la mayor parte se la lleva el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), con 389,6 millones (un 6,4 % más), mientras que el presupuesto del departamento en sí es de 15,21; el del Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) asciende a 6,4 (un 11 % más) y el del Instituto de la Mujer (IAM) a 3,9 millones (foto superior).

Dentro de la partida del IASS, 137 millones se destinan a prestaciones directas para la dependencia (13,8 para ayuda a domicilio, 75 para prestaciones económicas y 48 para plazas residenciales) y un millón a sufragar parte de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales.

La partida para menores es de 32 millones, con un mínimo incremento de 2.000 euros, algo que han criticado algunas portavoces porque no permitirá hacer las modificaciones anunciadas en el modelo de acogida.

Los grupos de la oposición han hecho hincapié en el mínimo incremento de las partidas para el IAM, que solo crece un 0,92 % a pesar de implementar políticas, según ha recordado Patricia Luquin (IU) que afectan a la mitad de la población, que aún sufre una “seria” discriminación.

Para Elena Allué (PAR) esta dotación es “decepcionante” cuando el número de denuncias por violencia machista crece un 25 %, mientras que Amparo Bella (Podemos) ha dicho sentir “vergüenza” con esta partida. A este respecto, fuentes socialistas precisaron que Podemos no planteó incrementar la dotación del IAM en la negociación previa del presupuesto.

En su defensa, Broto ha replicado que durante toda la legislatura del Gobierno PSOE-CHA el presupuesto del IAM ha crecido un 23 por ciento, lo que según la socialista Pilimar Zamora supone haber recuperado el millón de euros recortado por el anterior ejecutivo PP-PAR.

Broto y Zamora han puesto en duda, por su parte, la actitud del Gobierno de España al respecto, ya que no es previsible, según la diputada, que lleguen en breve las partidas comprometidas en el Pacto de Estado contra la Violencia (200 millones para toda España). La consejera ha recordado a este respecto que el 80 % de lo que se invierte en Aragón en esta materia procede de recursos propios.

El IAI y la Renta Social Básica

Por otro lado, Broto ha explicado que la dotación para el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) crece un 10 % hasta los 52 millones de euros, pero Allué ha considerado que esta cifra es ficticia teniendo en cuenta las modificaciones presupuestarias que hubo que hacer el año pasado para alcanzar a todas las necesidades al respecto.

La portavoz del PAR y la popular, además, han censurado a la consejera que no se haya referido en ningún momento a la Renta Social Básica, que era el “proyecto estrella” del Gobierno en materia de emergencia social, según han dicho ambas.

Broto ha explicado, por otro lado, que el área de Participación Ciudadana incrementa su dotación en un 14 % hasta 1,3 millones; la dirección general de Consumidores y Usuarios dispondrá de 2,6 millones, y la de Igualdad y Familias de 3,08 millones, con proyectos como una oficina contra la discriminación, el impulso a la mediación familiar o un plan de gestión de la diversidad cultural.

El IAJ contará con 6,39 millones para profundizar en proyectos recuperados en los años anteriores, como el incremento del uso de la red de albergues o un estudio para impulsar la coordinación departamental del plan de retorno joven.

La nueva sede del departamento, en plaza del Pilar

Broto se ha mostrado especialmente orgullosa del incremento del 33 % en la ayuda a la cooperación, que alcanza 1,41 millones de euros y ha hecho referencia al proyecto inversor para acondicionar el edificio de los juzgados de la plaza del Pilar de Zaragoza como sede del departamento.

La diputada de Ciudadanos Desirée Pescador ha instado a la consejera a “apostar” por la calidad de los servicios y ha lamentado que se “trasladen” a la iniciativa privada sin el necesario control.

Y Amparo Bella, de Podemos, cuyo grupo apoyará la toma en consideración de las cuentas gracias a un acuerdo alcanzado con el PSOE, ha dicho que su grupo no comparte el modelo de servicios sociales del Gobierno, pero ha reconocido que se ha recuperado, con su gestión, el 20 % que recortó en ellos el Gobierno del PP, a pesar de lo cual queda “un largo camino” para acabar con la pobreza o para lograr una igualdad real.

Las viviendas sociales de Las Fuentes estarán en 2019

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, y el concejal de Vivienda y Deporte, Pablo Híjar, han formalizado tres préstamos que la sociedad Zaragoza-Vivienda ha suscrito con tres entidades, una de ellas de banca ética, para financiar la construcción de 80 viviendas con servicios comunes en el barrio de Las Fuentes.

El director de la Caja Rural de Soria, Domingo Barca; el director apoderado de la zona de Zaragoza de Caja Rural de Teruel, Javier Cánovas; y el director en España de Fiare Banca Ética, Juan Garibi, han acudido a la firma.

Cada entidad aporta 1.777.000 euros para sumar un total de 5,3 millones, el plazo de devolución es de 30 años, con dos de carencia en los que no se pagará amortización

El edificio se ubica entre las calles María de Aragón y Fray Luis Urbano, y los 80 alojamientos dispondrán de espacios comunes para uso social y de ocio. Dispondrá de una zona verde, aparcamientos exteriores para bicicletas y en superficie.

Santisteve ha defendido “estas nuevas formas de vivienda y el tejer redes entre los vecinos”, para apuntar que se destinarán a los colectivos de personas mayores y jóvenes y familias monomarentales y monoparentales.

Ha subrayado que con este acuerdo, “por primera vez, el Ayuntamiento de Zaragoza convenia con la banca ética que es una forma responsable de entender el sistema financiero en España”.

Ejecución en 20 meses

El concejal de Vivienda, Pablo Híjar, ha manifestado que es la primera promoción de un plan de 300 alojamientos en seis años y lo ha calificado de “innovador” porque los alojamientos con servicios compartidos “tiene demanda en ciertos sectores de la sociedad en los que la vivienda social tradicional no funcionaría”.

Las obras han comenzado y la previsión de ejecución es de 20 meses por lo que a mediados de 2019 podrían estar concluidas para su adjudicación, que requiere de previa inscripción en la bolsa de Zaragoza-Vivienda y el área social de esta sociedad procederá en su día a la adjudicación.

Ha recordado que en diciembre, el consejo de Zaragoza-Vivienda debatirá sobre el proyecto de viviendas en el antiguo cuartel de Pontoneros que supondrá “la regeneración urbana” de esa zona del Casco Histórico y ha pedido el apoyo de los grupos porque “no hay impedimento para aprobarlo, excepto el político”.

Todos los dependientes reconocidos en Aragón dispondrán de teleasistencia gratuita

El Gobierno de Aragón extenderá la telasistencia gratuita a partir de este mes de julio a todas las personas que tengan la dependencia reconocida y lo soliciten. Así lo ha anunciado el presidente de Aragón, Javier Lambán, con motivo de una visita a la Residencia-Hogar de Mayores Doz de Tarazona, donde ha informado de que esta medida se incluirá en una orden de modificación de las prestaciones de dependencia que se publicará este mes.

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto ha explicado que el servicio se pondrá en marcha una vez esté aprobada la Orden en la que el Gobierno va a regular diferentes aspectos relacionados con la dependencia.

En cuanto a la telesasistencia, Broto ha precisado que en el momento en que una persona sea valorada como dependiente dispondrá del servicio “inmediatamente”.

Se trata, ha dicho, de un servicio complementario a otro tipo de ayudas y que quiere ponerse en marcha a partir de julio, una vez aprobada dicha Orden.

Quince personas al día

Por su parte, el presidente de Aragón ha insistido en el orgullo que le produce el funcionamiento del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), que el viernes 30 de junio conmemoró en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli su veinte aniversario.

Lambán ha reiterado que “donde más se demuestra la fibra moral de un gobierno es en la gestión y atención de los servicios sociales” y ha puesto como ejemplo que el IASS cuenta este año con el presupuesto “más alto de su historia”.

El titular del Ejecutivo autonómico ha informado de que el pasado mes de junio se han incorporado al sistema 655 personas, lo que supone desde principios de año 15 personas al día, 7.000 más desde el principio de legislatura.