Tribunal Supremo

El Supremo rechaza 2 recursos del Ayuntamiento y confirma la deuda municipal de 50 millones con FCC

El Tribunal Supremo ha inadmitido por “falta de fundamentación suficiente” dos recursos presentados por el Ayuntamiento de Zaragoza contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que obligaban al consistorio a revisar los precios del contrato de limpieza con FCC y confirmarían una deuda de 50 millones.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, mediante dos providencias de 28 de marzo de 2019, inadmite sendos recursos interpuestos por el Ayuntamiento, por lo que se confirman las sentencias del 25 de junio de 2018 dictadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA que le obligan a revisar la mano de obra del contrato de limpieza viaria y recogida desde el año 2009 hasta la actualidad.

Según ha informado la empresa en un comunicado, las dos providencias del Supremo han sido comunicadas este jueves a las partes y se sitúan en la misma línea de la providencia dictada por el mismo órgano a mediados de marzo.

Se confirmaría así, según FCC, una deuda del Ayuntamiento con la empresa superior a los 50 millones de euros al aplicar la regularización anual pertinente entre los años 2009 y 2018, así como la correspondiente a 2019.

FCC añade que el impago de esta deuda genera unos intereses diarios de cerca de 3.000 euros y confía “en la responsabilidad de todos” para buscar una solución ante esta situación.

PP, PSOE y Cs fuerzan el recurso a la sentencia de Torre Village y dan un balón de oxígeno a los promotores

PP, PSOE y Cs han forzado con sus votos en el Pleno de este lunes 25 de marzo que el Ayuntamiento de Zaragoza recurra ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) por la que se anula el Plan Especial municipal que permite la construcción del centro comercial Torre Village. La decisión de derecha y socialistas supone un balón de oxígeno para los promotores del outlet, que podrán seguir con las obras al menos hasta que el Supremo decida sobre la admisión del recurso municipal. Los mismos grupos han aprobado también un voto particular del PSOE para modificar el Plan de Ordenación Urbana (PGOU) de forma que encajen los usos comerciales previstos en el área de Torre Village.

Mientras los defensores del recurso alegaban que debe presentarse para defender los intereses municipales porque la sentencia del TSJA no es firme, sus detractores, ZeC y CHA, alertaban de  un hecho incuestionable y es que la decisión da pie a los promotores a continuar con el desarrollo del proyecto pese a que éste se desarrolle en base a una decisión municipal (auspiciada también por PP, PSOE y Cs) que ha sido declarada ilegal por el TSJA, lo cual entraña el peligro de que cuando el Supremo se pronuncie ya esté prácticamente hecho el centro comercial y éste deba ser admitido por la vía de los hechos.

El portavoz de ZeC, Pablo Muñoz, ha asegurado al respecto que derecha y PSOE lo que pretenden es “que sea imposible aplicar la sentencia del TSJA por la fuerza de los hechos, porque el centro esté ya construido, como ocurrió con el hipermercado de la plaza Utrillas, que no se pueda pensar siquiera en pagar indemnizaciones a los promotores porque las tiendas ya estén en funcionamiento” (en la imagen superior facilitada por Torre Village, estado de las obras del centro comercial).

Informe del letrado

Tanto Muñoz como Asensio (CHA) han insistido además en que no tenía sentido plantear el recurso de casación ante el Supremo porque habitualmente el tribunal rechaza solicitudes de este tipo en casos de litigios urbanísticos juzgados por los tribunales superiores, como ha señalado el letrado municipal en su informe sobre la sentencia de Torre Village.

En ese informe del responsable jurídico municipal también se indica que si continúan las obras se producirá un importante perjuicio patrimonial para el Ayuntamiento porque en caso de que se rechace el recurso o el Supremo avale la sentencia del TSJA, si el Consistorio quiere aplicarla debería afrontar costosas indemnizaciones por paralizar un centro ya construido y quizá en funcionamiento.

Pese a las advertencias del letrado municipal, PP, PSOE y Cs han persistido en recurrir la sentencia del TSJA, como ya hicieran en la gerencia de Urbanismo celebrada hace escasos días.

La decisión de recurrir la sentencia contra el Plan Especial municipal impulsado por los citados grupos que permitía la construcción del centro comercial de Torre Village supone que la sentencia del TSJA dejará de tener efectos jurídicos hasta que se resuelva el citado recurso y por tanto se paralizan las decisiones ya adoptadas por el gobierno municipal de ZeC de suspender las licencias de obras en los terrenos de la antigua Pikolin, puesto que dicha suspensión se adoptaba en base a la sentencia del TSJA.

Por tanto, los promotores seguirán solicitando licencias y ejecutando obra hasta la resolución definitiva del Supremo, ya que sus peticiones se ampararán en el Plan Especial municipal que permite el desarrollo del proyecto, que sigue vigente al recurrirse la sentencia en su contra.

El expediente, votado por PP, PSOE y Ciudadanos frente a la posición contraria de ZeC y CHA, al igual que en la Comisión de Urbanismo del miércoles pasado, incluye también un voto particular del Grupo Socialista para modificar el PGOU para que quepan los usos comerciales en los terrenos donde se ubicaba la antigua fábrica de Pikolín, en la carretera de Logroño

Cubero solo reconoce 180.000 € de revisión de precios en Limpieza, frente a los 50 millones que dice FCC

Este lunes, FCC anunció que el Tribunal Supremo había inadmitido a trámite el recurso del gobierno municipal contra una sentencia que avalaba las revisiones de precios por el servicio de Limpieza de 2009. FCC calcula que, si el Tribunal sigue el mismo criterio con las otras dos sentencias recurridas, el Ayuntamiento deberá abonar unos 50 millones de euros. Sin embargo, el consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, insiste en que la sentencia de ayer sólo afecta a 180.000 euros.

Cubero ha recordado que en 2015 hubo una sentencia firme con un tema similar de revisión de precios y mano de obra de la contrata del autobús urbano. En esta sentencia se dio la razón al Consistorio defendiendo que la mano de obra no se debía de incluir en la revisión de precios.

Pero además, hubo otra sentencia del TSJA en la que se decía lo contrario, que en el caso de FCC “sí debería incluirse la mano de obra en la revisión de precios”.

De esta forma, el consejero ha explicado que, ante dos sentencias contradictorias, el Ayuntamiento, con informes de la Asesoría Jurídica, decidió recurrir al Tribunal Supremo y ahora el Supremo ha dado la razón a la sentencia del TSJA y no a la sentencia firme en el conflicto de Auzsa.

El litigio continúa

Cubero ha dejado claro que de lo que se trata ahora es de un litigio de 180.000 euros por unos meses de 2009. “Parece FCC interpreta que todas las revisiones de precios desde el 1 de enero de 2010 hasta hoy, el Supremo les dará la razón y el Ayuntamiento deberá abonar en las cantidades más favorables, y eso es lo que daría los 50 millones de euros”, ha añadido el concejal.

“El Supremo lo que ha hecho es no admitir a trámite un recurso de casación donde estaba en cuestión 180.000 euros de revisión de precios, pero las revisiones de precios de 1 de enero de 2010 hasta la actualidad están todavía en litigio”, ha resaltado Cubero, quien ha aseverado que seguirán peleando “porque creemos que ante sentencias contradictorias el Supremo debería de pronunciarse”

Aún así, Cubero ha insistido en que como Ayuntamiento no tienen estimación de cuál sería la cuantía más desfavorable para las arcas municipales. “Ahora habría que calcular cómo han sido las revisiones salariales de los trabajadores desde 2010 hasta hoy y aun así no son 50 millones de euros”, ha destacado.

Aragón Press / C.O.S.

La empresa de Torre Village recurrirá al Supremo y continuará con las obras del centro comercial

La empresa promotora del proyecto de Torre Village, Grupo Iberebro, ha confirmado que recurrirá ante el Tribunal Supremo (TS) la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anula de pleno derecho el plan especial de este ‘outlet’ en los terrenos de la antigua fábrica de colchones Pikolín. El plazo para presentar el recurso de casación es de un mes y mientras tanto el parque comercial continúa con las obras, ya que esta sentencia es provisional, han precisado desde la promotora.

Torre Village cuenta con un 70 por ciento de los trabajos de edificación completados, todos ellos “amparados” en las preceptivas licencias de obra otorgadas por el Ayuntamiento de Zaragoza, asegura la empresa.

Por su parte, la zona ‘outlet’ del complejo comercial posee licencias de actividad, concedidas por la misma administración local. Además el porcentaje de comercialización del proyecto se sitúa por encima del 60 por ciento.

Outlet a cambio de que Pikolin continuara en Zaragoza

El acuerdo entre el Ayuntamiento de Zaragoza y Grupo Iberebro se retrotrae a 2008 cuando, a través de un convenio firmado por ambas partes, se comprometían a cumplir distintos aspectos.

Entre ellos el Ayuntamiento contraía la responsabilidad de tramitar, gestionar y ejecutar el planeamiento preciso para la transformación de usos de los terrenos de la antigua fábrica de Pikolin con miras a la futura implantación de una superficie comercial, explica Iberebro, empresa propiedad de la familia Solans, dueña a su vez de Pikolin (en la foto superior, Alfonso Solans, máximo accionista de ambas firmas, en el acto de colocación de la primera piedra de Torre Village, en presencia de la consejera de Economía de la DGA, Marta Gastón).

Por su parte, Grupo Iberebro garantizaba la continuidad de la fábrica de Pikolin dentro del término de Zaragoza, asegurando el mantenimiento de la totalidad de los puestos de trabajo en la misma.

Bajo este acuerdo marco y “habiendo respetado todas y cada una de las exigencias preceptivas” de la Administración, Grupo Iberebro puso en marcha una iniciativa empresarial con una inversión de más de 100 millones de euros, que contemplaba la implantación de la nueva fábrica de Pikolin en el parque logístico empresarial Plaza (año 2017) y el desarrollo del complejo comercial TorreVillage, que, según la empresa, generará 1.000 empleos directos y 8.000 indirectos.

La apertura del proyecto comercial está prevista para otoño de este año, coincidiendo con las Fiestas del Pilar, aunque la sentencia del TSJA deja las previsiones en el aire.

Un macro complejo comercial

Torre Village es un complejo comercial y de ocio del Grupo Iberebro, que ocupará una superficie bruta alquilable de 73.800 metros cuadrados, de los que 18.600 estarán destinados a tiendas de moda con descuento, 11.200 metros cuadrados a ocio y restauración y 44.000 metros cuadrados a una zona comercial anexa.

Ubicado en Zaragoza, el centro comercial, que contará con un total de 120 operadores, ha supuesto una inversión de 200 millones y generará más de 1.000 empleos directos.

El proyecto nace para un cliente consumidor de tiendas on line y de villages de otras comunidades autónomas. Con un área de influencia que abarca Aragón, País Vasco, La Rioja, Navarra, Soria, Lérida y el sur de Francia.

Nulo de pleno derecho el plan especial

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha dictado sentencia en el caso de los terrenos de la antigua fábrica de colchones de Pikolín.

En ella, declara nulo de pleno derecho el Plan Especial del Área de Intervención aprobado por el Ayuntamiento de Zaragoza para la construcción del complejo comercial Torre Village.

El Tribunal, estimando el recurso presentado, declara la nulidad del Plan Especial del Área por vulneración del principio de jerarquía normativa y por infracción de instrumento de planeamiento de rango superior, al ir más allá de lo que el Plan General de Ordenación Urbana establece, introducir usos no contemplados, y por convertir en dominante un uso no contemplado como tal en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Las agresiones mutuas entre parejas suponen violencia machista del hombre contra la mujer

El Pleno del Tribunal Supremo (TS) ha dictado que es violencia de género toda aquella que se ejerce contra una mujer en el ámbito de la pareja o expareja, aunque sea una agresión mutua e, incluso, haya sido ella la que ha iniciado la pelea física.

En el fallo, el TS ha recalcado también que los actos de violencia que ejerce el hombre sobre la mujer en una relación afectiva de pareja constituyen “actos de poder y superioridad con independencia de cuál sea la motivación o la intencionalidad” y constituyen un delito de violencia de género.

Así, el Supremo ha revocado una sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza que, tras una agresión mutua, absolvió a una pareja del delito de maltrato, y ha considerado que “no es preciso acreditar una específica intención machista debido a que cuando el hombre agrede a la mujer ya es por sí mismo un acto de violencia de género con connotaciones de poder y machismo”.

Discusión

Los hechos sucedieron en 2017, cuando una pareja inició una discusión sobre el momento en el que debían irse a casa.

Durante la discusión “se agredieron recíprocamente, de manera que la encausada le propinó a él un puñetazo en el rostro y él le dio un tortazo con la mano abierta en la cara, recibiendo él una patada propinada por ella, sin que conste la producción de lesiones. Ninguno de los dos denuncia al otro”.

La Audiencia de Zaragoza confirmó la sentencia de absolución de la pareja de un juzgado de lo penal “al no quedar acreditada la intención de dominación o machismo del hombre a la mujer”.

Pero el Ministerio Fiscal recurrió dicha absolución ante el TS al apreciar delitos de maltrato (en la imagen superior, concentración este martes 8 de enero en la plaza España contra la violencia machista).

Ahora, el Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Magro, ha recordado que “cualquier agresión de un hombre a una mujer en la relación de pareja o ex pareja es hecho constitutivo de violencia de género”.

Y que “no existe base ni argumento legal para degradar a un delito leve una agresión mutua entre hombre y mujer que sean pareja o ex pareja, ya que no es preciso acreditar una específica intención machista debido a que cuando el hombre agrede a la mujer ya es por sí mismo un acto de violencia de género con connotaciones de poder y machismo”.

Violencia de género y violencia familiar

Probada la agresión, “el hecho es constitutivo de violencia de género y, si hay agresión mutua, como en este caso, ambos deben ser condenados, por violencia de género el hombre y familiar la mujer”, han sentenciado los magistrados.

Al hombre se le ha impuesto la pena de 6 meses de prisión con orden de alejamiento y sus accesorias y a la mujer a una de 3 meses con iguales accesorias y alejamiento.

La sentencia ha incluido el voto particular de cuatro de los 14 magistrados, los de Miguel Colmenero, Alberto Jorge Barreiro, Juan Ramón Berdugo y Carmen Lamela.

Los cuatro rechazan que se condene por violencia de género al hombre y creen que ambos debieron ser condenados como autores de un delito de lesiones, y ante la escasa gravedad de los hechos, serles aplicada la pena inferior en grado.

Han argumentado que los hechos probados no permiten entender que la agresión del varón a la mujer se produjo en el marco de una relación de “dominación, humillación o subordinación”.

“Las agresiones mutuas tuvieron lugar en un nivel de igualdad, en el que dos seres humanos, con independencia de los roles personales y sociales que cada uno pueda atribuir al otro, se enfrentan hasta llegar a la agresión física, teniendo como base una discrepancia sobre un aspecto intrascendente de su vida”, continúa diciendo el voto particular.

“Cuestión discutible”

Dicha discrepancia “pudiera haberse producido y tratado entre cualesquiera otras dos personas, sin implicar superioridad inicial de ninguna sobre la otra”, añaden.

Estos magistrados, no obstante, han reconocido que la materia tratada es “una cuestión discutible” en la que en el propio Supremo y otros tribunales han mantenido dos tendencias jurisprudenciales distintas, la de la sentencia mayoritaria y la del voto.

Pero creen que se ha perdido una oportunidad “de interpretar y aplicar la protección a la mujer contra la violencia de género, cuya conveniencia no parece ser discutida, dentro de sus auténticos límites”.

Han considerado también que se debe evitar “extender el trato desigual al varón y a la mujer (…) de una forma excesiva y mecánica o automática a todos los casos en los que, en el ámbito de las relaciones de pareja, actuales o pasadas, el varón maltrate de obra a la mujer”.

Ayuntamiento pagará diez millones al Tiro de Pichón

El Ayuntamiento de Zaragoza cumplirá la sentencia del Tribunal Supremo por la cual debe pagar a la Sociedad Deportiva Tiro de Pichón unos 10 millones de euros por la expropiación de unos terrenos para la Expo en 2007.

Una decisión que ha sido anunciada en rueda de prensa este jueves 27 de diciembre por el portavoz del Gobierno de Zaragoza en Común, Fernando Rivarés, quien ha manifestado que, a pesar de cumplir con la sentencia, no van a “cejar en su empeño” de demostrar que esos 11.799 metros cuadrados de suelo expropiados son inundables.

“No vamos a cejar hasta que se reconozca que ese suelo es inundable y dominio público, y no propiedad privada, y que esa expropiación del 2007 estaba muy mal hecha”, ha especificado Rivarés.

De esta forma, el consistorio cumplirá la última sentencia del Tribunal Supremo sobre este caso, que desestimó el recurso de revisión presentado por el Ayuntamiento.

Dos plazos

Según ha anunciado el portavoz del Gobierno zaragozano y consejero de Economía, tras diversas reuniones mantenidas con representantes de la sociedad deportiva, se ha llegado a un acuerdo para abonar la cantidad fijada por la Justicia (7,3 millones) en dos plazos: 4,1 millones de euros antes de que concluya este año y 3,2 millones en el primer semestre de 2019.

En cuanto a los intereses de demora, se han acordado casi 2,7 millones de euros, cifra que representa 700.000 euros menos de lo que se había calculado en un principio, con la renuncia de la entidad expropiada al resto de los intereses legales y la indemnización por daños y perjuicios derivada del tardío pago de dichos intereses.

En la sesión de este jueves, el Gobierno ha aprobado también que si finalmente se probara que los terrenos expropiados formaran parte integrante de dominio público y, por lo tanto, fuesen inalienables, estos compromisos de pago quedarán sin efecto y la sociedad deportiva deberá devolver el dinero.

“Pagamos, primero, porque es obligatorio cumplir las sentencias, aunque no la compartamos, y, segundo, porque no queremos dejar ningún pufo”, ha concluido el consejero municipal de Economía, quien ha aclarado que este dinero se obtendrá del fondo de contingencia e imprevistos del Consistorio.

El Supremo rechaza el recurso de ZeC y el pabellón mantendrá el nombre de Príncipe Felipe

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el recurso de casación presentado por Zaragoza en Común (ZeC) contra la anulación de su propuesta para cambiar el nombre del Pabellón Príncipe Felipe, por lo que las instalaciones conservarán su nombre.

Así consta en la providencia del alto tribunal a la que ha accedido Efe y que emitió el pasado 22 de noviembre en respuesta a este recurso de ZeC, que fue su reacción a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en la que, a su vez, confirmaba una decisión anterior de la justicia de lo contencioso-administrativo.

A esta instancia fue el grupo del PP en el Ayuntamiento para dejar sin efecto la propuesta de cambio de nombre del Príncipe Felipe, que el equipo de gobierno actual, cuyo alcalde es Pedro Santisteve, quería llamar “Pabellón José Luis Abós”, en memoria del fallecido entrenador zaragozano de baloncesto.

ZeC expresó su disconformidad con la sentencia, así que elevó un recurso al Tribunal Supremo, pero la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo, presidida por el magistrado Luis María Díez Picazo, ha dado la razón a los anteriores pronunciamientos de la Justicia.

El cambio de nombre corresponde al pleno

La representación legal del consistorio zaragozano consideró entonces que la sentencia del TSJA infringía distintos preceptos legales que atribuyen al alcalde la potestad de cambiar nombres de calles, plazas o edificios públicos, como es el caso del Pabellón.

En suma, que ZeC entiende que la facultad para cambiar nombres de una instalación pública como el Príncipe Felipe corresponde al gobierno municipal, no al pleno. La justicia ha argumentado lo contrario: resumidamente, que al pleno corresponde dejar sin efecto lo que dicte antes el pleno.

La sala de lo contencioso-administrativo del Supremo no ha admitido a trámite el recurso por “carencia” en el mismo de “interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia”, es decir, porque no lo ve justificado. Asimismo, impone las costas procesales a la parte recurrente, esto es el Ayuntamiento, y las eleva a 1.000 euros.

El hipotético cambio de nombre del Príncipe Felipe también dio lugar a un conflicto político en el Ayuntamiento de Zaragoza entre ZeC y el PP, hasta el punto de que el concejal de Vivienda y Deportes, Pablo Híjar, instó al portavoz de los populares, Jorge Azcón, a que pintara él mismo el nombre “Príncipe Felipe” en el Pabellón, tapado actualmente con pintura en su fachada principal (foto superior).

A la oferta de Híjar respondió Azcón diciendo que estaba dispuesto, y más tras la sentencia del TSJA de aquel momento.

El Tribunal Supremo avala la reducción de Religión a 45 minutos en enseñanza Infantil y Primaria

El Tribunal Supremo ha decidido no admitir a trámite el recurso presentado por los obispos contra la resolución del Gobierno de Aragón de reducir en una clase (45 minutos) la asignatura de Religión en Infantil y Primaria, con lo que el próximo curso 90.000 alumnos tendrán sólo una clase semanal de esta disciplina, o de la que le sustituye, frente a las dos actuales.

La consejera de Educación y Cultura, Mayte Pérez, ha comparecido ante los medios de comunicación para explicar el auto, que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) les ha remitido este miércoles 30 de octubre, y en el que se hace firme la sentencia emitida por el propio TSJA en julio de 2017 que permitía reducir de 90 a 45 minutos esta asignatura en Infantil y Primaria.

La medida, no obstante, no podrá ser efectiva este curso 2018-2019 por razones organizativas, dado que los centros ya han consolidado los horarios y cupos y se generaría un gran perjuicio.

De este modo, según Pérez, los centros podrán, el próximo curso, destinar esos 45 minutos a otras materias, como inglés, música, educación artística o física u otros refuerzos, en función de las características de cada colegio.

Facilidades para aplicar la medida

La sentencia es para la consejería una “grandísima noticia”, que podría haber llegado antes y de esta forma habría podido implantarse ya la medida en este curso.

No obstante, si algún centro muestra su intención de aplicarla ya, el departamento está abierto a estudiar las posibilidades.

El Departamento de Educación tomó esta decisión en el año 2016, cuando modificó el currículo para impartir únicamente 45 minutos en Religión.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón avaló esta decisión en julio de 2017, pero mantuvo las cautelares que ya había dictado en 2016 hasta que el obispado y los docentes de Religión, que se habían opuesto a esta medida, prepararan su recurso ante el Tribunal Supremo contra esta sentencia que daba la razón a la consejería de Educación.

El TSJA paraliza el pago de 9 millones por parte del Ayuntamiento al Tiro Pichón

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha dictado un auto en el que ordena paralizar la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que condena al Ayuntamiento de Zaragoza a pagar al Tiró de Pichón nueve millones de euros por unas expropiaciones de terrenos hasta que se dirima en la sala de lo Contencioso-Administrativo si lo suelos son de dominio público y, por tanto, no expropiables.

Con este auto del TSJA, se da la razón al Ayuntamiento de Zaragoza para iniciar la revisión del proceso expropiatorio de los terrenos del Tiro Pichón, que deberá contar con un informe preceptivo del Consejo Consultivo de Aragón.

El Gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) tras conocer el auto del TSJA ha considerado que “hay argumentos jurídicos para revisar la expropiación de estos terrenos de dominio público hidráulico y comprobar si el expediente inicial fue nulo respeto a la expropiación”, ha señalado el consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés.

Hasta que dicho expediente no se concluya, se suspende cautelarmente la ejecución de la sentencia del Supremo y por tanto el pago de los nueve millones de euros al club, ubicado próximo a la ribera del Ebro, el barrio de La Almozara.

Una “gran noticia”

“Ahora esta sentencia dice que no hay que pagar porque está por demostrar que los suelos expropiados sean propiedad privada del Tiro de Pichón. Existe la posibilidad, más que clara, como dice un documento de la CHE que alegó el Ayuntamiento, que ya eran suelos públicos municipales y no eran expropiables. Por tanto no hay que pagar al Tiro Pichón lo que no es suyo”, ha resumido Rivarés.

A su parecer, se trata de una “gran noticia que avala la posición del Gobierno municipal y deja en ridículo a algún grupo municipal”, ha agregado.

Un tortuoso proceso

El Pleno municipal aprobó hace tres meses iniciar una revisión del proceso de expropiación de esos suelos, proceso que se enmarcó en el plan de Recuperación de Riberas con motivo de la Expo, hace once años, y que afecta concretamente al tramo conocido como Fachada del barrio de La Almozara en la orilla del Ebro.

Durante la tramitación del expediente, el año 2007, se obvió que parte de los terrenos era dominio público hidráulico, de la CHE, y nunca se tuvo en consideración esa información trascendental.

Una omisión, que de no haberse producido, habría evitado la fijación del pago de una indemnización multimillonaria. El Ayuntamiento de Zaragoza pide al Tribunal Supremo la revisión de la sentencia en 2017, pero el máximo tribunal no entra en el fondo de la cuestión para resolver el conflicto y mantiene el fallo inicial.

Entonces el Ayuntamiento de Zaragoza acuerda iniciar un expediente de revisión de procedimiento expropiatorio por entender que un bien de dominio público es inalienable y no susceptible de expropiación.

El acuerdo sale adelante con el voto en contra del Partido Popular. Dicho acuerdo plenario, se recurre por los propietarios del Tiro de Pichón y ahora el TSJA ha dicho que el Ayuntamiento de Zaragoza es competente para continuar con dicha revisión.

El Supremo anula la condena de 17 años a la exalcaldesa de La Muela y ordena repetir el juicio

El Supremo ha anulado la condena de 17 años de prisión a la exalcaldesa de La Muela (Zaragoza) María Victoria Pinilla y ha ordenado repetir el juicio del mayor caso de corrupción urbanística en Aragón, al considerar que se vulneró su derecho de defensa al no aceptarse la renuncia de su abogado en la vista oral.

En la resolución, la Sala II del alto tribunal acuerda la nulidad parcial de la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de 23 de septiembre de 2016, que condenó a Pinilla y otras 28 personas por varias operaciones urbanísticas y adjudicaciones irregulares en este municipio entre finales de los 90 y 2009.

El alto tribunal toma esta decisión al considerar que se ha conculcado el derecho de defensa efectiva de la exalcaldesa -condenada a 17 años de prisión y al pago de 9,9 millones de euros- durante el juicio, al no aceptarse, de forma injustificada, la renuncia de su abogado defensor.

La sentencia se anula con relación a Pinilla Bielsa -que llegó a la alcaldía en 1987 por el CDS y se mantuvo, ya como candidata del PAR, hasta 2011- y a otros 6 acusados, por lo que la Audiencia deberá ahora juzgarles de nuevo, pero solo los delitos por los que fueron condenados y no por aquellos por los que fueron absueltos.

Condenas confirmadas

Sin embargo, no se anulan las condenas de los 15 acusados que alcanzaron acuerdo de conformidad, entre ellos Carmelo Aured Pinilla, exalcalde de La Muela y considerado intermediario y comisionista, para quien se confirma 9 años y 9 meses de cárcel.

Y también el exmarido de Victoria Pinilla, Juan Antonio Embarba Laborda (3 años); el exconcejal de Obras Juan Carlos Rodrigo Vela (5 años); el constructor Julián de Miguel Ortega (6 años y 10 meses); varios hijos de la exalcaldesa y su hermana María Dolores.

Además, el Supremo absuelve a José Miguel Mosteo, modifica la penas del constructor Ignacio Unsain y de Antonio Francisco Núñez, al tiempo que confirma diferentes condenas a otros cinco acusados.

La Sala entiende que la Audiencia de Zaragoza no justificó la no aceptación durante varios días de la renuncia presentada por el abogado defensor de Pinilla Bielsa, lo que privó a ésta de defensa efectiva en la práctica.

En este sentido, el Supremo afirma que “el tan contumaz como injustificado rechazo” por el tribunal a aceptar la sustitución de letrado de la exalcaldesa “supone una causa de nulidad de actuaciones”.

Línea de defensa

El primer día del juicio -15 de diciembre de 2015- el abogado de la exalcaldesa no planteó ninguna cuestión previa y, posteriormente, el 11 de enero de 2016, comunicó a la Sala su renuncia por diferencias insalvables con su clienta sobre la línea de defensa, debido a que ésta rechazaba el pacto de conformidad que él le proponía (en la foto superior de Europa Press, Pinilla, en el centro, departe con el que en ese momento era todavía su abogado, antes de entrar a la primera sesión del juicio ahora anulado por el Supremo).

Pero el tribunal rechazó la renuncia por considerar que implicaba abuso y fraude de derecho, y el abogado permaneció en estrados sin realizar ningún asesoramiento o defensa de la exalcaldesa.

Cuando llegó su turno para declarar, la acusada dijo que deseaba hacerlo cuando tuviera un letrado que ejercitara su defensa y llegó a pedir que se pospusiera su declaración para el final.

Ante las preguntas del tribunal para que dijera si declara o no, la exalcaldesa afirmó que no declaraba por sentirse indefensa, lo que provocó que tanto el fiscal como el abogado del Estado advirtieran al tribunal de que la acusada se encontraba en una situación de indefensión.

Abogado de oficio

Tras reconsiderar su decisión, la Sala aceptó veinte días después que se le designara un abogado de oficio para defenderla, aunque anunció que no se suspenderían las sesiones, por lo que cuando al día siguiente intervino por primera vez este letrado, lo hizo sin poder entrevistarse con su defendida.

La Sala concluye que lo que era inequívoco en el momento del comienzo de las sesiones “era la total pérdida de confianza de la acusada en su letrado” y lo que era “aventurado es atribuir sin más tal situación a una estrategia de letrado y defendida sin otra finalidad que el retraso del enjuiciamiento”.

Por todo ello, ordena repetir la vista a Pinilla Bielsa y, por considerarse inescindible el nuevo enjuiciamiento, a Antonio Fando, representante de la empresa a la que el Ayuntamiento de La Muela adjudicó el servicio de abastecimiento de aguas en 2007 y Francisco Aramburu, apoderado de una constructora.

El resto son Julio y David de Miguel Santander, copropietarios de una inmobiliaria; el exconcejal de La Muela Fernando Barba; y Alberto Lozano, director de la sucursal de la entidad Cajalón en La Muela.