Stop Desahucios

La DGA asegura que dará respuesta a la familia de siete miembros que se iba a desahuciar esta semana

La directora general de Vivienda y Rehabilitación del Gobierno de Aragón, Mayte Andreu, ha asegurado que se va a dar respuesta a la familia de siete miembros que iba a ser desahuciada este miércoles, 13 de febrero, aunque finalmente no deberán abandonar la vivienda hasta dentro de un mes y medio aproximadamente.

“He hemos buscado una respuesta habitacional y en caso de que se cumplan los requisitos, que nos constan que sí se cumplirán, se adjudicará una vivienda”, ha señalado Andreu en declaraciones a los medios de comunicación.

Este lunes, la plataforma Stop Desahucios ha protagonizado una concentración ante el Edificio Pignatelli de Zaragoza, sede del Gobierno de Aragón, reclamando una solución para varias familias que van a tener que abandonar su vivienda en próximas fechas (foto superior).

En concreto, la directora general se ha referido al caso de esta familia de siete miembros, compuesta por Josefa, su marido y sus cinco hijos menores, de quien ha explicado que el oficio del juzgado ha informado de que no se trata no se trata de unos desahucios por impago, sino de una finalización de contrato.

Según ha detallado, “solo podemos valorar lo que el juez nos informa”, quien dice que “el impago se produce cuando se notifica la rescisión del contrato por finalización del mismo”.

Fuera de Zaragoza

La directora general ha reconocido que en este caso “no se va a poder dar una respuesta habitacional en Zaragoza capital porque el Gobierno de Aragón no tiene una vivienda de más de 70 metros cuadrados que pueda ser adjudicada”.

A su entender, una casa no puede ser ocupada por más personas de las que puede acoger y que siete personas vivan en “en menos de 70 metros cuadrados es infravivienda”, para defender que todas las personas han de vivir “en las mismas condiciones de habitabilidad, calidad y confort”.

Andreu ha apuntado que en esta familia ningún miembro trabaja y es perceptora del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), que podrá seguir recibiendo aunque no resida en Zaragoza, igual que la ayuda de los servicios sociales de base.

Se trata de una situación parecida a la que se encuentra otro matrimonio de la capital aragonesa con cinco hijos a los que ya se les ha comunicado que se les ha asignado una vivienda en Monzón.

Situación vulnerable

La directora general de Vivienda y Rehabilitación ha apuntado que el pasado viernes recibieron diferente documentación para valorar a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales la situación de diferentes unidades familiares que van a tener que abandonar su vivienda.

Es el IASS quien estudia “si están o no en una situación de vulnerabilidad” y si es necesario buscar una respuesta habitacional. Al respecto, Andreu ha subrayado que “estábamos buscando una respuesta adecuada a cada una de las unidades de convivencia” y “no son solamente estos casos los que tenemos en el Gobierno de Aragón”, desde donde “siempre intentamos dar respuesta a quienes cumplen los requisitos de vulnerabilidad”.

Ha detallado que una vez que se confirma que están en esta situación, “se valora si pueden acogerse a alguno de los programas que tenemos en el Gobierno de Aragón”.

Stop Desahucios se concentra en la DGA contra nuevos desalojos

La plataforma Stop Desahucios ha vuelto a convocar una concentración frente a la sede del Gobierno de Aragón para denunciar el desalojo de cuatro familias en situación de vulnerabilidad y exigir que se aplique la ley de emergencia y proteja a los afectados sin recursos.

Traen de nuevo el caso de la pareja formada por Milagros y Raúl y sus cinco hijos menores, que sobreviven con los 730 euros del Ingreso Aragonés de Inserción en una vivienda social del Gobierno de Aragón, que les emplaza a abandonarla al requerirla la propietaria.

En un comunicado, Stop Desahucios denuncia que la solución aportada desde la DGA es que se trasladen a Monzón, a pesar de que han constatado que existen viviendas libres en Zaragoza.

Cartel de la convocatoria

Otro caso es el de Josefa, su marido y sus cinco hijos menores, quienes van a ser desahuciados el próximo 13 de febrero por no poder pagar el alquiler y la Dirección General de Vivienda les ha negado la entrada en el convenio con el Poder Judicial y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias precisamente por haber acabado el contrato, en contra de la opinión del juez.

Así, ante estos y otros casos, Stop Desahucios ha llamado la atención sobre el hecho de que los problemas relacionados con la emergencia habitacional “lejos de resolverse” están “aumentando”.

Por ello, se concentrarán este lunes de 10 a 14 frente al Edificio Pignatelli para exigir al Gobierno aragonés que “deje de mentir” y de hacer “promesas que nunca llegan”.