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Aprobadas subvenciones en derechos sociales y para jóvenes por valor de dos millones

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado en su reunión de este viernes la convocatoria de 2019 de las subvenciones municipales en materia de acción social, de las ayudas para la emancipación joven y para iniciativas juveniles; tres líneas de subvención dotadas con más de dos millones de euros en total.

La aprobación de las convocatorias se produce después de que el pasado martes el Pleno modificara el presupuesto prorrogado para habilitar las partidas económicas necesarias. Cumplidos estos dos pasos, las tres líneas de ayudas se publicarán en los próximos días.

La convocatoria del resto de subvenciones municipales se aprobarán en el siguiente consejo de Gobierno previsto para la próxima semana.

Las subvenciones en materia de acción social aprobadas son uno de los instrumentos municipales más importantes de apoyo y colaboración con el Tercer Sector Social de la ciudad y están dotadas con 1.477.000 euros. A través de ellas se busca complementar la actuación del Área de Derechos Sociales.

Ayudas para jóvenes

Así mismo, se ha aprobado la convocatoria de las subvenciones para iniciativas juveniles. Con un presupuesto de 225.000 euros, que pretenden promover la realización de actividades, favorecer el asociacionismo, fomentar la participación e impulsar las relaciones de igualdad entre jóvenes.

El Gobierno también ha dado el visto bueno a las ayudas a la emancipación para facilitar el acceso a una vivienda de alquiler de los y las jóvenes de 18 a 30 años. Para ello se destinarán 350.000 euros (en la imagen superior, dos chicas zaragozanas consultan en la Universidad un tablón de alquiler de pisos).

Todas estas subvenciones incluyen cláusulas sociales de género, tal y como establece la actualización del Plan Estratégico de Subvenciones, que se ha modificado para obligar a las entidades que reciban ayudas municipales a comprometerse con la igualdad de género.

Las ayudas a la rehabilitación de viviendas privadas llegarán a más de 600 familias en 2019

El consejo de administración de la sociedad municipal Zaragoza Vivienda ha aprobado este miércoles las bases para la convocatoria de ayudas a la rehabilitación de viviendas privadas, que cuentan este año con 3,8 millones de euros -un millón de euros más- y llegarán a unas 600 familias.

Entre las novedades de esta convocatoria, que es la de 2018 con cargo al presupuesto de ese mismo año, se incluyen una línea para propietarios que cedan su vivienda al programa de alquiler social “Alegra tu vivienda” (300.000 euros) y otra para la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos (200.000 euros), ha explicado en rueda de prensa el concejal de Vivienda, Pablo Híjar.

La principal línea, dirigida principalmente a comunidades de vecinos, está dotada con 2,2 millones de euros e incluye obras de eficiencia energética, accesibilidad o conservación en edificios terminados antes de 1980.

A ella se suma una segunda línea, dotada con 200.000 euros, con ayudas complementarias para aquellas unidades familiares con rentas iguales o inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Subvenciones

En tercer lugar, se ofrecen subvenciones hasta los 600.000 euros para realizar obras en el edificio a comunidades de propietarios o propietarios de unifamiliares con rentas limitadas o que cedan viviendas a la bolsa municipal de alquiler.

Asimismo, una última línea, con una dotación económica de 300.000 euros, oferta ayudas para obras en el interior de la vivienda a unidades de convivencia con rentas iguales o inferiores al IPREM.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará una vez que las bases aparezcan publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ), aproximadamente dentro de dos semanas, en la Unidad de Información y Atención al Ciudadano de Zaragoza Vivienda, en la calle San Pablo número 48.

En primer lugar, los solicitantes deberán encargar un “chequeo” a un profesional que determine las necesidades del edificio, como paso previo a un proyecto con memoria valorada.

A partir de ahí, ya se pueden solicitar las ayudas, acompañadas de toda la documentación técnicas y los gastos y, tras la baremación, el plazo de resolución es de seis meses, aunque se prevé que las notificaciones lleguen antes, en torno a septiembre u octubre.

Obras

Todas las obras deberán comenzar después de la convocatoria de ayudas y, mientras las relativas a inmuebles destinados al programa “Alegra tu vivienda” pueden suponer que la rehabilitación sea “a coste cero”, en el caso de la primera línea se prevé que financien entre un 40 y un 50 por ciento del coste y en la segunda, dirigida a unidades de convivencia más vulnerables, hasta un 70 por ciento, ha calculado Híjar.

En este mismo consejo de administración han caído también las cuentas de Zaragoza Vivienda del ejercicio anterior, con el voto negativo del PP y la abstención de PSOE y Ciudadanos, como ha ocurrido en el resto de sociedades municipales a excepción de Zaragoza Deporte, donde sí fueron aprobadas.

El concejal ha aprovechado también para expresar su “apoyo total” a los vecinos de Las Fuentes en su exigencia a la empresa Dragados para que no retrase más la obra de las 80 viviendas tuteladas de este barrio.

En este sentido, ha llamado a la tranquilidad y ha asegurado que “acabar se acabará”, aunque sea con retraso

Más de 700 familias han obtenido ayudas para la rehabilitación

Un total de 764 unidades de convivencia y 61 edificios han obtenido ayudas para la rehabilitación por parte del Ayuntamiento de Zaragoza en los últimos cuatro años, en una iniciativa con un presupuesto total de 5,9 millones.

Durante el mandato de Zaragoza en Común estas subvenciones han generado una inversión en la ciudad de 13,6 millones de euros, así como la creación de 255 empleos directos, ha informado el consistorio a través de una nota de prensa.

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, y el concejal de Vivienda, Pablo Híjar, han visitado este martes las obras que se están llevando a cabo en Balsas de Ebro Viejo a través de estas ayudas municipales dirigidas a mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad (imagen superior).

En concreto, han conocido los trabajos de aislamiento de fachadas e instalación de ascensores realizados en la comunidad situada en la calle Peña Oroel, compuesta por 10 viviendas, donde habitan en su mayoría personas mayores.

Se trata de la primera comunidad del Conjunto Urbano de Interés de Balsas de Ebro Viejo que decidió acometer estas reformas para acabar con las humedades y disminuir su factura de la luz.

Nueva convocatoria

Estos trabajos, con una inversión de 310.202 euros, han sido recientemente premiados en la I Gala de los Premios de la Edificación, por la “singularidad de la obra, así como la relevancia social del edificio y sus detalles singulares”.

Tal y como ha informado el Ayuntamiento de Zaragoza, en las próximas semanas se aprobará una nueva convocatoria con cuarto líneas diferenciadas según tipo de actuaciones y niveles de renta.

Entre ellas, obras destinadas al aislamiento, a acometer obras de accesibilidad mediante la instalación de un ascensor o actuaciones emergencia técnica como riesgo estructural.

La última línea es la única que subvenciona obras en el interior de la vivienda para obras de eficiencia o accesibilidad y está dirigida a personas vulnerables con rentas limitadas, con ayudas de hasta el 80 por ciento.

La DGA asegura que dará respuesta a la familia de siete miembros que se iba a desahuciar esta semana

La directora general de Vivienda y Rehabilitación del Gobierno de Aragón, Mayte Andreu, ha asegurado que se va a dar respuesta a la familia de siete miembros que iba a ser desahuciada este miércoles, 13 de febrero, aunque finalmente no deberán abandonar la vivienda hasta dentro de un mes y medio aproximadamente.

“He hemos buscado una respuesta habitacional y en caso de que se cumplan los requisitos, que nos constan que sí se cumplirán, se adjudicará una vivienda”, ha señalado Andreu en declaraciones a los medios de comunicación.

Este lunes, la plataforma Stop Desahucios ha protagonizado una concentración ante el Edificio Pignatelli de Zaragoza, sede del Gobierno de Aragón, reclamando una solución para varias familias que van a tener que abandonar su vivienda en próximas fechas (foto superior).

En concreto, la directora general se ha referido al caso de esta familia de siete miembros, compuesta por Josefa, su marido y sus cinco hijos menores, de quien ha explicado que el oficio del juzgado ha informado de que no se trata no se trata de unos desahucios por impago, sino de una finalización de contrato.

Según ha detallado, “solo podemos valorar lo que el juez nos informa”, quien dice que “el impago se produce cuando se notifica la rescisión del contrato por finalización del mismo”.

Fuera de Zaragoza

La directora general ha reconocido que en este caso “no se va a poder dar una respuesta habitacional en Zaragoza capital porque el Gobierno de Aragón no tiene una vivienda de más de 70 metros cuadrados que pueda ser adjudicada”.

A su entender, una casa no puede ser ocupada por más personas de las que puede acoger y que siete personas vivan en “en menos de 70 metros cuadrados es infravivienda”, para defender que todas las personas han de vivir “en las mismas condiciones de habitabilidad, calidad y confort”.

Andreu ha apuntado que en esta familia ningún miembro trabaja y es perceptora del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), que podrá seguir recibiendo aunque no resida en Zaragoza, igual que la ayuda de los servicios sociales de base.

Se trata de una situación parecida a la que se encuentra otro matrimonio de la capital aragonesa con cinco hijos a los que ya se les ha comunicado que se les ha asignado una vivienda en Monzón.

Situación vulnerable

La directora general de Vivienda y Rehabilitación ha apuntado que el pasado viernes recibieron diferente documentación para valorar a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales la situación de diferentes unidades familiares que van a tener que abandonar su vivienda.

Es el IASS quien estudia “si están o no en una situación de vulnerabilidad” y si es necesario buscar una respuesta habitacional. Al respecto, Andreu ha subrayado que “estábamos buscando una respuesta adecuada a cada una de las unidades de convivencia” y “no son solamente estos casos los que tenemos en el Gobierno de Aragón”, desde donde “siempre intentamos dar respuesta a quienes cumplen los requisitos de vulnerabilidad”.

Ha detallado que una vez que se confirma que están en esta situación, “se valora si pueden acogerse a alguno de los programas que tenemos en el Gobierno de Aragón”.

Los diez sintecho que accedieron a un hogar en un programa piloto municipal mejoran su vida

La primera evaluación del programa “Housing First” (Primero la vivienda), bajo el cual 10 personas sin hogar accedieron a una vivienda municipal en Zaragoza, indica que todos ellos mantienen su alojamiento y mejoran considerablemente su calidad de vida, especialmente en seguridad y relaciones familiares.

El perfil de acceso era el de mayores de 18 años, con una dilatada trayectoria sin hogar y un problema de salud mental, adicciones o discapacidad.

Con estos requisitos, el Ayuntamiento de Zaragoza seleccionó una treintena de candidatos de los que se hizo una asignación aleatoria de cinco personas que accedieron a sus viviendas en noviembre de 2016 y otras cinco que lo hicieron en junio de 2017.

De ellos, todos continúan en el programa, salvo una persona que falleció por causas naturales y fue sustituida por otra.

De los diez beneficiarios en Zaragoza, ocho son hombres, siete de nacionalidad española, dos tienen algún problema de salud mental, todos sufren alguna adicción y cuentan con una edad media de entre 52 y 53 años.

Grupo de control

Para realizar la evaluación externa del programa, se han comparado los datos de estas diez personas con los del grupo de control formado por el resto de los seleccionados previamente por los servicios sociales municipales.

Así, la directora de Evaluación de RAIS, Vanesa Cenjor, ha señalado que, mientras en el grupo de control la satisfacción global con la vida solo aumentó ligeramente, entre las diez personas que accedieron a una vivienda esta pasó del 3,91 al 5,44.

Del mismo modo, de cinco personas que se consideraban victimizadas en el momento inicial ahora solo lo están dos y ninguna de ellas se siente discriminada.

En cuanto al bienestar, en estas diez personas ha pasado de un 4,36 a un 1,5 (siendo 0 el estado ideal), mientras que en el grupo de control empeoró -de 3,9 a 6-.

Asimismo, mientras ambos grupos manifestaban un índice de calidad de vida prácticamente idéntico en el momento inicial, en solo 12 meses el de los beneficiarios del programa Hábitat pasó de un 47,7 a un 68,1 por ciento.

El aspecto que más mejoró para estas personas es el relativo al alojamiento, pero también se han observado mejoras significativas en seguridad y relaciones familiares.

La vivienda, punto clave

Por tanto, entre las conclusiones de la evaluación Cenjor ha destacado que se demuestra que la vivienda es un punto de anclaje en la recuperación de la confianza y en el inicio de un proceso de cambio, que supone un cambio en la seguridad personal y tiene efectos en una normalización del uso de los servicios sociales o la sanidad, con una menor utilización de las urgencias o las hospitalizaciones.

Por su parte, el director del programa Hábitat, Roberto Bernad, ha indicado que el “sinhogarismo” alcanza a 23.000 personas en toda España, de las que unas 8.000 duermen diariamente en la calle, mientras que en Zaragoza el albergue atiende a unas 2.236 personas y se calcula que 126 viven en las calles.

Ha juzgado que el “sinhogarismo” es un problema estructural, en primer lugar de vivienda, debido a las “inexistentes” o “malas” políticas que hay al respecto en España, con solo un 2 % de vivienda social frente al 15 % de media de Europa o el 30 % en algunos países, los 172 desahucios al día desde 2013 o el aumento de un 25 % del precio del alquiler desde el mismo año.

Además, ha coincidido en que equipamientos como los albergues están diseñados para acoger a las personas de manera transitoria y en que la situación de muchos de ellos se ha cronificado, con un 44 % que lleva más de tres años sin hogar o con un 15 % de las plazas de estos lugares que no están ocupadas mientras sigue habiendo gente en la calle, por lo que ha tachado el sistema de “ineficiente”.

A su juicio, los servicios sociales “infantilizan” a estas personas y “les quitan capacidad de decisión” y por ello defiende un cambio de paradigma mediante estrategias centradas en la autonomía de las personas.

Más de 300 personas alojadas

En total, la Fundación RAIS ha alojado gracias al programa Hábitat a más de 300 personas en 14 municipios del país.

Los beneficiarios se comprometen a aceptar una visita semanal, a convivir de forma adecuada con su vecindario, a aportar el 30 por ciento de sus ingresos si los tienen y a realizar una entrevista de evaluación cada seis meses.

La vicealcaldesa, Luisa Broto, ha situado este programa junto al plan municipal para atender a las personas sin hogar, los “excluidos de los excluidos”, que entronca también con la reforma del albergue, un equipamiento “desfasado” para el siglo XXI, que pasará a llamarse “Centro de inserción y acogida de personas sin hogar” (foto superior de zaragoza.es).

El parque municipal de vivienda de alquiler social aumenta un 40 %

El Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con 2.224 viviendas de alquiler social, 689 más que al comienzo del mandato, lo que ha supuesto un incremento superior al 40 por ciento en el parque municipal, y prevé que, de seguir con las mismas políticas, la próxima corporación podría superar los 3.000 inmuebles.

El concejal de Vivienda del Consistorio zaragozano, Pablo Híjar, ha calificado este crecimiento de “histórico” en la presentación del balance de las políticas municipales de vivienda en el periodo 2015-2019.

Híjar ha asegurado que desde ZeC han puesto en marcha todo aquello que estaba en su programa electoral y que depende del Ayuntamiento pese al “marco hostil” que se encontraron en cuanto a la legislación autonómica y estatal que, considera, “debe ser modificada urgentemente” porque responde a intereses “financieros” y deja a las ciudades en situación de “soledad” a la hora de afrontar las políticas de vivienda.

En este sentido, el concejal ha criticado que el Estado y el Gobierno de Aragón solo dediquen 10 y 13 euros, respectivamente, a estas políticas, frente a los más de 30 que destina el Consistorio, según sus cálculos.

Los dos grandes vectores en los que se ha centrado el trabajo de Zaragoza Vivienda en este mandato han sido la atención a la emergencia habitacional y la ampliación del parque municipal de vivienda, según recoge el balance.

Datos de adjudicación de vivienda social. Fuente: Ayo ZGZ

Continúan los desahucios

El concejal de ZeC se ha mostrado “orgulloso” de la labor del Ayuntamiento y de la sociedad municipal durante estos cuatro años, aunque ha recalcado que en 2017 se practicaron un total de 1.461 desahucios en los juzgados de primera instancia de Zaragoza, de los que 892 fueron de contratos de alquiler, a lo que hay que sumar que los zaragozanos han perdido un 12 % de poder adquisitivo desde 2015.

El documento señala que el Consistorio ha adjudicado 718 viviendas de alquiler social en este mandato (hasta diciembre de 2018), lo que supone una media de 17,6 adjudicaciones por mes, frente a las 6,6 adjudicaciones mensuales del anterior gobierno municipal.

Alrededor del 67 % de estas viviendas proceden de la bolsa general y programas municipales, mientras que el 33 % restante que ha buscado atender las necesidades de emergencia habitacional.

El programa “Alegra tu vivienda”, que busca captar viviendas vacías y que se realiza en colaboración con el Gobierno de Aragón, ha logrado 432 inmuebles desde su puesta en marcha de mayo de 2016.

El doble de dinero para vivienda

Por otro lado, Híjar ha recordado que el Plan de Inversiones en Vivienda (2018-2023), pendiente de aprobación por el Pleno y que contempla una inversión de 72 millones de euros financiada al 50 % por el Banco Europeo de Inversiones, prevé la construcción de 308 nuevas viviendas y la rehabilitación de 842.

Por su parte, la Oficina Municipal de la Vivienda ha atendido 2.351 consultas desde la investidura del actual Gobierno municipal y ha ejercido 845 mediaciones.

En cuanto a la rehabilitación del antiguo cuartel de Pontoneros para obtener 61 alojamientos, el concejal ha explicado que los vecinos de San Pablo presentaron ayer 3.000 firmas para que este proyecto se ejecute, lo que “anima” a la corporación a presentarlo por cuarta vez en el Consejo de Administración de Zaragoza Vivienda para su aprobación.

Híjar no se ha mostrado preocupado por la prórroga de los presupuestos municipales ya que aunque cree que “no es una buena noticia”, tanto el Ayuntamiento como la sociedad municipal “tienen pulmón” para desarrollar las políticas.

Precisamente el proyecto de presupuestos para el 2019 incluye una partida de más de 16 millones de euros para vivienda, más del doble de lo que se dedicó en 2015.

El Estado autoriza rebaja catastral del 7% pedida por el Ayuntamiento para todos los inmuebles

Todos los inmuebles de Zaragoza verán reducido en 2019 su valor catastral en un 7%, lo que supondrá una bajada efectiva en los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y también de otros tributos como el impuesto sobre la plusvalía o las declaraciones por vivienda en el IRPF. El Ministerio de Hacienda ha confirmado, mediante Decreto Ley publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado sábado 29 de diciembre, que acepta la solicitud del Ayuntamiento de Zaragoza de actualizar el valor catastral con una reducción general del 7%.

El Ayuntamiento de Zaragoza trasladó al Ministerio esta solicitud en enero de 2018, al cumplirse el plazo establecido de cinco años desde la última actualización, la de 2013, que supuso una subida fuerte de los valores catastrales -y, por tanto, del IBI y la plusvalía- en numerosos barrios de la capital aragonesa.

Ordenanzas fiscales

De esta forma, se hará efectiva la reducción del IBI que el Gobierno de Zaragoza programó a través de las Ordenanzas Fiscales de 2019, aprobadas el pasado mes de octubre.

Cabe recordar que las Ordenanzas incluían la bajada del tipo impositivo general al 0,42, lo cual, unido a esta revisión catastral aprobada por el Ministerio, supondrá una reducción del IBI de entre un 3% y un 12% para la práctica totalidad de las viviendas, locales, pequeños comercios, talleres e industrias de Zaragoza.

El consejero de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha expresado su satisfacción por la confirmación ministerial, que “es una magnífica noticia que nos vuelve a situar en una de las ciudades con el IBI más bajo y que nos permite bajar a todas las casas y todos los comercios de proximidad el IBI entre un 4 y un 12%, y eso es muy importante”, ha señalado Rivarés.

Rebajado un 35% en los  últimos años

El Ayuntamiento de Zaragoza asegura en una nota de prensa que de esta forma se confirma en 2019 la continuidad de su política de reducción progresiva del IBI impulsada en los tres últimos años. Desde 2016, Zaragoza ha bajado este impuesto desde el 0,64 al 0,42 (que es lo que puede hacer un Ayuntamiento en una ley estatal como la actual) para el conjunto de viviendas e inmuebles que suponen el 99,8% de las existentes en la ciudad, incluidos comercios, oficinas, o negocios situados en los bajos o en los pisos. Esto supone una rebaja de tipo del 35% en esta legislatura.

Las nuevas ordenanzas fiscales de 2019 situarán a Zaragoza como la ciudad con el tipo más bajo en aplicación del IBI de todas las capitales de provincia españolas. De los 28.172 inmuebles destinados al comercio, a 27.805 (el 98,6%) se le bajará el recibo en torno al 9% de media y casi un 10% a los talleres o locales destinados a la industria.

Los pisos ecoeficientes y de alquiler social de Plan de Vivienda costarán entre 105.000 y 115.000 euros

Los técnicos municipales calculan que las nuevas viviendas ecoeficientes y destinadas al alquiler social previstas en el Plan de Vivienda 2018-2023, que prevé 72 millones de inversión, costarán al Ayuntamiento de Zaragoza entre 105.000 y 115.000 euros (con trastero y garaje), muy lejos de los 200.000 euros augurados por el PSOE, que se ha mostrado en contra de esta iniciativa por considerarla excesivamente gravosa para las arcas municipales. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) concede un crédito de unos 40 millones para financiar el Plan y ofrece dos opciones de crédito a 25 años. En caso de optar por un tipo fijo, éste sería del 2,255%. Si se elige el variable, sería de Euríbor a seis meses más el 0,96%.

Los datos han sido facilitados este lunes 10 de diciembre por el concejal de Vivienda, Pablo Híjar, quien ha vuelto a defender la “oportunidad histórica” que supone el desarrollo de este Plan, respaldado por más de 30 entidades ciudadanas zaragozanas, y que beneficiaría directamente a 1.150 familias zaragozanas arrendatarias de las 308 nueves viviendas previstas y de las 842 viviendas del parque municipal que se prevén rehabilitar con una inversión de 30.000 euros por piso.

Pero para salir adelante debe contar con la aprobación del Pleno municipal al crédito del BEI, algo que prevé confirmar el gobierno municipal de ZeC en la sesión plenaria del próximo mes de enero de 2019, retrasando dicha aprobación un mes respecto a los plazos inicialmente previstos.

Negociaciones

El concejal de Vivienda ha insistido en que “es muy difícil exponer argumentos en contra del ambicioso proyecto”. Sin embargo, el pasado viernes el grupo socialista municipal se opuso y ahora ZeC pretende recabar los suficientes apoyos municipales mediante el inicio de negociaciones protagonizadas por el propio alcalde con los diferentes portavoces municipales a partir de la próxima semana.

Por otro lado, las gestiones del gobierno municipal prevén que el Plan de Vivienda y el crédito del BEI que le acompaña sean debatidos en la comisión de Economía de este mes de diciembre, “para que los ciudadanos vayan conociendo la postura de los grupos”, ha matizado Híjar, aunque los pronunciamientos sobre el mismo se aplazan a la comisión y al Pleno de enero.

Híjar ha rechazado, como aseguraron los socialistas, que el Plan vaya a suponer una hipoteca para las inversiones de vivienda municipales, porque “Zaragoza Vivienda cuenta con una solidez financiera envidiable y el Ayuntamiento también dispone de capacidad suficiente”.

Respecto al coste de los pisos nuevos y de las rehabilitaciones, el concejal ha subrayado “el interés social de la actuación”, además de remarcar que el coste de las obras puede ser algo más elevado que el de una vivienda convencional “pero hay que tener en cuenta que se ahorra un 80% de coste energético en el funcionamiento posterior de estas viviendas ecoeficientes”, algo que reclama la legislación europea y aragonesa, “por lo que resulta impropio oponerse al Plan”.

Vías de financiación

A esto ha añadido que, además de con el crédito del BEI, el Plan de Vivienda contará con subvención europea a fondo perdido para redacción del proyecto (más de cinco millones) por parte del programa ‘Elena’ de acciones contra el cambio climático, así como con una importante partida proveniente del Plan Estatal de Vivienda, lograda a través del Gobierno de Aragón, con quien ya existe un principio de compromiso.

Respecto a las condiciones del crédito del BEI, Híjar precisado que se trataría de un préstamo personal a la sociedad Zaragoza Vivienda, que no exigiría ni garantía hipotecaria ni avales de terceros, “lo que significa que no se pone en peligro el patrimonio de la sociedad ni de las arcas municipales”.

El concejal de ZeC ha insistido en que su pretensión es lograr el consenso con todos los grupos municipales y ha aleccionado al PSOE a rectificar su postura dirigiéndose a la candidata socialista a la alcaldía en las elecciones de 2019, la actual consejera de la DGA Pilar Alegría, a quien ha dicho que “si su carta de presentación es oponerse a este Plan como muestra de políticas progresistas y de coincidencia con la izquierda, los socialistas deben reflexionar al respecto”.

La renta media de alquiler supera ya a la cuota de préstamo hipotecario

La media del alquiler en Aragón (entre 502,5 euros y 465 euros mensuales en 2016) supera ya a la cuota media del préstamo hipotecario (462,42 euros), según un informe de la Asociación de Usuarios, Bancos, Cajas y Seguros Aicar-Adicae.

Las principales conclusiones del documento han sido presentadas este martes 23 de octubre en Zaragoza por el vicepresidente de la asociación en Aragón, Antonio Berrueta; la coordinadora Icíar Gardeta; la directora general de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón, Rosa María Cihuelo; y la profesora de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza, María Martínez.

Y una de las principales reflexiones del estudio es que pagar un alquiler está llegando a equipararse a aportar una cuota hipotecaria en Aragón, después de que la renta del alquiler haya subido un 7,5 % entre 2014 y 2016.

“El acceso a la vivienda habitual es un derecho amparado constitucionalmente que, lejos de ello, se está convirtiendo en un negocio cuyos máximos perjudicados son los consumidores o los inquilinos”, ha manifestado la coordinadora de Aicar-Adicae.

Grandes inversores, banca y legislación

De hecho, según la asociación, el aumento de rentas de alquiler entre el 2012 y el 2016 ha sido del 5-7 % de variación media, frente a un situación de crecimiento negativo del IPC (Índice de Precios al Consumo).

Entre las razones de este aumento en las rentas de alquiler, la coordinadora ha citado el efecto de los grandes inversores, la legislación favorable hacia la banca, la reforma de la ley para las “Socimis” y la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013.

Tal y como ha manifestado la directora general de Protección de Consumidores y Usuarios, el comprar una vivienda significa en la mayoría de los casos el “mayor acto de consumo” en la vida, por lo que es necesario que “estemos informados y conozcamos nuestros derechos”.

Asimismo, ha abogado por que se trabaje para que sea posible acceder al alquiler, ya que responde a una “parte vital” de los ciudadanos a la hora de independizarse.

Más pisos en alquiler

Y volviendo a los datos de Aragón, no solo ha aumentado el precio del alquiler, sino que también las viviendas que se arriendan, en concreto, desde el 2013 la vivienda en alquiler ha crecido de 80.700 inmuebles a los 96.600 de 2017.

Un incremento a pesar de que Aragón se encuentra entre las tres comunidades con mayor porcentaje de hogares donde se reside en régimen de propiedad, solo por detrás de La Rioja y País Vasco. En porcentajes, un 83,3 % de hogares responden a este régimen en el territorio.

La Ley de Vivienda de Aragón prevé expropiaciones para garantizar el derecho a disponer de un piso

Las sanciones y la expropiación a grandes propietarios, como último recurso, es uno de los aspectos que contempla la nueva Ley de Vivienda de Aragón como método para incentivar la puesta en el mercado de pisos desocupados.

Así lo ha anunciado el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno en el que se ha dado el visto bueno a esta ley que inicia ahora el periodo de tramitación parlamentaria para su aprobación antes de que acabe la legislatura.

Esta nueva ley, compuesta por 186 artículos, entiende que la vivienda es un derecho, “no un bien con el que hacer negocio”, ha apuntado Soro, quien ha informado asimismo de que es una norma que nace “con vocación de perdurar”.

El consejero ha explicado que toda persona física tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna “que sea adecuada a su situación familiar, económica y social y su capacidad funcional”.

De este modo se reconoce la vivienda como derecho subjetivo y por lo tanto, exigible judicialmente su cumplimiento ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Alternativas

Los poderes públicos de Aragón deben proveer de una alternativa habitacional a toda persona o unidad de convivencia de buena fe en situación de vulnerabilidad y afectada por un procedimiento de ejecución hipotecaria o de desahucio por falta de pago de la renta.

En este sentido, Soro ha informado de que tras el proceso de participación, que se prolongó durante dos meses en los que se presentaron 253 aportaciones, se incorporó la posibilidad de dotar no sólo de respuesta habitacional “sino también de prestación económica”.

Esta ley también reconoce la función social de la vivienda, “que consiste en su utilización con fines residenciales y su efectiva ocupación”, ha señalado el consejero.

Para conseguirlo, ha destacado, “se incentiva la puesta en el mercado de las viviendas desocupadas y se corrigen las situaciones de incumplimiento de la función social mediante procedimientos expropiatorios”.

Un sistema que, ha recordado, está avalado por el Tribunal Constitucional al pronunciarse sobre las leyes de Navarra y País Vasco.

No obstante, ha advertido de que la expropiación solo afecta a grandes propietarios con más de quince viviendas y personas jurídicas.

Infracción grave

Para el consejero, se trata de una “cuestión de decencia” y por eso retener las viviendas desocupadas está tipificado en la ley como una infracción grave que puede dar lugar a multas y, en último recurso, a la expropiación.

Soro ha asegurado que desde el inicio de la legislatura ha habido conversaciones con las entidades bancarias para esta cuestión, si bien, ha reconocido que “no ha sido fácil por falta de voluntad” de los bancos pese a la existencia de convenios para ello.

El consejero ha destacado otros aspectos como el alquiler como instrumento fundamental para dar respuesta al derecho a una vivienda y la rehabilitación; la regulación de forma exhaustiva de los derechos del usuario de vivienda, especialmente el derecho a la información tanto en la transmisión de viviendas como en los préstamos hipotecarios y otras formas de financiación y la obligatoriedad de la mediación cuando se produce un conflicto.

Viviendas sociales

Además se crea el Fondo de Vivienda Social de Aragón, con el que se gestionarán todas las viviendas sociales que gestionen todas las administraciones públicas, sea cual sea su procedencia, y el Gobierno de Aragón recupera el control público de todas las adjudicaciones de vivienda nueva, y las transmisiones de las ya existentes, a través del Registro de Vivienda Protegida de Aragón, así como el sistema de sorteo.

Como novedad, ha apuntado que la protección de la vivienda alcanza toda su vida útil, por lo que ya no son posibles las descalificaciones para evitar negocio, aunque no tiene efecto retroactivo sobre las ya calificadas en la actualidad.

Por último, se crea el Observatorio de la Vivienda de Aragón, con la finalidad de obtener datos para que los poderes públicos puedan tomar decisiones fundadas en bases científicas.

Soro calcula un impacto de la ley en el capítulo I de dos millones de euros para el personal del observatorio, la inspección o la tramitación de la ley.