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Absueltos los últimos acusados en el caso de corrupción de Plaza

La Audiencia de Zaragoza ha absuelto a los tres únicos acusados que no aceptaron un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción en el caso Plaza, el mayor proceso contra la corrupción instruido en Aragón.

La sentencia, a cuyo fallo ha tenido acceso Efe, absuelve al exviceconsejero socialista Carlos Esco, y a los empresarios Agapito Iglesias y Miguel Ángel Floría de los delitos relacionados con las supuestas irregularidades denunciadas en torno al pago de sobrecostes de hasta 147 millones en Plaza, la plataforma logística de Zaragoza (en la imagen superior, en primer plano Iglesias, junto a él Floría y a continuación Esco, compareciendo ante el tribunal).

Estos tres acusados fueron los únicos de los 25 encausados que no aceptaron un acuerdo de reducción de condena con Anticorrupción y decidieron ir a juicio para hacer frente a presuntos delitos de malversación, administración desleal, tráfico de influencias y cohecho.

Adjudicaciones fraudulentas

Los magistrados consideran probado en su resolución que la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) fue objeto de una sucesiva merma de su patrimonio a través de un plan “urdido” en 2002 por el gerente de esta sociedad, Ricardo García Becerril, y el responsable de la UTE que se adjudicó las obras de urbanización, José María Jordán.

Ambos acusados, los principales artífices del fraude, aceptaron condenas de casi cinco años (Becerril) y de dos años y cinco meses (Jordán) así como el pago de 14,8 millones de euros en concepto de responsabilidad, cantidad ya abonada por la UTE constituida entre Acciona y Mariano López Navarro.

Según el tribunal, ambos propiciaron adjudicaciones fraudulentas a la UTE, sobrefacturación de obras, pagos “en especie” a directivos y facturación falsa con el fin de generar un beneficio ilícito tanto a nivel personal como a los once acusados que aceptaron condenas menores y multas de hasta 67.000 euros tras asumir los cargos.

En sus fundamentos jurídicos, la sentencia se centra en la situación de Carlos Escó, de quien afirma que no sólo no tenía funciones de gestión en la sociedad, sino que su misión era la de actuar como enlace con el consejo de administración, del cual formaba parte en representación del Gobierno aragonés.

Admite el tribunal la existencia de “serias dudas” respecto a las actuaciones delictivas de Escó y de Floría, acusado por fraccionar el pago de una factura con la que le fue abonado un vídeo promocional de Plaza, por lo que descarta la existencia de supuestos delitos de malversación y cohecho.

Falta de pruebas

Los magistrados asumen un informe de la Udef (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de Policía Nacional en el que se habla del “origen desconocido” del patrimonio de Escó, pero argumentan que este dato, por sí solo, “es insuficiente para fundamentar una condena habida cuenta el carácter absoluto del derecho a la presunción de inocencia”.

Destacan que la única decisión de Escó fue la de encargar el vídeo promocional a Floría, pero rechazan que entre ambos se hubieran cometido acciones delictivas de cohecho y de tráfico de influencias.

El tribunal rechaza dar validez a los correos electrónicos incriminatorios remitidos por García Becerril, en concreto uno denominado “miserias”, que atribuye a la enemistad existente entre ambos durante dichas fechas.

Por otra parte, descarta como prueba incriminatoria de delitos de cohecho y falsedad contra el empresario Agapito Iglesias una factura de 58.000 euros por un estudio de asesoría urbanística, y destaca que dicha factura fue comprobada y validada por la Inspección de Hacienda.

Tras citar una sentencia del Constitucional que argumenta que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado, la sentencia subraya que “consecuentemente, si efectivamente se ha aceptado por la administración tributaria, no puede afirmarse que sea falsa”.

Decomiso de bienes

La resolución, además, de la responsabilidad civil establecida, ordena el decomiso de numerosos bienes muebles e inmuebles de García Becerril para hacer frente a distintos gastos irregulares, entre otros, 13.146 euros de un viaje a Brasil.

Además de estas cantidades, en las negociaciones previas la Fiscalía Anticorrupción admitió que los acuerdos previos alcanzados habían sido posibilitados por la decisión de Acciona de pagar 50 millones de euros a las arcas públicas.

El propio fiscal Anticorrupción José Grinda explicó en esos días a los medios de comunicación que el resto del dinero defraudado, un total de 147 millones, se resolvería por un procedimiento civil de arbitraje, al que ya dieron su visto bueno tanto las acusaciones particulares en nombre del Gobierno aragonés y de la sociedad pública Plaza como de la UTE.

Una niña de 8 años, obligada a convivir con su padre maltratador y acusado de abusar de ella

Un niña de 8 años de Zaragoza debe de cumplir con el régimen de visitas establecido por la justicia tras la separación de sus progenitores y convivir con su padre, denunciado por la madre a mediados de 2016 por presuntos abusos sexuales sobre la menor, y además condenado por violencia de género. Tras 7 años conviviendo con este maltratador, la mujer decidió romper la relación y tras un periplo judicial fue condenado por malos tratos, pero no se le han retirado las visitas de la hija.

La larga batalla judicial emprendida por la madre de la niña para evitar la convivencia con el padre siempre ha encontrado una negativa como respuesta en los tribunales a pesar de las pruebas aportadas y de los reiterados ataques de ansiedad y afecciones sufridos por la niña cada vez que debe cumplir con la medida, según ha informado Radio Zaragoza.

Unas afecciones y unas pataletas que, según ha explicado la madre a Efe, han evitado en los últimos siete meses que el padre pueda llevarse a su hija a la salida del colegio porque, añade, “la niña se tira al suelo para resistirse a la entrega y los policías se niegan a entregarla por la fuerza”.

Primera denuncia en julio de 2016

La primera denuncia fue interpuesta en julio de 2016 tras una estancia vacacional de la menor con su padre y relatar esta a su madre que sufría escozores en la zona genital y que tenía problemas para orinar.

En la consulta médica a la que llevó la madre a su hija, la menor contó a la especialista que su padre le había introducido los dedos en su vagina “hasta un hueso”, testimonio que originó la interposición de la denuncia penal.

Esta primera denuncia, confirma la madre, fue archivada tras una exploración hecha por forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) en la que la menor, que tenía entonces 5 años, se desdijo.

Nueva denuncia

La madre volvió a denunciar a su expareja, de la que se separó tras denunciarle por malos tratos, en septiembre de 2017, tras volver a constatar, explica, que su hija era intimidada por su padre para que no hablara de lo ocurrido.

Las numerosas pruebas aportadas desde entonces por su letrado, el abogado Óscar Esp, no han evitado la reciente decisión del titular del órgano instructor del caso de archivar la denuncia a fin de no interferir en la relación paternofilial existente.

Ni las grabaciones hechas a hurtadillas a la niña cada vez que relataba a su madre lo que vivía en casa del padre junto a su nueva pareja y la hija de ambos, ni los testimonios de los trabajadores del punto de encuentro ni los atestados policiales han impedido el archivo de la causa.

Pánico al padre

Entre los informes aportados se encuentra uno elaborado por una psicóloga del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) en el que se asegura, explica la madre, que la niña “tiene pánico” a su padre, pero que “no ha servido de nada al no estar autorizada judicialmente su elaboración”.

Según esta mujer, el padre, que comparte la patria potestad de la niña, se ha opuesto reiteradamente a que su hija sea objeto de revisiones médicas sin su presencia, una situación que ha contado en todo momento con respaldo judicial.

El letrado de la madre, tras varios escritos para instar la práctica de pruebas o pedir la anulación de la medida de custodia compartida, considera necesario ahondar en los motivos por los que la menor se contradijo a sí misma ante los forenses del IMLA para tratar de determinar si la niña actuó así por miedo.

Supuesta manipulación de la niña

Ahora, con 8 años, la menor le contesta a su madre cada vez que se acerca la hora de la entrega a su padre que “por qué tú no le tienes que ver ahora y yo sí”.

Por su parte, desde la asociación Somos Más, de lucha contra la violencia machista, se ha valorado la “lucha” emprendida por la madre para tratar de proteger a su hija.

Fuentes judiciales consultadas por Efe señalan que la defensa del padre de la menor se apoya en la supuesta “manipulación” de la menor en contra suya.

Condena a la Guardia Civil por negar el permiso de paternidad a un agente porque estaba de baja

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Zaragoza ha condenado a la Guardia Civil a indemnizar con 1.680 euros a un agente que se encontraba de baja cuando nació su hijo y que vio rechazada su petición de disfrutar del permiso de paternidad una vez obtenida el alta.

El tribunal estima la demanda interpuesta por el agente contra la resolución denegatoria de abril de 2017 de la Comandancia de la Guardia Civil así como la dictada unos días más tarde por el General de Zona para confirmar la decisión adoptada, informa la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en un comunicado.

El hijo del agente nació el 16 de febrero del año pasado, cuando se encontraba en situación de incapacidad temporal debido a una intervención quirúrgica a la que había sido sometido.

Un día después del nacimiento, el demandante se dirigió a sus mandos para pedir que los 28 días de permiso de paternidad que le correspondían comenzaran a contar una vez obtenida el alta médica, y que finalmente no pudo disfrutar.

Derecho no sujeto a la conveniencia de la administración

La decisión contraria se amparó en una Orden General que regula las vacaciones y permisos para los agentes del Cuerpo, que establece que los permisos de paternidad deben ser correlativos al nacimiento, sin prever la posibilidad de postergarlos por situaciones de incapacidad temporal.

La sentencia establece que el permiso de paternidad “no está sujeto a la conveniencia de la administración, dado que su concesión debe ser automática una vez se constata la contingencia que lo justifica y se cumplen los trámites formales de solicitud”.

“La voluntad del legislador -añade el juez- ha sido incrementar la presencia masculina en las labores de cuidado y atención familiares y fomentar la equiparación entre hombres y mujeres en el reparto de roles, por lo que hace al cuidado de los hijos, posibilitando la implicación activa del padre en la atención personal y emocional de los hijos”.

Admite el tribunal que la Orden General determina que el permiso debe ser correlativo al nacimiento del hijo, pero matiza a renglón seguido que no establece una “prohibición expresa” para que sea de otra manera ni fija un plazo máximo para solicitarlo.

El Supremo anula la condena de 17 años a la exalcaldesa de La Muela y ordena repetir el juicio

El Supremo ha anulado la condena de 17 años de prisión a la exalcaldesa de La Muela (Zaragoza) María Victoria Pinilla y ha ordenado repetir el juicio del mayor caso de corrupción urbanística en Aragón, al considerar que se vulneró su derecho de defensa al no aceptarse la renuncia de su abogado en la vista oral.

En la resolución, la Sala II del alto tribunal acuerda la nulidad parcial de la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de 23 de septiembre de 2016, que condenó a Pinilla y otras 28 personas por varias operaciones urbanísticas y adjudicaciones irregulares en este municipio entre finales de los 90 y 2009.

El alto tribunal toma esta decisión al considerar que se ha conculcado el derecho de defensa efectiva de la exalcaldesa -condenada a 17 años de prisión y al pago de 9,9 millones de euros- durante el juicio, al no aceptarse, de forma injustificada, la renuncia de su abogado defensor.

La sentencia se anula con relación a Pinilla Bielsa -que llegó a la alcaldía en 1987 por el CDS y se mantuvo, ya como candidata del PAR, hasta 2011- y a otros 6 acusados, por lo que la Audiencia deberá ahora juzgarles de nuevo, pero solo los delitos por los que fueron condenados y no por aquellos por los que fueron absueltos.

Condenas confirmadas

Sin embargo, no se anulan las condenas de los 15 acusados que alcanzaron acuerdo de conformidad, entre ellos Carmelo Aured Pinilla, exalcalde de La Muela y considerado intermediario y comisionista, para quien se confirma 9 años y 9 meses de cárcel.

Y también el exmarido de Victoria Pinilla, Juan Antonio Embarba Laborda (3 años); el exconcejal de Obras Juan Carlos Rodrigo Vela (5 años); el constructor Julián de Miguel Ortega (6 años y 10 meses); varios hijos de la exalcaldesa y su hermana María Dolores.

Además, el Supremo absuelve a José Miguel Mosteo, modifica la penas del constructor Ignacio Unsain y de Antonio Francisco Núñez, al tiempo que confirma diferentes condenas a otros cinco acusados.

La Sala entiende que la Audiencia de Zaragoza no justificó la no aceptación durante varios días de la renuncia presentada por el abogado defensor de Pinilla Bielsa, lo que privó a ésta de defensa efectiva en la práctica.

En este sentido, el Supremo afirma que “el tan contumaz como injustificado rechazo” por el tribunal a aceptar la sustitución de letrado de la exalcaldesa “supone una causa de nulidad de actuaciones”.

Línea de defensa

El primer día del juicio -15 de diciembre de 2015- el abogado de la exalcaldesa no planteó ninguna cuestión previa y, posteriormente, el 11 de enero de 2016, comunicó a la Sala su renuncia por diferencias insalvables con su clienta sobre la línea de defensa, debido a que ésta rechazaba el pacto de conformidad que él le proponía (en la foto superior de Europa Press, Pinilla, en el centro, departe con el que en ese momento era todavía su abogado, antes de entrar a la primera sesión del juicio ahora anulado por el Supremo).

Pero el tribunal rechazó la renuncia por considerar que implicaba abuso y fraude de derecho, y el abogado permaneció en estrados sin realizar ningún asesoramiento o defensa de la exalcaldesa.

Cuando llegó su turno para declarar, la acusada dijo que deseaba hacerlo cuando tuviera un letrado que ejercitara su defensa y llegó a pedir que se pospusiera su declaración para el final.

Ante las preguntas del tribunal para que dijera si declara o no, la exalcaldesa afirmó que no declaraba por sentirse indefensa, lo que provocó que tanto el fiscal como el abogado del Estado advirtieran al tribunal de que la acusada se encontraba en una situación de indefensión.

Abogado de oficio

Tras reconsiderar su decisión, la Sala aceptó veinte días después que se le designara un abogado de oficio para defenderla, aunque anunció que no se suspenderían las sesiones, por lo que cuando al día siguiente intervino por primera vez este letrado, lo hizo sin poder entrevistarse con su defendida.

La Sala concluye que lo que era inequívoco en el momento del comienzo de las sesiones “era la total pérdida de confianza de la acusada en su letrado” y lo que era “aventurado es atribuir sin más tal situación a una estrategia de letrado y defendida sin otra finalidad que el retraso del enjuiciamiento”.

Por todo ello, ordena repetir la vista a Pinilla Bielsa y, por considerarse inescindible el nuevo enjuiciamiento, a Antonio Fando, representante de la empresa a la que el Ayuntamiento de La Muela adjudicó el servicio de abastecimiento de aguas en 2007 y Francisco Aramburu, apoderado de una constructora.

El resto son Julio y David de Miguel Santander, copropietarios de una inmobiliaria; el exconcejal de La Muela Fernando Barba; y Alberto Lozano, director de la sucursal de la entidad Cajalón en La Muela.

El Tribunal de Contratos avala las cláusulas sociales en el concurso de Parques y Jardines

El consejero municipal de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Albero Cubero, ha aplaudido el fallo del Tribunal Administrativos de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) sobre las cláusulas sociales de los pliegos de la contrata de parques y jardines porque es “un aval” para los trabajadores y un “varapalo” a la patronal del sector, la Asociación Española de Empresas de Parques y Jardines (ASEJA) que lo recurrió.

En su fallo, el TACPA avala todas y cada una de las cláusulas sociales que introdujo el equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) en los pliegos de condiciones en los que se “garantizan unas condiciones laborales dignas, con un servicio de mayor calidad, se introducen criterios medioambientales en la ejecución del contrato. Impide la minoración de las condiciones laborales, se recoge el plan de igualdad, un bolsa de trabajo, y se multiplican por diez las sanciones mas graves” ha enumerado Cubero.

El Gobierno de Zaragoza ha recibido el fallo del TACPA el pasado miércoles, 28 de marzo, y es la respuesta al recurso presentado por Aseja el pasado 15 de enero al pliego de condiciones de la contrata de parques y jardines aprobada por el Gobierno de la ciudad el 13 de diciembre de 2017, que incluye “cláusulas sociales pioneras en nuestro país, reconocida por observatorios”, ha enfatizado.

Pérdida de tiempo

En rueda de prensa, Cubero ha trasladado su agradecimiento a quienes han redactado los pliegos y también a los trabajadores que se presentaron como interesados en el proceso.

“Estamos enormemente orgullosos del pliego, que supone un varapalo para la patronal, porque su objetivo era precarizar las condiciones laborales de los trabajadores. Hoy los tribunales nos dan la razón a los trabajadores”, ha sentenciado.

Cubero ha lamentado que este proceso ha supuesto “perder” cuatro meses de tramitación y conlleva que se tendrá que volver a sacar a concurso con todas las cláusulas sociales “avaladas” y se adjudicará, previsiblemente a finales de este año frente a la vuelta del verano que era la previsión inicial.

Ha asegurado que ese retraso no supone un coste económico para el Ayuntamiento “más allá de la precariedad por el recurso inútil de la patronal. Asimismo, el plan de poda no se hará hasta que se adjudique el contrato.

Más cláusulas sociales

Cubero ha reconocido que Aseja puede recurrir por la vía judicial ordinaria ante el TSJA este fallo del TACPA, pero ha estimado que “sería una irresponsabilidad supina cuando le han dado este varapalo desde el TACPA y demostraría que la patronal se encuentra mejor en una situación contractual de precariedad y sin cláusulas sociales a cumplir porque su objetivo es solo tener beneficios”, ha criticado.

Por ello, ha apelado a la responsabilidad del sector tras es “varapalo” del TAPCA y que “deje funcionar al servicio de contratación para sacar a concurso el pliego”. Asimismo, ha anunciado que ante las próximas contratas a sacar a concurso estudiarán el decálogo de cláusulas sociales tipo para aplicar a todos los contratos.

El fallo del TACPA y la nueva Ley de contratos del sector público dibujan un escenario en el que las cláusulas sociales son realidad que han venido para quedarse, ha expresado para apostillar que el Gobierno municipal seguirá introduciendo cláusulas sociales dado este nuevo escenario. “No descartamos que se haga un decreto de cláusulas sociales que se podría llamar decreto de parques y jardines”, ha ironizado.

Satisfacción del comité de empresa

El comité de empresa de FCC parques y jardines ha calificado de “histórico” para los trabajadores de las contratas de Zaragoza el fallo del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) que avala jurídicamente las cláusulas sociales y laborales del pliego de esta contrata, que supone un “mazazo” a las “pretensiones de recortes” de la patronal y a las políticas que han venido ejecutando los gobiernos municipales anteriores.

El comité de empresa ha señalado que el TACPA “ha dado la razón” a las alegaciones del comité de empresa y ha considerado que estas cláusulas “se ajustan a derecho”.

El TACPA ha dado el visto bueno a una batería de cláusulas como “la obligación de mantener el empleo y las condiciones laborales, abonar puntualmente los salarios, prohibición de despidos, incorporación de la mujer, planes de igualdad y de acoso laboral y sexual, planes de vigilancia de la salud y evaluación de riesgos laborales; así como puntuar en la licitación las ofertas de formación continua de las y los trabajadores, el compromiso de integrar la plantilla con personal indefinido, la creación de una bolsa de trabajo y medidas de conciliación familiar”, entre otras que han enumerado.

Los empresarios recurren ante el Tribunal de Contratos el pliego del concurso para Parques y Jardines

La gestión del servicio municipal de Parques y Jardines auspiciada por ZeC ha vuelto a sufrir un nuevo revés con el anuncio por parte de la patronal española del ramo de la presentación de un recurso judicial contra el pliego de condiciones elaborado por la Concejalía de Servicios Públicos y Personal para sacar a concurso la actividad en la zona de la margen derecha del Ebro, que ahora presta la empresa FCC (en la margen izquierda lo cubre Umbrela). El recurso se opone a buena parte de las condiciones laborales y sociales que el equipo de gobierno de ZeC pretende requerir a la empresa que vaya a cubrir el servicio, además de a una larga serie de condiciones técnicas y económicas de la futura contrata.

El concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero (ZeC), vuelve a enfrentarse a un severo obstáculo frente sus pretensiones de modificar las condiciones en la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de zonas verdes, tras descartar el interventor del Ayuntamiento la municipalización de dicha actividad impulsada por el citado concejal.

Cubero ha explicado que el pasado viernes 12 de enero el Ayuntamiento recibió un preaviso por parte de Asociación Española de Empresas de Parques y Jardines (Aseja), a la que pertenece FCC, de que iba a presentar un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) contra el pliego de condiciones de la futura contrata (la actual venció en 31 de diciembre) elaborado por el Ayuntamiento zaragozano. El plazo para presentar el referido recurso concluye este martes 16 de enero, pero Cubero da por hecho que los empresarios trasladarán su acción al tribunal.

El concejal ha explicado que el recurso afecta a 22 cláusulas del pliego de condiciones para la futura contrata de mantenimiento y limpieza de zonas verdes de la ciudad, 18 de las cuales son de carácter administrativo y cuatro de carácter técnico.

Entre las condiciones recurridas figura el precio de la contrata o la no división de la misma por bloques.

Contra los requisitos laborales y sociales

Entre éstas últimas el concejal ha destacado que la patronal de parques y jardines se mostraba contraria a la obligación establecida en el pliego de que la empresa concesionaria asuma y ponga en práctica un plan de conciliación familiar entre la plantilla de la empresa. “Estas empresas se gastan millones en marketing diciendo que defienden la conciliación, pero a la hora de la verdad la recurren”, ha apostillado Cubero.

También consideran los empresarios que es inasumible el compromiso de crear una bolsa de empleo para cubrir los puestos de la plantilla, un requisito que a juicio del concejal pretende “garantizar la objetividad en la contratación, evitando favoritismos a familiares y amigos”.

El recurso se opone igualmente a la obligación empresarial de tener que contratar de forma indefinida a la práctica totalidad de la plantilla. “Ya lo es en la actualidad”, ha precisado Cubero, “entonces, ¿qué pretenden? ¿que la plantilla se transforme en eventual?”

La condición de no minorar las actuales condiciones de la plantilla de Parques y Jardines también ha sido recurrida por la asociación empresarial, así como las sanciones contempladas en el pliego. “Les parece desproporcionado establecer una sanción máxima de 300.000 euros en una contrata de 43 millones, cuando lo que son escandalosos son los baremos actuales, que contienen una sanción máxima de 3.000 euros”, ha dicho en tono indignado Cubero, a lo que ha añadido que “parece que quieren seguir incumpliendo los pliegos”.

Contra la contratación pública responsable

Cubero considera que la reacción de la patronal es “contra la contratación pública responsable, contra las mejoras laborales y sociales de los trabajadores y contra los compromisos ambientales”, y ha subrayado el hecho de que entre las empresas recurrentes se encuentre Ferrovial, recientemente condenada por soborno en el ‘caso Palau’ que implicaba en Cataluña también a políticos de la extinta CiU. “Empresas condenadas por corrupción ahora van en contra de las mejoras laborales y medioambientales”, ha sentenciado el concejal.

El representante de ZeC ha indicado que reacciones como ésta “explican por qué defendemos la municipalización de los servicios públicos que bloquean PP, PSOE y C’s, defendiendo a estas empresas que corrompen a políticos”.

Ante esta situación, Cubero considera que “si no podemos municipalizar ni tampoco aplicar una contratación responsable, entregamos las llaves del Ayuntamiento y que gobiernen ellos”.

Mantener los requisitos

Pese a ese signo de impotencia, Cubero se ha mostrado resuelto a mantener las condiciones requeridas por el gobierno municipal en el pliego de condiciones, “porque están totalmente avaladas por responsables técnicos y jurídicos del Ayuntamiento”. Su defensa se desarrollará ante el TACPA y “también en la calle, junto con la plantilla de FCC”, ha asegurado el edil.

Tras la presentación este martes del recurso empresarial, se abre un plazo de 15 días para que el Ayuntamiento presente sus alegaciones y a continuación el tribunal podría imponer una suspensión cautelar del concurso hasta que tome una decisión definitiva al respecto.

Cubero ha indicado que en ciudades como Madrid también se recurrió ante el tribunal de contratos y ante la jurisdicción administrativa un pliego de condiciones con cláusulas sociales similar al ahora impulsado en Zaragoza y los jueces rechazaron los recursos, según Cubero, quien espera una sentencia aquí en los mismos términos.

El concejal ha insistido en que el servicio, que en la actualidad se presta mediante la fórmula de reconocimiento de obligaciones (FCC pasa facturas al Ayuntamiento por el coste del servicio ya que ha concluido la contrata y ésta no se ha prorrogado), se está prestando con normalidad desde el 1 de enero y que el recurso empresarial al futuro concurso no va a afectar a las labores cotidianas en los parques y jardines de la ciudad.

La empresa no informa

En relación con esto mismo, Cubero ha informado de que, “pese a que se lo hemos pedido hace un mes”, la empresa FCC no ha remitido todavía al Ayuntamiento el cálculo de los costes de los trabajos, “siendo que los realiza desde hace cuatro años y no creo que tenga muchas dificultades para cuantificarlos”.

El concejal ha sentenciado con sorna que FCC “no ha tenido tiempo de calcular la certificación porque estaba preparando el recurso contra el pliego”, una acción que ha cogido por sorpresa al Ayuntamiento puesto que la empresa “en ningún momento nos advirtió de que iba a acudir a los tribunales contra las condiciones de la futura contrata, que les habíamos comunicado hace tiempo de forma verbal”.

Cubero, que a lo largo de la legislatura ha impuesto decenas de sanciones a FCC por incumplimientos en la contrata de Parques y Jardines, no duda de que esta empresa tiene intención de presentarse de nuevo al concurso “y por eso intenta flexibilizar las condiciones a través del recurso de la patronal a la que pertenece”, una iniciativa que a su entender ha sido promovida por la propia FCC.

El Ayuntamiento recurrirá la liquidación de la deuda del tranvía aprobada por Gobierno de Aragón

El Ayuntamiento de Zaragoza recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón la liquidación de la deuda del tranvía aprobada a finales de noviembre de forma unilateral por el Gobierno de Aragón. Así lo ha dado a conocer el coordinador del área de Economía, Fernando Rivarés (ZeC), en la comisión del ramo celebrada este martes 19 de diciembre.

El Ejecutivo aragonés ha cifrado en 8,7 millones de euros su deuda con el Consistorio por la construcción y puesta en marcha de la Línea 1. Sin embargo, el Ayuntamiento no reconoce esa liquidación y mantiene su decisión de reclamar el pago de 39 millones de euros porque, entre otras cuestiones, no ha tenido en cuenta el coste de los convoyes.

El Gobierno de Aragón (PSOE-CHA) modificó su liquidación el pasado mes de noviembre y aceptó incluir el coste de los trabajos de electrificación de la línea 1 como exigía el Ayuntamiento. Reconoció entonces que esa instalación era esencial para el funcionamiento del tranvía. Pero no aceptó incluir el material móvil (los convoyes), como reclama el Consistorio, y además rebajó el porcentaje del IVA a cofinanciar.

Rivarés ha insistido en que el equipo de gobierno municipal no está de acuerdo “ni en el procedimiento seguido por la DGA para determinar su implicación en la financiación del tranvía, ni en la liquidación que plantea”.

El Ayuntamiento de Zaragoza considera que el Gobierno de Aragón está incumpliendo los compromisos firmados en el convenio del tranvía y por eso recurrirá la liquidación ante el TSJA.

Escrito a la DGA

De forma paralela, enviará un escrito al Ejecutivo de Lambán instándole a cumplir con las obligaciones establecidas en ese convenio firmado para financiar el proyecto constructivo de la Línea 1.

Entretanto, la Comisión especial de Deudas entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón votará sus conclusiones el próximo 5 de febrero.

Los grupos municipales disponen hasta el 19 de enero para elaborar su propuesta de conclusiones. A partir de ahí se abrirá un plazo de dos semanas para su análisis antes de someterlas a votación el 5 de febrero.

La comisión se constituyó para esclarecer las deudas entre las dos administraciones, con especial atención a la de la Línea 1 del tranvía.

Salen del Museo de Lleida las obras para viajar a Sijena y el Tribunal de Cataluña rechaza los recursos

El camión de mudanzas apostado junto al mueso para recoger las obras de Sijena

Las 44 obras de arte procedentes del Monasterio de Villanueva de Sijena y depositadas en el Museo de Lérida han empezado a salir del museo a las 12.15 horas para ubicarse en los vehículos que las llevarán de camino a la localidad oscense por mandato judicial, según ha constatado Europa Press. Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha rechazado los recursos interpuestos contra el traslado de las obras por parte del muse leridano y el ayuntamiento de la ciudad.

Sobre las 11.30 horas, las obras ya se encontraban embaladas y preparadas para ser transportadas al Monasterio de Villanueva de Sijena en una camioneta y un camión de la empresa Feltrero, especializada en el traslado de obras de arte.

Técnicos del Gobierno de Aragón han entrado a las 4.00 horas de este lunes en el Museu de Lleida para iniciar la operación de embalaje de los 44 bienes en el marco de un dispositivo policial de la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra.

Un furgón de la policía autonómica impide gran parte de la visibilidad del camino que deben cruzar las obras de arte desde su salida del museo a la camioneta y el camión que las llevará y custodiará de camino a la localidad oscense, adonde han empezado a llegar vecinos y cargos públicos para recibir las piezas en litigio.

Las personas concentradas portan pancartas de protesta

Tensión

El Juzgado número 1 de Primera Instancia e Instrucción de Huesca dictó una providencia el pasado jueves autorizando a la Guardia Civil a usar la fuerza para entrar en el Museu de Lleida a partir de las 00.00 horas de este lunes y recoger las obras.

El director del Museu de Lleida, Josep Giralt, manifestó posteriormente la voluntad del equipamiento de no oponerse al mandato, pese a estar en contra del traslado, recurrido judicialmente por la Generalitat y el Ayuntamiento de Lleida.

 

Las primeras obras de arte han empezado a salir en medio de un ambiente tenso entre los centenares de personas concentradas fuera del Museo de Lleida.

Los congregados frente al edificio, que está protegido por un fuerte dispositivo de los Mossos d’Esquadra, han gritado diversas consignas contra el traslado de las obras, como “manos arriba, esto es un atraco”, “ladrones” o “España nos roba”.

Repisas vacías en el Museo de Lleida tras la recogida de los bienes

Rechazados los recursos

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado no adoptar las medidas cautelares solicitadas en los recursos presentados contra el traslado de los 44 bienes del Museu de Lleida al Real Monasterio de Villanueva de Sijena (Huesca).

En un auto, la Sala Contenciosa-Administrativa del tribunal ha considerado que “no ha lugar a la adopción de medidas cautelares” solicitadas por la representación procesal del Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal y de la Diputación de Lleida.

Para la sala, la situación de especial urgencia “no deriva de la actividad impugnada, sino de la providencia dictada en los autos de ejecución provisional”.

Asimismo, considera que no es procedente adoptar las medidas solicitadas porque la situación deriva de una ejecución provisional acordada por los órganos del orden civil “sin que en la misma incida la actividad administrativa que es objeto de impugnación en este proceso”.

Obras de arte de gran valor

Sepulcros del siglo XV únicos en el mundo, esculturas de alabastro de Gabriel Joly o tablas policromadas con más de tres siglos de antigüedad son parte de la historia de Aragón que guardaba el Monasterio de Sijena y fueron vendidos a Cataluña y que, ahora, vuelven a su lugar de origen.

El conflicto se remonta a los años 80 y 90 del siglo pasado, cuando las hermanas sanjuanistas de la Orden de Malta, propietarias del cenobio, vendieron 97 obras de arte religioso del Monasterio de Sijena a la Generalitat de Cataluña.

La Generalitat entregó en julio de 2016 una parte de esos objetos y hoy ha comenzado la devolución de las 44 piezas del patrimonio del Monasterio de Sijena (Huesca) depositadas en el Museo de Lleida a Aragón, en cumplimiento de la providencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca.

Varios de los sarcófagos que retornan al monasterio oscense

Se trata de 44 piezas entre las que figuran las cajas sepulcrales de tres prioras del cenobio del siglo XV, únicas en el mundo, además de seis altorrelieves de alabastro obra del escultor francés Gabriel Joly y datados en 1529-1530, y otras siete figuras de alabastro atribuidas al mismo artista.

Hay asimismo cuatro tablas policromadas del siglo XVIII de Santa Rosa de Lima, Santa Ubaldesca, Santa Teresa y Santa Clara, varias pinturas sobre tela de una serie del siglo XVIII sobre la historia del Rey David y catorce pinturas sobre tela de entre los siglos XVI y XVIII.

Las obras más relevantes se encuentran en el Museo Diocesano de Lleida, que expone las tres cajas sepulcrales y cuatro relieves de alabastro, mientras que la mayoría de los objetos estaban en los almacenes de esta institución.