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PP, Cs y Vox proclives a subir el billete de bus urbano

El alcalde Jorge Azcón y los grupos municipales que sustentan su gobierno (PP, Cs y Vox) han rechazado comprometerse a no subir el precio del bus urbano y han dejado la puerta abierta a un incremento ajustado al IPC.

Azcón ha indicado que “no vamos a subir el precio del billete de transporte público nunca por encima del IPC” y ha reprochado a la izquierda que subió “veinte céntimos de golpe en el transporte en 2012, la mayor subida”.

“Tengan la certeza de que haremos lo posible porque esas bonificaciones para los jóvenes sean una realidad en esta legislatura, pero no haremos cosas sin tener la certeza absoluta de la situación de los servicios de esta ciudad”, ha dicho tajante Azcón.

Moción aprobada

Así lo ha afirmado durante el debate de una moción presentada por Zaragoza en Común y que ha sido aprobada con los votos de PSOE y Podemos-Equo y la abstención de PP, Cs y Vox, por la que se insta al gobierno de la ciudad a no elevar el precio del transporte público y a mantener y ampliar las bonificaciones existentes durante los próximos cuatro años, “tal y como ocurrió en la anterior corporación”.

La propuesta ha sido enmendada por el grupo de Podemos-Equo, para que englobara al conjunto del transporte público y no solo al precio del bus, y el PP ha planteado otra transacción para tener en cuenta la subida del IPC, pero no ha sido aceptada.

Los pensionistas salen de nuevo a la calle para defender el sistema público

La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe) ha convocado para el próximo lunes día 17 en Zaragoza una protesta ‘extraordinaria’ que quieren que sea masiva para “recordar” al próximo Gobierno central y autonómico las medidas que a las que deben prestar atención para garantizar “lo público”.

Pepe Villuendas, María José Pérez y Félix Martínez, portavoces de COESPE en la capital aragonesa, han explicado en rueda de prensa algunas de las exigencias del colectivo, todas ellas con un objetivo común: las pensiones y los servicios públicos.

La principal medida de Coespe es el blindaje de las pensiones en la Constitución Española (CE) y su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado, previa derogación del artículo 135, que hace referencia a la deuda pública.

Tomando ésta como referencia, la organización ha confeccionado una tabla reivindicativa compuesta por aquellos aspectos que, consideran, necesitan atención, y que esperan que los siguientes Ejecutivos solucionen.

Entre otras propuestas, la coordinadora exige establecer que la pensión mínima sea de 1.084 euros mensuales, y así “garantizar una vida digna”; la revalorización automática de las pensiones atendiendo al IPC real; y la derogación de las reformas laborales de 2011 y 2013, además de una oposición “total” al Plan Europeo de Privatización de las Pensiones (PEPP).

También la jubilación anticipada sin penalizar con 40 o más años cotizados, sin olvidar que la edad de jubilación vuelva a establecerse a los 65 años.

Preocupación

El actual panorama político en el que se encuentran tanto Aragón como España hace que este colectivo esté “preocupado” ante un posible pacto PSOE-Ciudadanos en múltiples ayuntamientos, gobiernos autonómicos, y en el Central, ya que eso “acercaría” la aprobación de un plan privado de pensiones, cercano al denominado Plan pan-Europeo de Pensiones Individuales (PePP), ha sostenido Villuendas.

Por este motivo, con el fin de recordar a los políticos que “gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”, Coespe, junto a 270 plataformas ciudadanas, ha organizado una concentración el próximo lunes 15 de junio en la mayoría de ciudades del país para defender el sistema público de pensiones. En Zaragoza, ésta tendrá lugar a partir de las 19.00 horas en la Plaza del Pilar.

A falta de ver cómo se define esta situación de pactos gubernamentales, y desde el momento en el que las legislaturas comiencen a dar sus primeros pasos, Coespe aguardará alrededor 100 días para comprobar si los gobiernos están “concienciados” y “buscan soluciones de verdad” a este problema.

De no ser así, desde la organización han subrayado que seguirán realizando protestas, concentraciones y otras actividades para “continuar con la lucha”, han asegurado los portavoces.

Los concejales zaragozanos se suben un 5% el sueldo justo antes de las elecciones

Los concejales del Ayuntamiento de Zaragoza decidieron subirse el sueldo un 5% pocos días antes de las elecciones municipales que se celebran este domingo 26 de mayo. Un incremento global para todos ellos de casi 100.000 euros. La medida suscrita en junta de portavoces por representantes de todos los grupos políticos de la Corporación el pasado 16 de mayo, fue ratificada en el Pleno del martes día 21 y ese mismo día el Gobierno municipal dio el visto bueno al expediente correspondiente, con la oposición del concejal de Hacienda, Fernando Rivarés, número dos de la candidatura de Podemos en los comicios del domingo, que se negó a asistir al consejo y no ratificó el acuerdo. Los ediles resolvieron aplicarse subidas salariales con efecto retroactivo desde 2017, aunque en el orden del día del Pleno sólo figuró el incremento correspondiente a 2019.

La junta de portavoces municipal se reunió el pasado 16 de mayo para debatir sobre la oportunidad de celebrar un Pleno municipal antes de las elecciones con el fin de aprobar las modificaciones de crédito necesarias para pagar las subvenciones a las entidades sociales de la ciudad y para aplicar la subida salarial del 2,25% a la plantilla municipal correspondiente a este año 2019.

Las citadas modificaciones de crédito hacían referencia al traspaso de partidas dentro del presupuesto prorrogado de 2018, puesto que la no aprobación del documento presupuestario de 2019 impedía afrontar los desembolsos necesarios para sufragar las ayudas a entidades sociales y para la subida salarial de los empleados municipales.

Los representantes de todos los grupos políticos resolvieron fijar la sesión plenaria para el martes día 21 con el fin de ratificar esas modificaciones de crédito, aprobadas en la correspondiente comisión de Hacienda y ya sometidas a exposición pública sin que se hubieran producido reclamaciones.

Subida salarial con efectos retroactivos

Pero los representantes municipales aprobaron también otro apartado, según corrobora el acta final de esa reunión. Allí se indica que el mismo día del Pleno y con posterioridad al mismo se reuniría el Gobierno municipal para adoptar los acuerdos necesarios para el incremento de las retribuciones del personal municipal en la nómina de mayo, antes por tanto de que se celebren las elecciones, “así como para la actualización de las retribuciones de los miembros de la Corporación y órganos directivos con efectos desde 2017”.

El acta fue ratificada por los portavoces Jorge Azcón (PP, candidato a la alcaldía por esta misma formación en los comicios del domingo), Pablo Muñoz (ZeC), Carlos Pérez Anadón (PSOE), Sara Fernández (Cs, también candidata a la alcaldía) y la portavoz adjunta de CHA, Leticia Crespo.

El acuerdo adoptado implica que los salarios de los concejales zaragozanos se incrementarán un 1% correspondiente al ejercicio de 2017; un 1,5% en el ejercicio de 2018, más un 0,25% adicional ese mismo año; y un 2,25% (como la plantilla municipal) en 2019. En total, un incremento del 5%.

En el acuerdo adoptado por el Gobierno municipal el martes 21 de mayo se justifica el aumento salarial de los ediles porque “procede actualizar las retribuciones de los miembros de la Corporación del Ayuntamiento de Zaragoza de los años 2017 y 2018 para ser adaptadas a los incrementos retributivos establecidos en la ley 3/2017, de 27 de junio de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y en la ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018”.

Ingresos y monto total

En el mismo documento se especifica que los aumentos salariales del 5% global deben aplicarse a la siguiente tabla retributiva de ingresos brutos:

Alcalde: 75.750 euros anuales (5.410 euros mensuales)

Consejero de Gobierno: 72.720 € (5.194,29 €)

Portavoz de Grupo Municipal: 71.204,30 € (5.086,02 €)

Portavoz Comisión Plenaria Permanente: 67.620,72 € (4.830,05 €)

Portavoz Adjunto de Grupo Municipal: 67.620,72 € (4.830,05 €)

Concejal Delegado: 60.600 € (4.328,57 €)

Concejal: 59.236,79 € (4.231,20 €)

Asistencias a comisiones (concejales sin dedicación exclusiva): 24.240 € (1.731,43 €)

El acuerdo aprobado por el Gobierno municipal para su inmediata aplicación precisa también que las correcciones salariales a favor de los concejales zaragozanos correspondientes a 2017 suponen un monto global de 18.967,07 euros; las de 2018 ascienden a 33.159,12 euros; y las de 2019 suponen 43.949,45 euros. En total: 96.075,64 euros de subida de sueldo a repartirse los 31 miembros de la Corporación.

Negativa de Rivarés

El dinero para abonar los incrementos salariales de los ediles cuyo mandato toca a su fin en los próximos días sale de la modificación de crédito de cinco millones de euros calculada por la concejalía de Servicios Públicos y Personal, a cuyo frente se encuentra Alberto Cubero (número tres de la lista electoral de ZeC para este domingo), para afrontar la subida salarial de la plantilla municipal.

En concreto, Cubero presentó inicialmente una solicitud de 4,5 millones de euros en créditos extraordinarios para abonar los incrementos de sueldo. Pero posteriormente agregó una nueva modificación de créditos por valor de 500.000 euros con cargo al Fondo de Contingencia.

Su solicitud fue ratificada por el Pleno municipal y posteriormente ejecutada por el Gobierno municipal, del que se desmarcó el concejal de Hacienda, Fernando Rivarés, también de ZeC, aunque ahora enrolado en la candidatura electoral de Podemos-Equo y alejado en los últimos tiempos de la gestión de gobierno dirigida por el alcalde, Pedro Santisteve, candidato a la reelección por ZeC.

Respecto a su negativa a ratificar la subida salarial de los concejales, Rivarés ha señalado a Ten! Zaragoza que “durante toda la legislatura me he opuesto a la subida salarial a los concejales. Creo que disponemos de salarios mucho más que dignos para retribuir la labor que desarrollamos y además no me parece de recibo que nos los subamos teniendo en cuenta que miles de zaragozanas y zaragozanos declaran cobrar salarios de 12.000 euros anuales o menos”.

La renta media de alquiler supera ya a la cuota de préstamo hipotecario

La media del alquiler en Aragón (entre 502,5 euros y 465 euros mensuales en 2016) supera ya a la cuota media del préstamo hipotecario (462,42 euros), según un informe de la Asociación de Usuarios, Bancos, Cajas y Seguros Aicar-Adicae.

Las principales conclusiones del documento han sido presentadas este martes 23 de octubre en Zaragoza por el vicepresidente de la asociación en Aragón, Antonio Berrueta; la coordinadora Icíar Gardeta; la directora general de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón, Rosa María Cihuelo; y la profesora de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza, María Martínez.

Y una de las principales reflexiones del estudio es que pagar un alquiler está llegando a equipararse a aportar una cuota hipotecaria en Aragón, después de que la renta del alquiler haya subido un 7,5 % entre 2014 y 2016.

“El acceso a la vivienda habitual es un derecho amparado constitucionalmente que, lejos de ello, se está convirtiendo en un negocio cuyos máximos perjudicados son los consumidores o los inquilinos”, ha manifestado la coordinadora de Aicar-Adicae.

Grandes inversores, banca y legislación

De hecho, según la asociación, el aumento de rentas de alquiler entre el 2012 y el 2016 ha sido del 5-7 % de variación media, frente a un situación de crecimiento negativo del IPC (Índice de Precios al Consumo).

Entre las razones de este aumento en las rentas de alquiler, la coordinadora ha citado el efecto de los grandes inversores, la legislación favorable hacia la banca, la reforma de la ley para las “Socimis” y la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013.

Tal y como ha manifestado la directora general de Protección de Consumidores y Usuarios, el comprar una vivienda significa en la mayoría de los casos el “mayor acto de consumo” en la vida, por lo que es necesario que “estemos informados y conozcamos nuestros derechos”.

Asimismo, ha abogado por que se trabaje para que sea posible acceder al alquiler, ya que responde a una “parte vital” de los ciudadanos a la hora de independizarse.

Más pisos en alquiler

Y volviendo a los datos de Aragón, no solo ha aumentado el precio del alquiler, sino que también las viviendas que se arriendan, en concreto, desde el 2013 la vivienda en alquiler ha crecido de 80.700 inmuebles a los 96.600 de 2017.

Un incremento a pesar de que Aragón se encuentra entre las tres comunidades con mayor porcentaje de hogares donde se reside en régimen de propiedad, solo por detrás de La Rioja y País Vasco. En porcentajes, un 83,3 % de hogares responden a este régimen en el territorio.

Los pensionistas reclaman subidas ajustadas al IPC y rechazan el plan europeo de privatización

La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones en Zaragoza ha organizado una concentración este sábado, 26 de mayo, en la que han vuelto a pedir la subida de las pensiones con respecto al Índice de Precios de Consumo (IPC) y que las instituciones no silencien la votación del plan europeo de privatización que tendrá lugar en julio.

El portavoz de la Coordinadora Estatal en Zaragoza, José Luis Cabello, ha explicado que la concentración se ha desarrollado “en más de 200 ciudades” de todo el país para “seguir luchando y defendiendo el sistema de pensiones”. En Aragón, “se secunda en Zaragoza, Huesca, Teruel, Calatayud, Alcañiz, Ejea de los Caballeros y La Muela”.

Un parche

Ha comunicado que las peticiones de la Coordinadora “siguen intactas” con respecto a las concentraciones anteriores, por lo que ha reclamado “la subida de las pensiones con respecto al IPC” y ha criticado que la subida de 2018 y 2019 sea “simplemente un parche por el pacto con PNV y por las elecciones nacionales y autonómicas”.

“En 2020, volveremos a estar igual y no se recupera el poder adquisitivo que se ha ido perdiendo desde 2011 de más de un 7 por ciento”, ha advertido el portavoz, mientras ha añadido que también “se sigue sin corregir el factor de sostenibilidad y sin derogar las últimas reformas laborales que tanto daño han hecho a la hora de calcular las pensiones”.

Asimismo, ha hecho referencia al Plan Europeo de Privatización de las Pensiones (PEPP) del que “se sigue sin querer hablar” y que “se va a votar en el Parlamento Europeo este mes de julio, presentado por la Comisión Económica”. De aprobarse, “será de obligado cumplimiento por todos los estados miembros de la UE” y supondrá “el hachazo definitivo al sistema público”.

Perjuicios para los jóvenes

La privatización, ha remarcado Cabello, “no va a afectar a los jubilados actuales” sino a los jóvenes, “que no van a tener garantizada una pensión” y van a verse obligados a “sacarse un plan de pensiones privado que no va a gestionar el Estado”.

Según ha considerado, el control de estos planes privados correrá a cargo de “bancos, gestoras y fondos de inversión”, que son quienes obtendrán beneficios “de un capital con el que podrán hacer lo que quieran”. Asimismo, el Estado será el cuarto beneficiario de esta privatización porque “se va a ahorrar el dinero de las pensiones”.

En cuanto a concentraciones futuras, el portavoz de la Coordinadora ha defendido que “la lucha no va a parar”, pero que el verano supondrá “un lapso” que utilizarán para reorganizarse, informar a pueblos donde no han llegado las reivindicaciones y “volver con más fuerza”.

Críticas a las dificultades para manifestarse

Cabello ha lamentado que, a nivel estatal, la Coordinadora está “teniendo problemas y dificultades por todos lados” para convocar concentraciones, independientemente de que los municipios estén gobernados por “Ayuntamientos de derechas o de izquierdas”.

En este sentido, ha explicado que, en Aragón, la capital turolense y Alcañiz han tenido que enfrentarse a dificultades. “En Teruel, el Ayuntamiento les prohíbe poner carteles y, en Alcañiz, hoy les han prohibido manifestarse en la plaza de la Catedral porque tenían otros actos”.

Un hecho que, ha criticado, también ha ocurrido en la capital aragonesa este sábado, cuando la plaza del Pilar ha acogido simultáneamente la concentración de pensionistas y la celebración de Zaragoza Diversa, una actividad organizada por el Consistorio en favor de la diversidad cultural.

“No sabemos por qué motivo, el Ayuntamiento nos quería desplazar de aquí. Una Coordinadora independiente molesta a todos, a gente de derechas y de izquierdas”, ha sentenciado el portavoz de la Coordinadora, al tiempo que ha comentado que no es algo que haya ocurrido solo hoy sino que “todos los meses” se encuentran con “dificultades para realizar las concentraciones”, teniendo que esperar “hasta última hora para saber” si cuentan con autorización.

Uso de la plaza del Pilar

Por alusiones, la vicealcaldesa de Zaragoza, Luisa Broto, en declaraciones a los medios de comunicación, ha estimado que se trata de “un momento que podría haberse evitado” porque Zaragoza Diversa es “una actividad consolidada en la ciudad” con “un operativo que se solicita en tiempo y forma correctos tanto a los servicios públicos del Ayuntamiento como a la Delegación del Gobierno en Aragón”.

Esta última institución, ha dicho, es quien tiene la “potestad” sobre el uso de la plaza del Pilar y, cuando les avisaron de que se había convocado una concentración en el mismo espacio y hora, desde el Consistorio plantearon “alternativas como el espacio de La Lonja o la otra parte de la plaza”.

“Parece ser que la organización quería estar aquí y se les autorizó un punto de luz en la Lonja, pero hoy han decidido ponerse delante”, ha apuntado Broto, haciendo referencia al escenario ubicado en un extremo de la plaza, donde se celebrarán distintas actuaciones.

Asimismo, ha asegurado que ni el Ayuntamiento ni ella misma pueden “tener la potestad de denegar el uso de la plaza taxativamente” ni permitir que los pensionistas utilicen el escenario de Zaragoza Diversa porque se podría considerar “una autorización política”.

Concentraciones este sábado en plaza del Pilar para defender el sistema de pensiones

Los sindicatos UGT y CCOO Aragón y la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones se concentrarán este sábado, 17 de marzo, en la plaza del Pilar para defender el sistema de pensiones, así como para protestar contra la subida del 0,25 por ciento. Todas las organizaciones  consideran la iniciativa como un movimiento social al que invitan a todas las personas, pensionistas, trabajadores y jóvenes a manifestarse por un sistema público de pensiones, porque “es de interés general” para todos.

Además de Zaragoza, se han convocado movilizaciones en otras diez ciudades aragonesas, entre ellas, Teruel, Huesca, Ejea de los Caballeros, Sabiñánigo, Calatayud, Andorra, Caspe, Monzón y Tarazona.

En Aragón, el colectivo de pensionistas está formado por 300.000 personas, es decir, un 25 por ciento de la población de la Comunidad, quienes reciben una cuantía media de 980 euros mensuales.

Según ha explicado este martes 15 de marzo en rueda de prensa el secretario general de Pensionistas CCOO, Manuel Martín, el 41 por ciento de las pensiones contributivas en 2017 eran inferiores al salario mínimo interprofesional (736 euros), mientras que las no contributivas eran de 409 euros.

Por su parte, el miembro de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) Mauricio Ruiz ha mencionado que piden una pensión mínima de 1.080 euros que garantice “una vida digna”, así como una revalorización automática de las pensiones en relación “al IPC real”.

Brecha de género

Tanto los sindicatos como la Coordinadora han denunciado la brecha de género y el desequilibrio territorial, que siguen siendo una realidad en el sistema de pensiones. Los hombres aragoneses cobran de media 1.220 euros, mientras que las mujeres perciben 741 euros, ha apuntado el secretario general de UGT Aragón, Daniel Alastuey.

Ante estos datos, la representante de la Plataforma de Pensionistas de España por su Dignidad, María José Pérez, ha expresado que, a su juicio, “las pensiones no son una cuestión económica, sino una voluntad política”.

En este sentido, los secretarios generales de UGT y CCOO han exigido al Gobierno del Partido Popular restablecer el Pacto de Toledo para garantizar el presente y el futuro del sistema público de pensiones.

Para Alastuey, el mensaje “pesimista” del Gobierno de Mariano Rajoy sobre la “insostenibilidad” de las pensiones lleva a la ciudadanía a “desviar sus ahorros a sistemas privados de previsión”, cuando la realidad demuestra lo contrario.

Por su parte, el secretario general de CCOO, Manuel Pina, ha apuntado que son “los mensajes triunfalistas” del Gobierno sobre la mejora económica del país los que provocan “la indignación y el malestar de los pensionistas”. Un crecimiento económico que “se le está negando a un colectivo de 9,5 millones de personas”, ha subrayado.

Cambio de modelo

Desde ambos colectivos han considerado que ha llegado el momento de cambiar el modelo del sistema público de pensiones, pues “no solo puede basarse en las cotizaciones del trabajo”, sino que se debe garantizar con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y con una subida en relación al IPC, ha subrayado Alastuey.

Al respecto, Ruiz ha indicado que se recojan las pensiones como un derecho constitucional y se tengan en cuenta dentro de los PGE.

Asimismo, Pérez también ha destacado que España solo aporta un 10,5 por ciento de su PIB en pensiones, mientras que países como Italia y Alemania llegan al 14,5 por ciento.

En estos momentos en Europa “se están revalorizando las pensiones en torno al IPC, al apoyo de los presupuestos, a la evolución de la economía y de los salarios. ¿Por qué no es así en España?”, ha reflexionado el secretario general de UJP UGT Aragón, Tomás Yago.

Aumenta la protesta de jubilados contra la política de pensiones

Varios centenares de jubilados han vuelto a salir a la calle este jueves 1 de marzo, en mayor número que en anteriores convocatorias, para protestar de nuevo contra la política de pensiones del Gobierno de Mariano Rajoy, a quien han exigido que se siente a hablar y una subida acorde al IPC.

La concentración, convocada por UGT y CCOO, ha transcurrido de forma pacífica y sin incidentes frente a la dirección provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en la zaragozana calle Doctor Cerrada, que ha quedado prácticamente abarrotada por los asistentes.

Entre las proclamas lanzadas por los manifestantes (foto superior) han destacado las acusaciones a Rajoy de “robar” las pensiones o los gritos de “Fátima dimisión”, en referencia a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

Han sido varios asistentes a la protesta los que han tomado la palabra desde la cabecera de la concentración, entre ellos el secretario general de UGT Aragón, Daniel Alastuey, quien ha destacado que los manifestantes “cada día son más” y que en el Estado está empezando a crecer “una protesta general”.

Una movilización que acabará convirtiéndose en una huelga general “si se descuidan”, ha asegurado, al tiempo que animaba a continuar secundando las convocatorias de las organizaciones sindicales mayoritarias.

Ha defendido también que la riqueza se reparta de manera justa y que aquellos que contribuyeron en su día a generarla tengan pensiones dignas que les permitan sobrevivir.

Subida “ridícula”

“Este Gobierno se tiene que sentar a negociar en el Pacto de Toledo”, ha concluido.

Por CCOO Aragón, el secretario general de la Federación de Pensionistas, Manuel Martín, se ha reafirmado en que la subida del 0,25 por ciento es “ridícula” y los manifestantes iban más allá y la calificaban directamente como “una mierda”.

Asimismo, en cuanto a los últimos anuncios desde el Gobierno, ha considerado que lo único que hace es lanzar “globos sonda a todas horas”, pero no está reuniendo a los agentes sociales.

Además, ha asegurado que es “muy poca” la gente a la que le benefician las medidas anunciadas, por lo que ha emplazado a que el sistema garantice las pensiones, “las nuestras y las futuras”.

Más recursos

Martín ha sido el encargado de leer el manifiesto junto con el secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Aragón, Tomás Yago, en el que han rechazado que se diga a generaciones enteras de trabajadores que “no hay dinero para todo” o que muchos no vayan a percibir en el futuro unas pensiones como las que hoy contribuyen a financiar.

A su juicio, el mercado de trabajo “puede y debe” aportar más recursos vía cotizaciones y esto es una decisión política que afecta a los ámbitos laboral y fiscal.

Han criticado también las rebajas “indiscriminadas” aplicadas, que no han producido un impacto positivo en términos de empleo.

Así pues, han incidido en que es “necesario” y “urgente” crear empleos de mayor calidad que aporten más cotizaciones y han recordado que algunas de las medidas propuestas por los sindicatos al efecto ya han sido aceptadas por buena parte de los grupos políticos.

Los representantes sindicales han denunciado también que la situación actual viene agravada por las últimas reformas laborales y el desequilibrio que han generado en la negociación colectiva en favor de las empresas, lo que contribuye a que cada vez más trabajadores se encuentren en “condiciones de pobreza”.

Por todo ello, han recalcado que el Ejecutivo estatal les tendrá “en frente” en defensa de la revalorización en función del IPC y de un “trabajo digno”. “Basta de excusas”, han subrayado.

Nueva concentración el 15 de marzo

Previamente, Yago ha llamado la atención por la brecha de género existente en las pensiones, del 37 por ciento, o la situación de las pensiones de viudedad, que es algo que “clama al cielo”.

Del mismo modo, ha denunciado la cantidad de pensionistas con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional y que el 70 por ciento de estas prestaciones no superan los 1.000 euros, cifra en la que cree que debería situarse la pensión mínima.

Este es “un problema del PP”, ha subrayado Cristina Díaz, militante de CCOO, que ha “sometido” a contratos precarios a “nuestros hijos” y ha provocado que la crisis la paguen los “más pobres” y los “más necesitados”.

“Estafado, engañado y robado” ha declarado que se siente uno de los asistentes, a lo que su esposa ha sumado que lo que ocurre ahora con las pensiones es como si ella hubiera dedicado el dinero con el que debía pagar a Hacienda a irse de vacaciones u otros menesteres.

UGT y CCOO han vuelto a convocar otra concentración de protesta en el mismo lugar para el próximo 15 de marzo.

Protesta de jubilados por la “miseria” de las pensiones

Cientos de zaragozanos se han congregado esta mañana frente a la sede de la Delegación del Gobierno en la Plaza del Pilar, bajo el lema “Contra la miseria de las pensiones, no al 0,25 %”, para denunciar la pérdida de poder adquisitivo que están padeciendo los pensionista en los últimos años.

La concentración se ha producido simultáneamente en decenas de ciudades españolas, con el objetivo de pedir a los responsables políticos que blinden las pensiones en la Constitución y que se actualicen de acuerdo al aumento del Índice de Precios del Consumo (IPC).

“La subida de un 0,25 % es irrisoria, ha costado más el papel y los sellos para enviar las cartas a los pensionistas”, ha denunciado la portavoz de la Comisión de Mayores de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), María Luisa García.

García ha reconocido el “éxito” de esta protesta coordinada en todo el país, especialmente en Zaragoza ya que el tiempo no ha acompañado y no era “el día más apetecible” para salir a la calle a reivindicar.

Viudas más pobres

Entre sus críticas, la portavoz de FABZ ha denunciado que Aragón es el territorio europeo en la que las viudas son más “pobres”, debido a la reducida retribución que les otorga la Administración.

Además, García ha criticado los efectos que tiene la “privatización de servicios públicos como las residencias” de la tercera edad en la comunidad, así como las “desigualdades territoriales” que ha provocado una Ley de Dependencia que “nació sin dinero”.

Para la responsable de Mayores de la federación, esta grave situación es el producto de las reiteradas “mentiras” que los gobiernos han vertido sobre el plan de pensiones en los últimos años.

“Se han saltado el Pacto de Toledo a la torera”, ha criticado García, quien reconoce que este documento aprobado en el año 1995 en el Congreso de los Diputados ha dejado de tener efecto.

La FABZ viajará la próxima semana a Valencia a un encuentro de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, donde sus representantes seguirán estudiando acciones para reivindicar unas pensiones y unos servicios públicos de calidad.

Los jubilados están hartos y reclaman pensiones justas

Varios centenares de personas se han manifestado este jueves 15 de febrero en Zaragoza convocadas por los dos sindicatos mayoritarios -UGT y CCOO- para exigir al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se siente a hablar de pensiones justas después de una nueva revalorización de solo el 0,25 por ciento.

La manifestación ha transcurrido sin incidentes, aunque con gritos contra Rajoy, a quien muchos pensionistas acusan de “robarles” su pensión, tras recorrer varias calles del centro hasta su finalización en plaza del Pilar, frente a la Delegación del Gobierno en Aragón.

En declaraciones a los medios, el secretario general de la Federación de Pensionistas de CCOO Aragón, Manuel Martín, ha anunciado que seguirán con las movilizaciones hasta que el Ejecutivo central se siente a negociar con los agentes sociales.

“Los políticos algunos nos escuchan, lo que pasa es que el Gobierno no se está moviendo en absoluto”, ha dicho tras mostrar su hartazgo con la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido los pensionistas en los últimos cuatro años, con unas prestaciones que han crecido muy por debajo del IPC.

Por ello, ha pedido al Gobierno que tome la iniciativa y ha animado también a todos los partidos políticos y agentes sociales a que presionen, porque el fondo de reserva se está agotando y “no están haciendo nada” ni para defender la situación actual ni por la sostenibilidad futura del sistema.

Negocio para la banca

Por último, ha considerado que el PP tiene la intención de favorecer los planes de pensiones y el negocio de la banca, tras las llamadas de Rajoy a ahorrar, algo que “desde luego” no va a poder hacer la gran mayoría de la población, por lo que insiste en que ha de ser el sistema público el que se garantice.

Desde las filas de UGT, el secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas, Tomás Yago, ha denunciado que, a pesar de que se ha ido recuperando el PIB, han ido mejorando los beneficios y las empresas van sacando adelante la economía, siguen “machacando” a los trabajadores con puestos precarios y bajas cotizaciones y, en consecuencia, también a los pensionistas.

Ha tachado de “miserable” la subida del 0,25 por ciento que marcó la reforma de 2013 y ha criticado que el Gobierno de España siga insistiendo en “la mierda de subida del 0,25”, que es una “injusticia manifiesta” para el conjunto de los pensionistas.

Yago ha reclamado que todos los gastos de gestión de la Seguridad Social no corran a su cargo, ya que es una “auténtica barbaridad” de cara a la sostenibilidad del sistema.

Mantener el Estado del bienestar

Del mismo modo, ha coincidido con su compañero de CCOO en que el Ejecutivo estatal está planteando favorecer de nuevo a un sistema financiero al que ya ha rescatado con 60.000 millones del conjunto de la ciudadanía, lo que repercute “muy en negativo” en la equidad, igualdad y reparto del actual sistema público de pensiones.

Lo mismo ha hecho a la hora de defender que se haga uso si es necesario de los Presupuestos Generales del Estado para mantener el Estado del bienestar.

Por último, ha alertado de la “sangrante” brecha de género que se da entre los pensionistas.

La DGA vuelve a reforzar servicios sociales, pero Podemos le recrimina la escasa dotación para el IAM

La apuesta del Gobierno de Aragón por garantizar el derecho ciudadano a una vida digna se vuelve a reforzar en 2018 y el presupuesto del departamento de Derechos Sociales aumenta de nuevo: un 6,9 % con respecto a 2017. Se incrementan todas las partidas de la consejería y sus organismos dependientes, que en un futuro inmediato tendrán su sede en el edificio de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar, para cuyas obras de acondicionamiento se destinan dos millones de euros. Pese al refuerzo presupuestario, los grupos de oposición, en especial Podemos, han sido muy críticos respecto a la dotación para el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), que sólo crece un 0,92%.

El Departamento de Derechos Sociales y Ciudadanía contará en 2018 con un presupuesto de 415,163 millones de euros, el de mayor volumen de toda la historia del Gobierno de Aragón. Así lo ha asegurado la consejera del ramo, María Victoria Broto, durante su comparecencia en las Cortes para explicar los detalles de las cuentas de su departamento para este año.

Éstas, ha dicho, responden al objetivo del Gobierno de apostar por los derechos subjetivos y acabar así con las desigualdades frente a las “políticas neoliberales” que consideraban que el gasto social era “prescindible” y que lo fundamental era cumplir con la estabilidad presupuestaria, lo que se ha demostrado que “no es cierto”.

Creación de empleo

Pero además de garantizar derechos, el presupuesto de su consejería supone también inversiones y reactivación de la economía a través de la creación de empleo, como demuestran los 6.180 puestos de trabajo vinculados a la prestación de servicios sociales.

Broto ha detallado que durante esta legislatura el presupuesto de su departamento ha crecido un 30 % y que los de este año son “continuistas” en la intención de seguir construyendo un edificio que estaba “desmantelado”.

De los 415,1 millones, la mayor parte se la lleva el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), con 389,6 millones (un 6,4 % más), mientras que el presupuesto del departamento en sí es de 15,21; el del Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) asciende a 6,4 (un 11 % más) y el del Instituto de la Mujer (IAM) a 3,9 millones (foto superior).

Dentro de la partida del IASS, 137 millones se destinan a prestaciones directas para la dependencia (13,8 para ayuda a domicilio, 75 para prestaciones económicas y 48 para plazas residenciales) y un millón a sufragar parte de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales.

La partida para menores es de 32 millones, con un mínimo incremento de 2.000 euros, algo que han criticado algunas portavoces porque no permitirá hacer las modificaciones anunciadas en el modelo de acogida.

Los grupos de la oposición han hecho hincapié en el mínimo incremento de las partidas para el IAM, que solo crece un 0,92 % a pesar de implementar políticas, según ha recordado Patricia Luquin (IU) que afectan a la mitad de la población, que aún sufre una “seria” discriminación.

Para Elena Allué (PAR) esta dotación es “decepcionante” cuando el número de denuncias por violencia machista crece un 25 %, mientras que Amparo Bella (Podemos) ha dicho sentir “vergüenza” con esta partida. A este respecto, fuentes socialistas precisaron que Podemos no planteó incrementar la dotación del IAM en la negociación previa del presupuesto.

En su defensa, Broto ha replicado que durante toda la legislatura del Gobierno PSOE-CHA el presupuesto del IAM ha crecido un 23 por ciento, lo que según la socialista Pilimar Zamora supone haber recuperado el millón de euros recortado por el anterior ejecutivo PP-PAR.

Broto y Zamora han puesto en duda, por su parte, la actitud del Gobierno de España al respecto, ya que no es previsible, según la diputada, que lleguen en breve las partidas comprometidas en el Pacto de Estado contra la Violencia (200 millones para toda España). La consejera ha recordado a este respecto que el 80 % de lo que se invierte en Aragón en esta materia procede de recursos propios.

El IAI y la Renta Social Básica

Por otro lado, Broto ha explicado que la dotación para el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) crece un 10 % hasta los 52 millones de euros, pero Allué ha considerado que esta cifra es ficticia teniendo en cuenta las modificaciones presupuestarias que hubo que hacer el año pasado para alcanzar a todas las necesidades al respecto.

La portavoz del PAR y la popular, además, han censurado a la consejera que no se haya referido en ningún momento a la Renta Social Básica, que era el “proyecto estrella” del Gobierno en materia de emergencia social, según han dicho ambas.

Broto ha explicado, por otro lado, que el área de Participación Ciudadana incrementa su dotación en un 14 % hasta 1,3 millones; la dirección general de Consumidores y Usuarios dispondrá de 2,6 millones, y la de Igualdad y Familias de 3,08 millones, con proyectos como una oficina contra la discriminación, el impulso a la mediación familiar o un plan de gestión de la diversidad cultural.

El IAJ contará con 6,39 millones para profundizar en proyectos recuperados en los años anteriores, como el incremento del uso de la red de albergues o un estudio para impulsar la coordinación departamental del plan de retorno joven.

La nueva sede del departamento, en plaza del Pilar

Broto se ha mostrado especialmente orgullosa del incremento del 33 % en la ayuda a la cooperación, que alcanza 1,41 millones de euros y ha hecho referencia al proyecto inversor para acondicionar el edificio de los juzgados de la plaza del Pilar de Zaragoza como sede del departamento.

La diputada de Ciudadanos Desirée Pescador ha instado a la consejera a “apostar” por la calidad de los servicios y ha lamentado que se “trasladen” a la iniciativa privada sin el necesario control.

Y Amparo Bella, de Podemos, cuyo grupo apoyará la toma en consideración de las cuentas gracias a un acuerdo alcanzado con el PSOE, ha dicho que su grupo no comparte el modelo de servicios sociales del Gobierno, pero ha reconocido que se ha recuperado, con su gestión, el 20 % que recortó en ellos el Gobierno del PP, a pesar de lo cual queda “un largo camino” para acabar con la pobreza o para lograr una igualdad real.